Por Elízabeth Romero y Octavio Enríquez
Para hoy está prevista una visita de la jefatura de la Policía Nacional ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que se reúne en Corte Plena. Extraoficialmente se conoció que el tema principal del encuentro será lo concerniente a lo que se ha denominado como “narcoliberaciones”.
Según fuentes policiales, la jefatura de las fuerzas públicas hará una exposición a las autoridades judiciales de las operaciones que la institución ha efectuado en los últimos años en contra del narcotráfico y crimen organizado en general, incluyendo casos de lavado de dinero.
El escándalo más reciente en que funcionarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han sido señalados de permitir las liberaciones de narcos ocurrió a finales del año pasado, con los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Granada: Alejandro Estrada, Ligia Rivas y Julia Selva, quienes están actualmente suspendidos.
A estos se les señala de haber ordenado durante las festividades de diciembre la libertad de nueve hombres condenados por narcotráfico y anular el juicio de un supuesto cabecilla narco.
Sin embargo, pese a la orden judicial, los nueve condenados no pudieron quedar libres, debido a que desde la liberación ilegal de tres narcos guatemaltecos en Chinandega, efectuada en diciembre del 2009, el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) implementó estrictas medidas de control.
Luego de la divulgación de un plan de austeridad de ese poder del Estado, Tinoco denunció la contratación irregular de personal.
El problema medular es que los delegados y los supervisores regionales, así como ciertos magistrados de tribunales, se están prestando a estar contratando personal innecesario, sostuvo.
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Los nueve narcos están vinculados a un grupo al que en Cárdenas, Rivas, la Policía ocupó 200 mil dólares y 68 kilos de cocaína. Pero este es sólo un caso. Está también el del mexicano José Salvador López Santos, detenido en 2007 en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino.
López aterrizó en una avioneta con 965 mil dólares. En su momento los investigadores policiales lo intentaron vincular con el cártel de Sinaloa y finalmente lo condenaron por contrabando aduanero. Tras varios intentos por obtener su libertad, el nueve de julio del año pasado el mexicano cumplió su objetivo gracias a la orden de la juez Rosario Gaitán. La magistrada Alba Luz Ramos, presidenta de la CSJ, dijo entonces que fue “correctamente liberado”.
LIBERALES SUMISOS EN CSJ
Los magistrados liberales de la CSJ, por su parte, acuden a la Corte Plena pidiendo la presidencia de la Sala Penal y Constitucional sin evitar quejarse por el despido de familiares y recomendados en ese poder del Estado.
Así lo dijo el magistrado liberal Manuel Martínez Sevilla, quien hace pública esta solicitud 24 horas antes de la reunión, aplazada en dos oportunidades desde el 27 de enero de 2011.
Según los funcionarios judiciales, el principal punto de agenda es la aprobación de un “código de ética” para el Poder Judicial, criticado por ser instrumento de un partido político. Pero se espera otro tipo de negociaciones. Trascendió que la reunión será aprovechada para la repartición de las salas Civil, Constitucional, Penal y Contencioso Administrativo.
La Sala Constitucional emitió una sentencia en 2009, firmada por jueces sandinistas, que intentó validar la nueva candidatura del presidente Daniel Ortega frente a la prohibición expresa de la Carta Magna.
Martínez Sevilla “denunció” que se enfrentan al deseo del partido de Gobierno de alcanzar un “control total” en el máximo tribunal de justicia.
LOS DEJARÁN SIN NADA
“Si están en mayoría y quieren coger todas las salas, que las cojan. No creo que esa deba ser la posición que deben tomar, porque es avasallante. Nosotros siempre hemos tenido la Sala Penal, la Sala Civil y la Sala de lo Contencioso Administrativo. Lo lógico es que si (los sandinistas) tienen la Presidencia, nos den la Constitucional y la Penal. Pero tal vez no van a acceder a tanto. Vamos a negociar”, admitió Martínez este lunes.
La situación de la CSJ es “alarmante” para el ex presidente de este tribunal, que da a entender que los despidos que la opinión pública relaciona con casos de narcoliberaciones en Granada, o el pago de sobornos en Bluefields, son en realidad un asunto partidario de parte de los magistrados sandinistas.
“Aquí hacen todo de noche. Acabo de leer que destituyeron a unos secretarios en Bluefields y también escuché decir que están planeando destituir a los magistrados de Granada con ocho votos de magistrados (se refiere a los sandinistas). Eso no es así. Es una situación anómala. Por esa razón asisto a esto (reunión de Sala Penal)”.
En realidad es una justificación tras otra de Martínez y sus colegas liberales, quienes, después de cuestionar las violaciones constitucionales del FSLN, se integraron nuevamente en octubre pasado a la CSJ. En alguno de los casos, los liberales argumentaron que la calle estaba “dura”.
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