Con esta frase como lema, que además de plantear una pregunta lanza también un reto, las organizaciones de la sociedad civil que integran la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD) iniciaron el sábado pasado una campaña de recolección de firmas, a fin de respaldar la presentación de una iniciativa de ley para que haya observación de las elecciones, la cual el Consejo Supremo Electoral (CSE) pretende sustituirla con algo difuso que llama “ acompañamiento”.
No fue por casualidad que el lanzamiento de esta campaña se anunció al conmemorarse el 44 aniversario de la matanza ocurrida en Managua el 22 de enero de 1967, como respuesta de la dictadura somocista a la demanda de la oposición democrática de elecciones libres y limpias, con observación electoral internacional. Es que otra vez los ciudadanos demócratas están luchando porque haya elecciones libres en Nicaragua.
La sociedad civil ha lanzado esta campaña, basada en el inciso 4 del artículo 140 de la Constitución, el cual consagra el derecho de los ciudadanos a presentar iniciativas de ley, con el respaldo de al menos cinco mil firmas, exceptuando únicamente “las leyes orgánicas, tributarias o de carácter internacional y las de amnistía e indultos”. Por otra parte, la Ley Electoral, en su artículo 10, inciso 8, señala que es atribución del Consejo Supremo Electoral “Reglamentar la acreditación y participación correspondiente a los observadores del proceso electoral”. O sea que la Ley prevé la participación de “observadores del proceso electoral”, precisamente para que las elecciones se realicen “en condiciones de plena garantía”, que según la Ley Electoral el Consejo Supremo Electoral tiene la obligación de procurar y asegurar.
Sin embargo, pasando por encima de la Ley y faltando a su deber de garantizar que las elecciones sean libres y transparentes, el Consejo Supremo Electoral ha dispuesto no permitir la presencia de observadores, y pretende sustituirlos con “acompañantes” -figura imprecisa que no existe en la Ley Electoral—, los cuales no tendrían derecho de opinar, objetar, criticar y mucho menos denunciar las anomalías y manipulaciones fraudulentas que puedan ocurrir en algunas de las fases o en todo el proceso electoral. De manera que es de primordial interés nacional que se apruebe una ley que reglamente el inciso 8 del artículo 10 de la Ley Electoral, a fin de precisar la observación como un requisito obligatorio para garantizar la transparencia de las elecciones, o al menos para que las adulteraciones de la voluntad popular sean debidamente denunciadas.
Una iniciativa de ley como ésta debería ser presentada por los partidos políticos. O por el mismo Consejo Supremo Electoral, si estuviera integrado por personas independientes y responsables, cuidadosas de su dignidad y su prestigio e interesadas en que las elecciones sean libres, transparentes y confiables, para que sus resultados sean incuestionables. Pero ése no es el caso del actual Consejo Supremo Electoral.
Además, ante la inercia de los partidos políticos, ya sea por falta de imaginación, por debilidad, por tráfico de votos legislativos o claudicación ante el orteguismo, la sociedad civil ha tenido que asumir ésta y otras iniciativas políticas. Y habrá que ver cuántos diputados que se dicen opositores y demócratas, acogerán esta iniciativa de los ciudadanos y votarán por ella para convertirla en ley. Tratándose de una ley ordinaria solo se necesitan 47 votos para aprobarla, pero ya en otras ocasiones, como por ejemplo el proyecto de ley para derogar el decretazo de Daniel Ortega, la oposición no pudo reunir los 47 votos indispensables.
Al orteguismo, la sociedad civil le plantea el reto de que si está tan seguro, como dice, de que ganará las elecciones de noviembre porque cuenta con el respaldo de los millones de dólares que le da Hugo Chávez; y porque utiliza de manera discrecional, arbitraria y abusiva todos los recursos humanos, materiales e institucionales del Estado, incluyendo el de la coerción, ¿por qué entonces le tiene miedo a la observación electoral independiente, nacional y extranjera?
Pero el reto es también a los ciudadanos, a los que convoca a actuar en defensa de la libertad y la democracia para todos. Porque todo lo malo que el orteguismo ha hecho y pretende seguir haciendo, solo puede lograrlo si los ciudadanos se lo permiten. Y en este sentido, la campaña por una ley que garantice la observación electoral nacional y extranjera es un capítulo muy importante de la lucha de todo el pueblo contra el fraude y la reelección, contra el continuismo y la dictadura, por la defensa de la libertad, la justicia, el Estado de Derecho y la democracia.
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