Policía reclamó al Poder Judicial

La jefatura de la Policía Nacional reclamó ayer a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por algunos casos donde se han dado “narcoliberaciones”.

Aminta Granera S. LA PRENSA/ARCHIVO

La jefatura de la Policía Nacional reclamó ayer a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por algunos casos donde se han dado “narcoliberaciones”.

Sin embargo, la directora de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, lo expuso como una preocupación. Pero aceptó: “Venimos aquí, la jefatura policial, a transmitirle a la Corte Plena el sentir de todos los hombres y mujeres policías que a veces sentimos frustración, ponemos en riesgo nuestras vidas y luego, pues, se dan situaciones o irregularidades desde el punto de vista nuestro, de que ponen en riesgo no sólo la vida de los policías y las policías, ponen en riesgo las instituciones y al pueblo de Nicaragua”.

La primera vocal (elegida “presidenta” de la CSJ en reunión de magistrados y ex magistrados orteguistas), Alba Luz Ramos Vanegas, dijo que “la Policía presentó algunos casos donde ha habido vulnerabilidad y que nosotros estamos claros que así ha sido, pero que no es la mayoría de los casos”.

Aunque ninguna de las dos funcionarias enumeró cuáles fueron los casos en los cuales la Policía mostró preocupación por las actuaciones judiciales, ambas confirmaron que uno de los casos abordados fue el intento de liberar a nueve personas vinculadas a grupos narcotraficantes en los tribunales de Granada, en diciembre pasado.

Granera manifestó que también buscarán una reunión con otras instituciones como el Ministerio Público y la Asamblea Nacional.

DEBILIDAD EN EL CÓDIGO PENAL

Por su parte, Ramos explicó que con la nueva Ley de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria esperan sean subsanados algunas puntos débiles del Código Penal en relación con estos delitos, pues a algunos reos se les bajaba la pena, lo que significaba que los jueces podían suspender la condena si ponían la pena mínima. O si les aplicaban una pena baja, podían optar a la libertad, lo que era perfectamente legal.

Granera puso de ejemplo el caso de un reo en Rivas que fue absuelto en primera instancia, y dos meses después la Policía lo arrestó con un cargamento en Chinandega.

En su defensa, Ramos alegó que ninguna de las instituciones estatales “ha sido copada” por el narcotráfico internacional y el crimen organizado.

“Hasta hoy ninguna institución del Estado ha estado considerada como invadida por el narcotráfico, que pueden haber casos y son los casos que estamos investigando, creo que con mucha transparencia”, insistió Ramos.

HABLA EL USURPADOR

El usurpador del cargo de magistrado, Rafael Solís Cerda, principal operador político del presidente Daniel Ortega en la CSJ, dio otra lectura a la visita de la jefatura policial al Poder Judicial.

“Más bien Aminta (Granera) y la Policía reconocieron el trabajo que ha hecho el Poder Judicial. Más bien apoyando la política de Estado de la Policía en este combate contra el narcotráfico. Han habido algunos casos, algunas personas liberadas”, reconoció Solís. Según el funcionario de facto, cuentan 30 personas liberadas desde hace tres años y vinculadas a este tipo de delitos.

La primera comisionada  Aminta Granera (derecha) recordó a los magistrados de la CSJ los casos de reos acusados por narcotráfico dejados en libertad.
LA PRENSA/M. ESQUIVEL

“Yo tuve una intervención en la que dije que aquí en la Corte no hemos liberado a narcotraficantes vinculados a actividades de tráfico. Unas sentencias del año pasado fueron de consumidores, pequeñas cantidades, salieron libres nueve personas. Un total de 30 en los últimos tres años desde 2008”, añadió Solís.

Solís informó de una reunión de todos los jueces penales con el magistrado de facto Armengol Cuadra y el magistrado Marvin Aguilar, en la que se les informaría alrededor del manejo que se le debe dar a casos relacionados con el narcotráfico.

También dijo que una comisión está evaluando el caso reciente de los magistrados de Granada que ordenaron la libertad de narcotraficantes en diciembre pasado. El proceso se abrió a prueba a partir de este martes, una etapa que durará 20 días y en la que se espera que los magistrados suspendidos podrán ofrecer su defensa pública ante la inconformidad con el fallo.

La magistrada orteguista Ligia Molina anunció que terminaron un código de ética después de nueve años de consulta entre más de 1,900 personas, según ella. En ese documento no se plantean sanciones, sino que se integrarán comisiones que evaluarán la conducta de los judiciales para elaborar luego un dictamen que se incluirá en cada expediente.

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