La falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos pareciera ser una política del gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra, quien se niega a que se conozca su declaración de probidad, pese a que es evidente que su patrimonio ha incrementado enormemente desde que asumió en 2007.
Según César Martínez, coordinador de proyectos del organismo cívico Ética y Transparencia (EyT), la administración pública del país es regida por una mezcla de intereses partidarios, económicos y familiares.
“Lo que pasa es que ahora es evidente que actualmente hay una mezcla de intereses del Estado, intereses de familia, intereses partidarios, por lo que al fin y al cabo es una política de administración pública que se rige en base a todos esos intereses que te he mencionados”, sostuvo Martínez.
El sábado pasado indagaciones de LA PRENSA finalmente cerraron el círculo referido a la misteriosa compra de Canal 8 de Televisión por parte de la familia del presidente Daniel Ortega. La operación podría haber alcanzado los 10 millones de dólares.
Un aumento de patrimonio familiar del que no se tiene certeza si fue adquirido con recursos personales o usando los fondos canalizados por medio del acuerdo petrolero de firmado entre Venezuela y Nicaragua en el 2007.
La última vez que se conoció la declaración de probidad del mandatario fue en 2002, cuando la presentó por primera vez ante la Contraloría General de la República.
En esa ocasión el mandatario reconoció un patrimonio de 3 millones 18 mil 513 córdobas (217 mil 943 dólares para ese año, cuando el cambio oficial con respecto al dólar estaba a 14.67 córdobas).
INTERESES BLOQUEAN INFORMACIÓN
“Todos esos intereses coinciden finalmente a la hora de decidir si dar o no información, rendir cuentas, ser transparentes en el uso de los recursos públicos, y así ha sido desde el principio de la administración del presidente Ortega, cuando se decidió que los recursos canalizados por medio de la cooperación venezolana estén fuera del Presupuesto General de la República”, agregó Martínez.
Según la única declaración de probidad conocida del mandatario, de los 3 millones 18 mil 513 córdobas que asegura tener, 817 mil 117 córdobas corresponden a bienes inmuebles, que son las siete propiedades que compró un día antes de entregar el poder a la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro en 1990.
El resto de bienes corresponde a dos certificados a plazo fijo en dólares (que al cambio de la época suman 1.5 millones de córdobas) y una camioneta Mercedes Benz valorada en poco más de 450 mil córdobas.
Investigaciones periodísticas publicadas en 2006 revelaron que aunque Ortega alegara en su declaración de probidad que su patrimonio total era de 217 mil 943 dólares, tan sólo tres de las camionetas Mercedes Benz que habitualmente utiliza tienen un valor en conjunto de 281 mil dólares.
AGUSTÍN JARQUÍN JUSTIFICA A ORTEGA
Para el ex contralor y actualmente diputado aliado del Frente Sandinista, Agustín Jarquín Anaya, lo ideal es que las declaraciones de probidad de los funcionarios públicos fuesen abiertas a la ciudadanía.
Pero para Jarquín Anaya el manejo que dan los medios a este tipo de información, brinda argumentos a los funcionarios para que éstas no sean públicas.
“Las declaraciones de probidad, igual que las hojas de salud de los funcionarios deberían de ser públicas. Pero eso es una decisión muy personal de cada funcionario, porque en eso influye mucho el manejo que se le vaya a dar a esa información”, indicó.
“Un medio de comunicación que no maneja con objetividad una información, va a provocar que el funcionario no atienda la solicitud para que se permita tener acceso a su declaración de probidad, porque hacen señalamientos buscando que los funcionarios caigan en el marco de la polémica política, y eso quieren evitar los funcionarios”, agregó.
La Ley de Probidad de los Funcionarios Públicos faculta a la Contraloría General de la República a abrir la declaración de probidad de algún funcionario público, aunque éste se niegue. Pero el ente fiscalizador no ha brindado acceso a ninguna declaración de probidad que no haya sido autorizada previamente por el funcionario.
ALBANISA CRECE, PERO ¿EL DINERO LLEGA A PETRONIC?
Desde que la estatal Empresa Nicaragüense de Petróleos (Petronic) forma parte del esquema del Alba, su información desapareció para la ciudadanía nicaragüense.
Su sitio web sólo tiene un enlace para escribir correos electrónicos. El patrimonio de Petronic debería haber crecido bajo el marco del acuerdo petrolero firmado con Venezuela, ya que es “propietaria” del 49 por ciento de Albanisa, un conglomerado de empresas que tiene intereses en la importación de petróleo, exportación de alimentos, generación de energía, hoteles, construcción y un largo etcétera. Sin embargo, esa información no está disponible.
LA PRENSA descubrió en 2009 que Petronic manejaba las operaciones de hidrocarburos que tenía la transnacional Glencore, la cual funcionaba bajo la figura comercial de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP). Esta operación habría superado fácilmente los 50 millones de dólares.
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