Por Douglas Carcache y EFE
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó ayer un proyecto de ley contra la violencia hacia la mujer, defendido por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (CSJ), la sandinista Alba Luz Ramos, y que incorpora la nueva figura delictiva de “violencia mediática”.
La SIP, con sede en Miami, señaló que esta iniciativa presentada por el Supremo Tribunal, que incorpora la nueva figura delictiva de “violencia mediática”, sólo generará “censura absurda, autocensura y grave represión a la labor de los periodistas y los medios”.
Con la intención de contrarrestar las altas tasas de delitos contra las mujeres, la CSJ presentó el pasado jueves ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que incluye la figura de “femicidio” pero también la de “violencia mediática”, con el supuesto fin de evitar que se menosprecie y satirice a las mujeres.
La propuesta, presentada por Ramos, impone multas y sanciones al “dueño de medio de comunicación o periodista que, en el ejercicio de su profesión u oficio, ofenda, injurie, satirice, denigre a una mujer por el hecho de ser mujer, a través de un medio de comunicación”, recogió la SIP.
La norma también obliga al “ofensor” a hacer públicas sus disculpas en el mismo medio utilizado y con la misma extensión de tiempo y espacio.
NO ES NECESARIA LEGISLACIÓN ESPECIAL
“La protección de la mujer y de cualquier persona en los medios ya está establecida en las leyes normales sobre difamación, por lo que no se necesita una legislación especial que luego podrá ser utilizada en detrimento de la libertad de prensa”, subrayó Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
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En ese sentido, Rivard apuntó que “en nombre de la protección de género se está culpando de la violencia a los medios o, lo que es peor, disfrazando la verdadera intención que no sería otra que la de sobreproteger a las mujeres en la función pública para evitar que sean objeto de las críticas, la sátira o las caricaturas”.
Rivard calificó las multas y sanciones de “censura absurda” y aseguró que éstas terminarán generando un “marco de autocensura y de grave represión a la labor de los periodistas y los medios de comunicación”, que verán acotada su capacidad de hacer críticas y opinar sobre personas públicas en asuntos de interés público.
“Esta nueva figura penal de la violencia mediática debe ser analizada desde la perspectiva de la libertad de prensa y no de los crímenes de género”, concluyó.
DIPUTADOS LIBERALES RECHAZAN LEY DEL BOZAL
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, José Pallais, ha dicho que el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) rechazará cualquier intento de censura en contra de los medios de comunicación.
El jefe de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Adolfo Martínez, también se opuso a cualquier medida en contra de la libertad de expresión.
Asimismo, el también diputado del PLC, Wilfredo Navarro, dijo que “ese tema de la violencia mediática es poner un detonante contra la libertad de expresión, porque en un país como el nuestro puede ser fácilmente manipulado para reprimir a los medios”.
FISCAL ORTEGUISTA CONTRA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
De acuerdo con la explicación que ofreció la semana pasada la fiscal orteguista Ana Julia Guido, “el problema de los medios de comunicación es que satirizan, denigran en alguna forma a las mujeres, eso debe ser intolerable. A veces hay caricaturas… Hay ciertos periódicos que sacan cuando a la mujer la agarran del pelo y todas esas imágenes que golpean a la población y que no es saludable ni educativo”.
El lunes pasado, Ramos se quiso distanciar de la explicación ofrecida la semana pasada por Guido, quien enfiló sus críticas contra los caricaturistas del país minutos después de introducir la iniciativa de ley en la Asamblea Nacional.
Sin embargo, tanto Guido como Ramos (conocidas funcionarias orteguistas) son las abanderadas de ese proyecto de ley que atenta contra la libertad de expresión.
EMBAJADOR CALLAHANSE SOLIDARIZA
Por otro lado, el embajador de Estados Unidos, Robert Callahan, visitó ayer LA PRENSA para solidarizarse con sus directivos y periodistas ante las dificultades que han enfrentado para informar con plena libertad.
Callahan hizo énfasis en la importancia de la libertad de prensa y de expresión para preservar la democracia en Nicaragua, indicando que éste es un valor que Estados Unidos comparte con los países de América Latina.
El diplomático dijo que son lamentables las trabas a la importación de insumos para la elaboración de periódicos en Nicaragua, que han afectado a LA PRENSA en diferentes ocasiones.
También lamentó el acoso a este Diario que, desde hace meses, realiza un grupo de ex prestadores del servicio de distribución de suscripciones, quienes apoyados por la Central Sandinista de Trabajadores (CST), afín al Gobierno, han atacado con morteros las instalaciones de LA PRENSA y la vivienda de su gerente general, ingeniero Hugo Holmann Chamorro.
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