El Consejo de Contralores aprobó no indagar sobre la emisión de facturas falsas para justificar el uso de alrededor de 407 millones de córdobas de los recursos del Consejo Supremo Electoral (CSE) entre 2004 al 2008.
En una resolución aprobada ayer, cuatro de los contralores decidieron no realizar una nueva auditoría al CSE. Solamente el presidente de facto del ente fiscalizador, el contralor Guillermo Argüello Poessy, habría votado a favor de que se realizara la nueva auditoría.
La emisión de las facturas falsas fue revelada por una investigación periodística de El Nuevo Diario, publicada a lo largo de esta semana, la cual detalla cómo funcionarios de contabilidad del CSE habrían maniobrado para justificar por medio de facturas falsas el uso de los 407 millones de córdobas.
Pese a la enorme cifra de dinero público que habría sido defraudado, la resolución de los cuatro contralores pondría una lápida a cualquier indagación en dicho sentido.
Los contralores que votaron a favor de dar por cerrado el caso habrían sido los dos de tendencia sandinista, Luis Ángel Montenegro y José Pasos Marciaq, y dos liberales, Lino Hernández y Fulvio Palma.
Desde la llegada al poder del presidente Daniel Ortega, la Contraloría General de la República se ha mostrado absolutamente apática a indagar actos de corrupción en instituciones de Gobierno o en aquellas carteras manejadas por personajes afines al mandatario sandinista como es el caso del magistrado electoral Roberto Rivas Reyes.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) por medio de un comunicado había exigido que la misma Contraloría, así como la Fiscalía y Procuraduría General de la República realizaran una investigación completa de las “fraudulentas operaciones” en el CSE, y que los funcionarios y personas que resulten culpables sean debidamente enjuiciados y sancionados.
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