Nicaragua fue incluida por el Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.) en la lista de países no solo de tránsito de droga sino de productores de metanfetaminas y marihuana.
En el informe anual Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos del 2010, Estados Unidos señala que la corrupción es un problema generalizado y permanente en Nicaragua, pues los criminales adinerados han adquirido un manto de impunidad a través del soborno y la extorsión de los funcionarios judiciales y policiales.
El informe anual enviado al Congreso estadounidense revela que si bien el Gobierno de Nicaragua ni alienta ni facilita la producción ilícita y distribución de drogas, o el blanqueo de capitales procedentes de las transacciones de drogas ilegales, existen muchos factores que dificultan la lucha contra la corrupción, entre los que destaca los bajos salarios para policías y jueces y una deficiente actuación policial.
SIN APOYO POR CORRUPTA
Cuando se detienen sospechosos vinculados al narcotráfico, estos son liberados después de una breve detención. Esta es una práctica que socava la eficacia de la ley, señala el informe. Debido a estas irregularidades y otros informes de la corrupción judicial, EE.UU. no proporciona ayuda a la Suprema Corte de Justicia (CSJ).
Menciona, por ejemplo, que el dinero y otros bienes incautados al narcotráfico son distribuidos a discreción de la CSJ. Y refiere que estos fondos han desaparecido. Refiere la disolución en marzo del 2010, de la unidad especial de la Policía por parte del gobierno de Daniel Ortega. De esta decisión el Gobierno de EE.UU. no fue notificado hasta que se conoció públicamente.
El informe estima que la disolución de la unidad fue un duro golpe a los esfuerzos de lucha contra el narcotráfico. La decisión se sumó a críticas públicas efectuadas por Ortega a la ayuda de esa nación para la lucha contra el narcotráfico. Menciona que en 2009 y 2010 el gobierno no firmó acuerdos bilaterales con EE. UU.
Ver en la versión impresa las páginas: 4 A
