Los representantes de las empresas exportadoras responsabilizan a los ministerios Agropecuario y Forestal (Magfor) y al de Fomento, Industria y Comercio (Mific), de provocar con las medidas de bloqueo a las exportaciones de frijol, desempleo, un desestímulo a la producción nacional, además de daño económico a las comercializadoras que temen ser demandadas por incumplimiento de contratos con sus compradores en el exterior.
Al no poder exportar el grano, las 16 plantas procesadoras de frijol fueron cerradas, dejando en desempleo a 1,500 trabajadores, la mayoría mujeres que se ocupaban de la selección y limpieza del grano que era empacado.
Henry Avilés, presidente de la Comisión Nacional de Frijol de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), elevó la protesta contra los titulares del Magfor y Mific porque mantienen la restricción a la salida de grano nacional, “sin que exista una explicación formal”, ni un documento legal que las justifique.
“Cada planta emplea aproximadamente a 100 personas, un 80 por ciento son mujeres y generalmente son madres solteras”, dijo Avilés. “Entonces si no hay seguridad de poder exportar a pesar que sí existe disponibilidad, para qué se va contratar si no vamos a poder sacar el frijol”, cuestionó.
Oficialmente el titular del Magfor, Ariel Bucardo, no ha aceptado que el país enfrente un desabastecimiento del grano que se ha hecho sentir en los mercados locales, debido a las pérdidas en las cosechas de primera y de apante del ciclo agrícola 2010-2011.
EL DAÑO QUE CAUSA EL MAGFOR
Sin embargo, desde septiembre del año pasado el Magfor adoptó medidas no arancelarias al someter a análisis de laboratorios de las plagas aflatoxina y ocratoxina el grano para no extender a las empresas comercializadoras el permiso para sacarlo del país.
Avilés afirma que “estas enfermedades no existen” en Nicaragua y, por tanto, lo que causan las autoridades es “poner en duda el prestigio” de los productores nacionales como proveedor de frijoles.
Con ello, sostiene, intencionalmente se deja un mal precedente que sin duda causará incertidumbre sobre la calidad e inocuidad de los productos nicaragüenses, y eso nos hará perder los mercados que nos ha costado ganar y la oportunidad de conseguir nuevos.
Para Avilés, los ministros del Magfor y Mific deben expresar públicamente la existencia del problema del desabastecimiento para que puedan adoptarse medidas en conjunto con las empresas privadas, a fin de que se garantice el alimento a la población, pero también opciones para que no se dañe el comercio.
Considera un error que se pretenda saturar el mercado local para que el precio de la libra del grano baje a los 10 córdobas, ya que se cotiza arriba de los 16 córdobas.
Avilés advierte que tendría un “efecto adverso contra el pequeño productor, quien no se sentirá estimulado en sembrar frijol si sabe que el precio que le pagarán será inferior a sus costos de producción”. Se contabilizan 123 mil quintales que no se entregaron a los compradores internacionales, representando una pérdida en la comercialización por 10 millones 445 mil dólares. En 2009 la comercialización de frijol generó 60 millones de dólares.
Enrique Zamora, presidente de la Junta Directiva de APEN, sostiene que además del daño económico a las procesadoras, el Gobierno fomenta la informalidad porque no descarta que al existir demanda en otros países como Honduras y El Salvador, “se busque directamente al productor nacional (para) que le venda” y se saque el grano por contrabando, para obtener el frijol que tiene Nicaragua en este momento al estar saliendo la cosecha de apante.
Los expertos en comercio exterior, Oscar Alemán y Henry Thompson, aseguran que no existe una ley en Nicaragua que prohíba exportar. Aunque señalan que si bien el Gobierno tiene facultades de adoptar medidas para asegurar el alimento a la población, cuando se trate de seguridad alimentaria, debe basarlo ajustado a procedimientos legales.
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