La Administración Ortega no ha dudado en llegar a extremos para impedir la observación electoral en Nicaragua durante los comicios del próximo 6 de noviembre.
LA PRENSA conoció que el Gobierno despreció 18 millones de dólares orientados a diversos proyectos, provenientes de la cooperación danesa, debido a que un millón de los mismos estaban dirigidos a organismos de la sociedad civil para que observaran dicho proceso.
Aunque oficialmente ninguno de los actores involucrados ha querido confirmar la especie, extraoficialmente varias fuentes confirmaron que durante varios meses hubo conversaciones para el desembolso de los 18 millones de dólares. Durante ese tiempo, los representantes del Gobierno mantuvieron una posición dual, hasta que hace pocas semanas dieron la respuesta oficial: “quédense con su dinero”.
LA PRENSA intentó obtener una posición oficial de la embajada de Dinamarca en Nicaragua, para lo cual se solicitó una entrevista, y se nos respondió que se devolvería la llamada, pero al final optaron por guardar silencio.
Asimismo, se buscó una versión en Cancillería con el canciller Samuel Santos, pero no respondió las llamadas a su celular y en la Dirección de Prensa se informó que se encontraba en una reunión.
Tampoco fue posible localizar al vicecanciller Valdrack Jaentschke, quien está a cargo de la Secretaría de Relaciones Económicas y Cooperación de esa institución gubernamental, mismo al que representantes de la sociedad civil señalaron en días anteriores de presionar a los cooperantes para que no destinen fondos a los organismos no gubernamentales.
LO QUE DESPRECIARON
De acuerdo a la información, el acuerdo global de cooperación que pretendía suscribir la Administración Ortega con la representación de Dinamarca abarcaba a la sociedad civil, a la que se le destinaría un millón de dólares para capacitación de las personas que participaran como observadores electorales.
Uno de los grupos beneficiados sería Ética y Transparencia (EyT), aunque éste organismo no quiso pronunciarse sobre el tema.
EyT ha señalado que, a pesar de la oposición desde el Consejo Supremo Electoral (CSE) a la observación electoral nacional, así como la internacional, la que han limitado a acompañamiento, tienen preparados a unos cincuenta mil observadores, lo que les permitirá, además de realizar un conteo rápido, determinar si hubo fraude durante los comicios del 6 de noviembre.
De los restantes 17 millones de dólares, una parte de los fondos estaba destinada a programas con la Policía Nacional. Esta institución mantiene una fluida cooperación de parte de países europeos, pero al consultar a la vocera policial, Vilma Reyes, esta se limitó a responder que no tenía conocimiento sobre el tema.
Otra parte de los fondos estaba destinada a proyectos que se desarrollarían en la Costa Caribe de Nicaragua, región que, según sus habitantes, históricamente es olvidada por los gobiernos de turno, los que sólo se acuerdan cuando llegan a solicitar el voto de los habitantes de esa zona.
CASO OMISO DE PARTE DEL ORTEGUISMO
En diversas ocasiones, más de una nación cooperante ha solicitado a la Administración Ortega que brinde apertura a la observación electoral, la que, expresan, garantiza un proceso transparente y que los resultados no sean cuestionados, como sucedió en los dos últimos comicios.
Estados Unidos, Alemania, Holanda, Noruega, la Unión Europea (UE) son algunos de los países que han solicitado al Gobierno que permita la acreditación de una misión de observadores internacionales, que no se limite al día de las votaciones, sino que esté presente en el mismo durante todo su desarrollo. Hay quienes proponen presencia de esa misión desde seis meses antes del 6 de noviembre.
Posterior a las irregularidades denunciadas durante los comicios municipales en el 2008, algunos países europeos decidieron suspender la entrega de recursos a Nicaragua, los que estaban destinados al apoyo presupuestario, entre otros aspectos. Esto originó que se iniciara un diálogo con la Mesa de Cooperantes, pero el mismo no ha alcanzado acuerdos tangibles.
El resultado de los procesos fraudulentos ha sido la suspensión de recursos por el orden de unos 170 millones de dólares.
La falta de observación electoral, así como la ilegal inscripción presidencial de la candidatura del presidente Daniel Ortega, son algunos de los aspectos que generan preocupación en la comunidad cooperante.
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