Elízabeth Romero
Para el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) que hoy marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y 20 años de su fundación, tiene un acumulado negativo en el ámbito de los derechos fundamentales de las mujeres nicaragüenses.
Menciona entre esos aspectos negativos: que el presidente que tiene como primera atribución el cumplir y hacer cumplir la Constitución, se “distingue por ser el principal violador de ella, restricción de la libertad de asociación por las vías de hechos, a través de la injuria, el desprestigio, la fabricación de investigaciones criminales o la intimidación enmascarada en marchas de la alegría”.
También señala que la Policía “otrora fuerza prestigiosa y admirada, reprime las acciones realizadas por la ciudadanía en el ejercicio de los derechos políticos, mientras permite a las fuerzas del gobierno cometer actos reñidos con la ley. El Ejército de Nicaragua que hizo gala de defensa de la Constitución, interviniendo por la aprobación de unas leyes que lesionan el sometimiento de las fuerzas armadas al poder civil y pretenden por el contrario ‘someter’ a la población”.
No escapa en las críticas del MAM el Consejo Supremo Electoral (CSE) con funcionarios usurpadores culpables de un gran fraude electoral que burló la voluntad de elección del pueblo nicaragüense, la Contraloría General de la República que no ve los actos de corrupción, la Corte Suprema de Justicia siendo parte activa del caos institucional y de la usurpación de funciones, la Procuraduría de Derechos Humanos, “ilegal e ilícita” que no garantiza más que la
permanencia en los cargos a los usurpadores, entre otros.
El MAM señala que el año 2011, “es un año decisivo” pues el proceso electoral legalmente establecido por la Constitución Política y la Ley Electoral “está amenazado precisamente por las instituciones que deberían garantizarlo: el Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, ésta por dictar una sentencia espuria que violenta el marco jurídico nacional y el otro por pretender considerar escrito en piedra el abuso de funciones y la usurpación realizada por la máxima estructura del poder judicial”.
“En consecuencia no queremos más abusos e imposiciones. Queremos salidas cívicas y de conformidad con la ley”, señala el MAM en su pronunciamiento
Mientras el Cenidh exige al gobierno de Daniel Ortega a “que abandone su doble discurso y mensajes engañosos referente al ofrecimiento del 50 por ciento de cuotas de poder sin capacidad de decisión y permanencia”.
Al tiempo que demanda al Estado de Nicaragua, a que asuma sus compromisos y obligaciones nacionales e internacionales tales como una disminución de los altos índices de violencia física, psicológica y sexual en contra de las mujeres y la forma más extrema de la misma, como son los asesinatos de mujeres.
También plantea el Cenidh que el Estado de Nicaragua debe asegurar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de la violencia y que sancione adecuadamente a los responsables de dichos hechos.