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Las mujeres siguen a la espera de que en el parlamento se legisle la violencia contra ese sector. LA PRENSA/ARCHIVO

Magistrada orteguista tilda a organismos de derechos humanos de políticos

Dos días después del retiro del cuestionado “artículo del bozal”, incluido en una iniciativa oficialista para legislar la violencia contra las mujeres, la primera vocal y “presidenta de facto” de la Corte Suprema de Justicia, magistrada orteguista Alba Luz Ramos, justificó que fue porque “se estaba instrumentalizando políticamente”, al tiempo que la arremetió contra las organizaciones de derechos humanos existentes en el país.

Dos días después del retiro del cuestionado “artículo del bozal”, incluido en una iniciativa oficialista para legislar la violencia contra las mujeres, la primera vocal y “presidenta de facto” de la Corte Suprema de Justicia, magistrada orteguista Alba Luz Ramos, justificó que fue porque “se estaba instrumentalizando políticamente”, al tiempo que la arremetió contra las organizaciones de derechos humanos existentes en el país.

Según Ramos, “las comisiones de derechos humanos en vez de estar a favor de los derechos humanos de las mujeres son activistas políticos”.

Se trata del artículo 35, a través del cual varias instituciones, a la cabeza la Corte Suprema de Justicia (CSJ), incluían en su anteproyecto de ley el delito de “violencia mediática”, a través del cual proponían la imposición de multas a periodistas y medios de comunicación.

El año pasado el Movimiento María Elena Cuadra ya había presentado ante la Asamblea una iniciativa, para que se legisle la violencia contra las mujeres.

“La realidad es que con ley o sin ley esa violencia siempre todos los días la vemos en la radio, televisión y en medios escritos”, dijo Ramos, tras señalar que “cuando salimos del aspecto privado al público estaba la violencia mediática (…), pero por ser una ley tan importante para proteger a las mujeres, nos da una herramienta (…) mejor la quitamos y vamos a esperar que en otro momento que eso sea posible, que no haya tanta politización en el país”, sostuvo Ramos.

El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, dijo que esa organización se pronunció en contra del artículo debido a que consideró que se atentaba contra la libertad de expresión, pero no fue por intereses políticos, como se les señala. “Es más bien por defensa a los derechos humanos de los y las nicaragüenses, dado que los medios de comunicación juegan un rol social”, dijo Carmona.

Para Carmona “con este polémico artículo querían castigar a los hombres y mujeres de prensa”. Y recordó que la CPDH le brinda atención sicológica y jurídica a las víctimas de la violencia. Y en la Corte Suprema “en muchos de los casos se hacen de la vista gorda para no hacer justicia. Y me refiero al caso de Fátima Hernández”, afirmó Carmona.

El representante de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Roberto Petray, refirió por su parte que “cuando la ley no está al alcance de la sociedad, nosotros como organismos de derechos humanos debemos proteger cuando se quiera violentar ese derecho”. Además recordó Petray que los periodistas también tienen derechos humanos.

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