“A mí me gusta oír diferentes opiniones, no me gusta que me cuenten cuentos. Aquí no es cuestión de política, sino de derecho, de libertad, nosotros tenemos el derecho de escuchar al medio que nos dé la gana y ustedes como periodistas tienen derecho a que les informen de lo que pasa, no tienen por qué ser seleccionados o privilegiados”, expresó la señora Gloria Mendoza Alvarado, al enterarse de la política oficial que el Consejo Supremo Electoral (CSE) va a implementar este año contra los medios críticos de la institución.
El pasado siete de enero el vocero del CSE, Félix Navarrete, prácticamente dejó establecida oficialmente una política de censura para los medios críticos, al señalar que se “reservarán el derecho de admisión” durante el proceso electoral. Dichas declaraciones las dio al periodista Jonhatan Castro, de 100% Noticias.
Sin embargo dicha política no es algo nuevo en la institución, ya que desde que se denunció el fraude electoral en el 2008 y se han publicados investigaciones sobre corrupción del presidente de facto del CSE, Roberto Rivas Reyes, LA PRENSA ha sido uno de los medios, junto a otros como El Nuevo Diario y Canal 2, que han tenido las puertas cerradas de esa institución. Navarrete dijo que se “reservarán el derecho” de permitir el ingreso a las conferencias que ofrezcan a los medios que tengan una agenda destinada a “atacar a las personas y funcionarios” y boicotear la agenda de la institución”.
“Que ellos van a seleccionar los medios, eso no es correcto, cualquier medio puede llegar a pedir información para informar al pueblo, la censura nos afecta a todos los ciudadanos”, agregó la señora Mendoza Alvarado.
La periodista Sheyla Cano, de Canal 2, quien en reiteradas ocasiones ha sido censurada por el CSE, dijo que espera que las declaraciones de Navarrete sean sólo “una intención, no una decisión ya determinada por los magistrados de facto de esa institución. Porque sería una decisión arbitraria que no promueve la transparencia en el proceso y principalmente porque los periodista tenemos la obligación y el deber de comunicar lo que está sucediendo a los ciudadanos, y si el CSE no permite el acceso libre a todos los medios es como decirle a los ciudadanos que no tienen derecho a ser informados acerca de cómo es que camina el proceso”.
Por su parte, Thelma Torrentes, otra ciudadana que no está de acuerdo con la medida implementada por el CSE, señaló que “debería haber cobertura amplia para que el pueblo se dé cuenta de lo que está pasando, todos estamos involucrados en ese proceso. Me parece que no están actuando bien”.
La doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), considera que la censura que el CSE ha establecido contra los medios independientes no puede verse como un hecho aislado o como un exabrupto. “Es parte de la política informativa o de desinformación que el Gobierno mantiene contra la población, para buscar como obstaculizar el trabajo de los medios de comunicación independientes”.
Núñez señaló que no es exageración cuando se dice que la absoluta libertad de expresión está en riesgo en Nicaragua, ya que hay una serie de acciones concretas que marcan una tendencia definida para violar ese derecho, además del derecho a la información y el derecho a informar.
Por su parte, Jaime Chamorro Cardenal, Director de LA PRENSA, señaló que el Gobierno del presidente Daniel Ortega, además de ir aumentando sus medios de comunicación y su forma de informar, ha mantenido secretismo con los medios independientes, “para que el pueblo tenga que informarse de muchas cosas importantes por sus medios y se acostumbren a ver sus medios”.
“Los radioperiódicos se están acabando poco a poco en Nicaragua, pero mientras un grupo de radios lucha por sobrevivir, las emisoras oficialistas gozan de inversiones millonarias y sus programas se transmiten llenos de anuncios oficiales”, señala el segundo informe del 2010.
También señala que sólo en Managua se registra el cierre de casi veinte radionoticieros y en el interior del país la situación es aún más asfixiante, ya que ningún funcionario del Gobierno tiene autonomía para otorgar publicidad y la empresa privada ha venido disminuyendo su pautación.
Además, las radios y televisoras siguen siendo neutralizadas o compradas por personas vinculadas al Gobierno y la diversidad noticiosa es cada vez menor.
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“Eso es algo contra la libertad de prensa porque, el Gobierno tiene la obligación de informar sobre lo que está pasando, eso de decir sólo voy a informar a los medios que quiero es una violación a la libertad de prensa”, manifestó el Director de LA PRENSA.
La diputada sandinista Martha Marina González, quien además es periodista, señaló que cuando son actividades públicas todos los medios tienen derecho a darle cobertura, independientemente de la ideología que tenga el medio.
“Si es una conferencia de prensa son datos públicos y deben cubrirla todos los medios, a mi juicio como periodista, pero si ellos han tomado otra decisión, no sé, no escuché esas declaraciones”, manifestó González, quien luego agregó que muchas veces los medios y los periodistas se sobrepasan con algunas instituciones y funcionarios.
“Creo que deben ser respetuosos con los funcionarios, yo durante más de 30 años siempre los traté con respeto, pero hay muchos periodistas que tratan con irrespeto a los funcionarios, hay que revisarnos”, justificó González.
Según Navarrete, algunos medios de comunicación llegan a la institución con “una agenda contraria a la agenda institucional”, una agenda que sólo busca “atacar personas, de atacar funcionarios y obviar e ignorar la agenda institucional o las tareas específicas que el Consejo desarrolla”.
