El Ministerio Público tampoco estaría iniciando una investigación referida al supuesto desfalco ocurrido en el Consejo Supremo Electoral (CSE), debido en primer lugar por la lápida puesta por la Contraloría General de la República, y segundo, porque las denuncias de estas irregularidades han sido canalizadas a través de un medio de comunicación y no por medio de una entidad competente.
El Fiscal Armando Juárez le expresó a Noticias 12 que la investigación periodística sobre las irregularidades en el CSE, publicadas a lo largo de la semana por El Nuevo Diario, eran “denuncias de papel”.
LA PRENSA buscó a Juárez desde la mañana de ayer. Se le llamó seis veces a su móvil y se le dejó un mensaje de voz. Pero el funcionario no atendió nuestra solicitud de entrevista.
“No es lo mismo presentar una denuncia ante la Fiscalía, que es la entidad competente para estos casos, que ante un periódico. Se rompe la lógica de una investigación criminalistíca”, desestimó el Inspector General y también Fiscal Electoral.
Juárez agregó que de todas formas pondrán atención a las publicaciones sobre el desfalco del CSE, pero dejó claro que no se abrirá, por lo menos en un corto plazo, una investigación sobre estas irregularidades.
La investigación publicada por El Nuevo Diario a lo largo de esta semana revela que, como funcionarios de contabilidad del CSE por medio de facturas fantasmas y proveedores falsos, trataron de justificar el desembolso de 407 millones de córdobas entre 2004 y 2008.
EL PACTO FUNCIONANDO COMO RELOJ SUIZO
El jueves pasado cuatro de los cinco contralores, dos del Frente Sandinista y dos del PLC, votaron en contra de iniciar una nueva auditoría en el CSE por las denuncias presentadas, lo que ha generado una ola de críticas públicas en contra de los autoridades de facto del ente fiscalizador de los recursos del Estado.
- El arzobispo de Managua, monseñor Leopoldo Brenes lamentó la falta de beligerancia de la CGR, porque su obligación es cuidar de los recursos del pueblo. Además, considera que “el pueblo está triste”, pues era la única institución que podía “demostrar” si los señalamientos son reales o infundados.
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Por otra parte el fiscal general Julio Centeno Gómez, un militante de Partido Liberal Constitucionalista, ni siquiera se ha pronunciado al respecto y ha adoptado su ya característico silencio sobre temas de corrupción de este gobierno o sus aliados.
CSE SE AMPARA EN PASIVIDAD DE LA FISCALÍA
Por su parte, el vocero del CSE, Félix Navarrete, dijo que el caso sobre la supuesta malversación de fondos de parte del magistrado Rivas es un caso cerrado, ya que la misma Contraloría votó en contra de abrir un nuevo proceso de auditoría, y el fiscal electoral Juárez se basó en esa decisión, para desestimar e impulsar cualquier investigación sobre ese tema.
Para Navarrete, la votación de cuatro contralores rechazando un nuevo proceso, indica que es “cosa juzgada”, debido a que en su momento el ente fiscalizador efectuó la respectiva auditoría, la ejecución presupuestaria del proceso electoral cuestionado, en el que no se encontró ninguna anomalía, y por ello se extendió el finiquito correspondiente, por lo que no responderán a acusaciones y publicaciones “sin fundamento”.
El vocero electoral rechazó las pruebas planteadas por el medio de comunicación que denunció la corruptela en el CSE, insistiendo en la resolución emitida por la CGR.
EXIGE PRUEBAS
“Que las presenten, hasta el momento no han presentado pruebas ni vídeos, han presentado algunas facturas ahí, no sabemos si esas facturas son verdaderas o son falsas, habría que verlas”, precisó el funcionario electoral.
Comparó las denuncias como “una novela de ficción”, la cual no descarta cambie de guión próximamente, ya sea por el mismo medio de comunicación u otro, porque a juicio de Navarrete, “el trasfondo es impulsar una campaña contra el Poder Electoral, a fin de deslegitimar las elecciones nacionales que se encuentran en curso, al Poder Electoral y atacar a los funcionarios electorales”.
“Creo que hay una política de los medios de comunicación, en no solamente terminar con la institución, sino también atacar a los funcionarios centrales”, aseveró Navarrete.
El funcionario electoral responsabilizó de esa campaña a los partidos políticos y sectores de la oposición, quienes “ante su derrota electoral, es la vía implementada para esconder sus fracasos, ya que anteriormente, cuando ganaban los mismos, no expresaban que hubiesen fraudes en el país, a pesar de que en 1996 se efectuó uno bajo la administración de Rosa Marina Zelaya, donde también los observadores se hicieron de la vista gorda”, aseguró el funcionario.
CGR DEBE RECONSIDERARDECISIÓN
El diputado oficialista y ex contralor de la República, Agustín Jarquín Anaya, reconoció que la decisión de la Contraloría General de la República de no iniciar una auditoría especial en el CSE puede ser revertida, tomando en cuenta que existen elementos para ampliar las pesquisas en el organismo electoral.
“Las auditorías que se realizan de ninguna manera significan finiquito, porque las auditorías se hacen de las muestras de un período y si se encuentran evidencias, que en ese mismo período existen indicios de que hay situaciones anómalas, se puede hacer una nueva auditoría”, mencionó.
“No es una cuestión discrecional, los funcionarios están obligados a revisar toda esa documentación y profundizar sobre el caso. Yo creo que la decisión de los honorables miembros del Colegio de Contralores debiera ser revisada”, añadió el parlamentario aliado del Frente Sandinista.
Indicó que los contralores podrían ser acusados de colaboradores indirectos por indagar sobre las supuestas irregularidades en el CSE.
“Yo quiero recordar que hay un artículo constitucional referido a la Contraloría, que dice que pudieran ser eventualmente señalados de presuntos colaboradores, en el caso que se confirme que ha habido, efectivamente, un mal manejo, con las consecuencias que eso tenga”, explicó.
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