Al no cedular a miles de miles de ciudada- nos en todo el país, sea por incapacidad o peor aún, por razones políticas para impedir su voto, el Consejo Supremo Electoral está efectivamente borrando el rostro a miles de ciudadanos que no pueden realizar sus transacciones diarias fundamentales y hasta tienen vedado el derecho constitucional al libre sufragio.
Todo ello en flagrante violación a la “Ley de Identificación Ciudadana” que mandata al Consejo Supremo Electoral a otorgar gratuitamente el documento de identidad a todos aquellos ciudadanos que hayan cumplido los 16 años, el cual es indispensable según el artículo 4 de la misma, para realizar las siguientes operaciones:
“Ejercer el derecho al voto de acuerdo con los procedimientos de la Ley Electoral; tomar posesión de cargos públicos; celebrar contratos de trabajo; obtener o renovar pasaporte, licencia de conducir, carné del Seguro Social, cédula del Registro Único de Contribuyente y cualquier otro documento de esta naturaleza; recibir pagos o giros del Estado, de los municipios o de instituciones autónomas; realizar operaciones bancarias; solicitar inscripciones en los registros del estado civil de las personas, registro de la propiedad inmueble, registros mercantiles y de la propiedad industrial y en cualquier otra institución pública; concurrir ante notario; contraer matrimonio civil, salvo en casos que se realice en peligro de muerte; matricular a sus hijos en colegios, universidades y cualquier otro centro de enseñanza cuando el solicitante sea mayor de dieciséis años; iniciar acción judicial y realizar cualquier otra gestión ante los tribunales de justicia y demás organismos estatales, regionales y municipales; cualquier otra diligencia u operación en las que se deba acreditar la identificación personal”.
En suma: sin cédula de identidad, el ciudadano legalmente no existe, no tiene derecho al trabajo digno, ni a viajar, ni a casarse, ni a educar a sus hijos, ni a cambiar un cheque, o a registrar el fierro de su ganado, obtener un crédito, comprar o vender un bien inmueble, ni a elegir o ser electo.
Un ciudadano sin cédula es como un ciudadano sin rostro. Lamentablemente, son miles de ciudadanos en todo el país los que no la tienen por culpa del ineficaz y burocrático Consejo Supremo Electoral, que si es muy diligente para entregarle cédula a aquellos ciudadanos identificados previamente por medio de los CPC o las instancias departamentales del FSLN, como simpatizantes de dicho partido y votantes potenciales a favor de la reelección de un candidato, que constitucionalmente tiene doblemente prohibido volverse a presentar como candidato presidencial.
Los alcaldes liberales de todo el país han denunciado públicamente que han ofrecido incluso recursos municipales a la orden del Consejo Supremo Electoral para que agilice el proceso de cedulación, el cual es vital para la vida ciudadana, como ya lo hemos visto, pero el CSE prefiere realizar dicha cedulación selectivamente a través de los CPC que por ley tienen prohibido suplantar las funciones que por ley le corresponde a instituciones del Estado.
De acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Identificación Ciudadana, “para la dirección, organización y ejecución de la cedulación se creó la Comisión Nacional de Cedulación y la Dirección General de Cedulación, como dependencias del Consejo Supremo Electoral, con asiento en la capital de la República”.
Pero el CSE, que año con año demanda a la Asamblea Nacional más presupuesto para gastos corrientes burocráticos, no ha podido cumplir con la Ley de cedulación y son miles de ciudadanos en todo el país los que no están cedulados, pero que por una de esas extrañas coincidencias, la mayor parte de ellos no son afines al gobierno. De igual manera ocurrió en las elecciones municipales del 2008, cuando el Consejo Supremo Electoral tuvo grandes “dificultades” que aún persisten, en contar y dar a conocer el resultado de miles de actas de JRV donde el candidato a alcalde por el Frente Sandinista fue derrotado.
Y lo que es peor, este mismo Consejo Supremo Electoral que ha mostrado tanta ineficiencia para cedular y para contar los votos que no le favorecen al partido de gobierno, pretende ser reelecto como premio a su complacencia delincuencial o más bien complicidad delincuencial.
Por lo tanto, ya que es demasiado tarde para enmendar el fraude de las elecciones municipales, el Consejo Supremo Electoral, si quiere rescatar un ápice de su credibilidad antes de ser reelecto por la Asamblea Nacional, debería al menos cumplir con la ley de identidad ciudadana para eliminar una de las condiciones de un futuro fraude.
Ver en la versión impresa las páginas: 9 A
