La acción represiva de la Dirección General de Ingresos (DGI) contra El Nuevo Diario, al obstaculizar de manera arbitraria, ilegal y delictiva la salida de aduanas de insumos indispensables para la producción del periódico, es evidentemente una represalia por las denuncias que ese diario ha publicado sobre la corrupción en la DGI y en el Ministerio de Hacienda.
En vez de aclarar las denuncias de corrupción publicadas, que se han fundado en documentos proporcionados confidencialmente por empleados o exempleados de la misma Dirección General de Ingresos; y en lugar de tomar las medidas pertinentes para corregir y castigar los abusos denunciados, lo que hace el alto mando de la DGI es utilizar el poder tributario para reprimir mediante el terrorismo fiscal al periódico denunciante. Es decir, trata de matar al mensajero.
Pero el terrorismo fiscal de la DGI contra El Nuevo Diario, al que expresamos nuestra solidaridad, es también una acción represiva contra la libertad de expresión y de prensa en general. Esto es algo que el régimen orteguista viene maquinando y practicando con mayor o menor intensidad, según las circunstancias, desde que Daniel Ortega recuperó el poder presidencial en enero de 2007 gracias al pacto con Arnoldo Alemán y el PLC. Y es una represión que también LA PRENSA y otros medios de comunicación independientes hemos sufrido en carne propia.
Por ejemplo, a principios del año pasado, en enero de 2010, la DGI actuó una vez más de manera abusiva, arbitraria y delictiva contra LA PRENSA, con el mismo pretexto que lo está haciendo ahora contra El Nuevo Diario. En nuestra edición del 20 de enero de 2010, informamos ampliamente y denunciamos que la Dirección General de Ingresos (DGI) había “iniciado una nueva campaña en contra del Diario LA PRENSA, al no emitir la constancia de exoneración de importaciones, tal y como lo establece la inconstitucional Ley 528, conocida como Ley Arce (llamada así porque fue promovida por el excomandante sandinista Bayardo Arce, antiguo diputado y ahora asesor económico de Daniel Ortega), que permite que medios de comunicación que son grandes contribuyentes sean exonerados en un 2.5 por ciento sobre sus Ingresos Brutos declarados del período fiscal anterior”.
Es que debido a su ideología de izquierda radical, así como por compulsión totalitaria y hasta por un anómalo resentimiento social, Ortega, Arce y demás personas que integran el círculo de hierro del poder orteguista, son enemigos jurados y mortales de la libertad de expresión y de prensa. Y aunque por circunstancias coyunturales y oportunismo político, a veces se ven obligados a disfrazar la represión contra la libertad de expresión y de prensa y bajen la presión contra los medios de comunicación independientes, sin embargo no pierden la perspectiva de que su objetivo estratégico es suprimirla del todo, como en Cuba, o reducirla a su mínima expresión, como en Venezuela.
No hay que olvidar que poco tiempo después de que Daniel Ortega recuperó el poder presidencial y comenzó a centralizar todos los poderes del Estado, con la notoria complicidad de Arnoldo Alemán y el PLC, los orteguistas crearon el denominado “foro de periodistas sandinistas”, en el cual un renombrado ideólogo e historiador del FSLN los excitó a “exprimirse el seso” a fin de encontrar la fórmula más efectiva y menos costosa para regular y controlar legalmente la libertad de expresión y de prensa escrita en Nicaragua.
Sin embargo, al entrar el país en la precampaña electoral y empeñado Daniel Ortega en reelegirse a pesar de que se lo prohíbe expresamente la Constitución, por conveniencia táctica el orteguismo ha contenido sus ímpetus represivos contra la libertad de prensa y expresión y contra las organizaciones de la sociedad civil. Inclusive ha enjaulado temporalmente a las feroces turbas sandinistas, las cuales sembraron el terror callejero en los primeros dos años y medio de régimen orteguista y sin duda están dispuestas a volverlo a sembrar, cuando sus jefes lo ordenen.
De manera que es obvio que la acción represiva de la DGI contra El Nuevo Diario, por medio de la retención de los insumos necesarios para la producción del periódico, parece haberse salido del esquema táctico del orteguismo con respecto a los medios de comunicación independientes. Se trata posiblemente de una reacción visceral del titular de la DGI, por las denuncias sobre la descarada corrupción que se practica en dicha dependencia gubernamental.
Pero esto demuestra también que la libertad de prensa y los medios de comunicación independientes siguen en la mira orteguista, los cuales pueden ser liquidados cuando Ortega lo estime necesario. Una amenaza que no se debe olvidar ni menospreciar.
