La Comisión de Asuntos Laborales de la Asamblea Nacional decidió por consenso alargar por dos años más la entrada en vigencia de la Ley de buceo, que prohíbe la pesca de langosta y cualquier recurso marino para fines comerciales a través del buceo autónomo (scuba) y de demanda (toma de aire desde la superficie).
La Ley de buceo fue aprobada hace tres años y entraba en vigencia a partir de este 7 de febrero, con el objetivo de garantizar una “reconversión” ocupacional para más de seis mil buzos que laboran en condiciones infrahumanas.
Sin embargo, a las puertas de entrar en vigencia, los Gobiernos regionales solicitaron una prórroga indefinida para la prohibición, debido a que no hay condiciones en el Caribe para atender a las más de 50 mil personas que se benefician de la actividad del buceo. Es decir, no hay alternativas de empleo a este sector de la economía caribeña que aporta al movimiento más de 50 millones de córdobas mensuales en el territorio.
En respuesta, la Comisión parlamentaria acordó la reforma a la Ley de buceo. Además se le tomará “el pulso” a las labores del Instituto de la Pesca (Inpesca).
“Decidimos hacer una prórroga por última vez, que dure dos años, tomando en consideración que el Gobierno central, gobiernos regionales y los empresarios no han hecho un verdadero esfuerzo para reconvertir la actividad del buceo y brindar oportunidades laborales más humanas para los buzos”, dijo el diputado liberal Carlos Noguera, miembro de la Comisión de Asuntos Laborales del parlamento.
Según explicó el legislador, con la nueva reforma a la ley también se obligará al Inpesca para que en los próximos seis meses presente un programa completo de reconversión ocupacional para los buzos.
Como parte del trabajo parlamentario, la Comisión de población, desarrollo y municipios solicitó oficialmente al Director del Inpesca, Stedman Fagoth, detalles sobre las medidas para promover un cambio ocupacional en los buzos que trabajan en las zonas costeras del país.
PRÁCTICA NOCIVA CON MEDIO AMBIENTE
El diputado sandinista Marcelino García, miembro de la Comisión de Asuntos Laborales, recordó que el buceo artesanal realiza capturas indiscriminadas y también afecta a la reproducción de las especies que no están aptas para el comercio.
“Nicaragua puede ser sancionada por organismos de derechos humanos por permitir un trabajo que viola los derechos de los buzos”, dijo García, quien agregó que sólo Honduras y Nicaragua, en el mundo, permiten este tipo de buceo.
La reforma de ley cuenta con el visto bueno de los parlamentarios y podría ser aprobada en plenario en los próximos días.
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