Sin embargo, cuando se les ha querido consultar, por poner un ejemplo, sobre el proceso de cedulación, las puertas han estado cerradas. ¿Será que cuestionar el hecho de que los empleados públicos y allegados al Gobierno sean cedulados gratuitamente, mientras al resto de ciudadanos se les cobra ilegalmente 300 córdobas, es un tema fuera de la agenda de la institución?
Igual, hemos encontrado cerradas las puertas para consultar sobre la inscripción de partidos políticos, detalles del calendario electoral, por mencionar lo más reciente.
Núñez expresó que esa decisión anunciada del CSE es parte de esa estrategia gubernamental exacerbada, la cual deja muy mal al funcionario más cuestionado en el país (Roberto Rivas). “Él queda muy mal al decir voy a seleccionar, porque está amenazando y actuando a la defensiva”, advirtió.
Guillermo Medrano, coordinador de Proyecto Acceso a la Información Pública para el Fortalecimiento de la Democracia y la Gobernabilidad, de la Fundación Violeta B. de Chamorro, señaló que ante un proceso electoral, que debe ser una fiesta cívica para los nicaragüenses, los medios de comunicación deben difundir todo el proceso electoral hasta que se den los resultados obtenidos de ese proceso y todas las instituciones públicas que se rigen bajo la Ley 621, de Acceso a la Información Pública, deben difundir todas las actividades que realizan en el marco de ejecución de sus actividades.
Cano manifestó que sería el primer proceso electoral presidencial con este tipo de modalidad, el cual sería un reto para los periodistas en cuanto a cobertura, porque, aunque ya se tuvo una primera experiencia con las elecciones regionales, no será igual con las presidenciales.
“En las regionales sentí más la restricción de la información y el boicot al trabajo periodístico. Que lleguen a un nivel que no permitan entrar a una conferencia de prensa va contra todo derecho a la información que los ciudadanos puedan tener”, señalo Cano.
En el caso de los magistrados del CSE, entre una de sus funciones, consignada en la Ley Electoral, en el artículo 10 numeral 7, está el “dictar las medidas pertinentes para que los procesos electorales se realicen en condiciones de plena garantía”.
“En esas condiciones los divulgadores y los medios de comunicación deben dar a conocer todo el proceso, las informaciones que difunden estas instituciones no es una concesión, para dárselas a conocer a ciertos medios, es un derecho, la información pública es un derecho contemplado en el artículo 66 de la Constitución Política de la República”, expresó Medrano.
“Una institución del Estado se debe a los ciudadanos y los periodistas antes que periodistas son ciudadanos”, agregó Medrano.
La doctora Núñez recomendó que cuando se dé este tipo de situaciones los medios no deben quedarse callados ante la censura.
Medrano coincide con Núñez y afirma que lo peor que se puede hacer como ciudadanos y como medios de comunicación es agotarse. “Hay que hacer la denuncia, cuando veo que mis preceptos constitucionales están siendo violados, queda la denuncia y hacer uso de los medios legales, lo peor que se puede hacer es quedarse de brazos cruzados, para que la ciudadanía sepa qué tipo de funcionarios están administrando las instituciones del Estado”.
Medrano insiste en que el acceso a la información es un derecho humano, no una concesión de una institución del Estado. “El CSE no puede arrogarse la potestad de castigar o premiar o de decir que se le puede dar la información porque el proceso de las elecciones es información pública. El funcionario público se debe a la ciudadanía, no a él mismo, y en ese ámbito debe difundir y dar a conocer su trabajo”, reiteró Medrano.
En el caso de las violaciones a la libertad de prensa, Núñez señala que se pueden tomar medidas legales, pero son procedimientos muy lentos y tomando en cuenta que las instituciones judiciales están sujetas al Ejecutivo, sería muy difícil que progresen, sin embargo señala que queda la denuncia pública tanto a nivel nacional como en instancias internacionales.
Chamorro Cardenal coincide con Núñez al afirmar que lo que queda por hacer es la denuncia permanente, dado que por las vías legales en este país no se puede hacer mucho.
La Ley 621 dice que cuando un funcionario de cualquiera de los poderes del Estado niega, da información adversa o no atiende solicitud, se deben realizar procedimientos, se puede llevar a lo contencioso administrativo por incumplimiento de la ley.
Medrano señala que lo que hay que ir quitando es la cultura del secretismo, para que se vaya dando apertura a la información, de lo contrario se podría pensar que la institución está haciendo algo oculto.
“Si no doy a conocer algo de mi trabajo, significa dos cosas: o no lo estoy haciendo bien o estoy haciendo algo a espaldas de lo que manda la ley”, señaló Medrano.
Núñez también se pregunta qué ocultan. “Porque esa decisión no es solo por hacer la maldad, sino porque algo ocultan, porque además quieren que la versión que salga sea sólo de la perspectiva de ellos y eso no solo coarta el derecho a estar informado, sino que es una violación a la libertad de conciencia, porque si no tengo la suficiente información desde diferentes ángulos, me dejo influir por lo que diga la información oficial; te violentan tu conciencia porque te obligan a creer en lo que no es cierto”, advirtió Núñez.
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