El sector privado rechazó la pretensión de los diputados sandinistas de posponer para el próximo año la aprobación de la ley que regule el sector de microfinanzas en Nicaragua.
Tanto la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (Asomif) y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) mantienen la posición de que es urgente la existencia de un marco de regulación que rija la actividad de las microfinancieras.
Incluso los representantes de los gremios empresariales expresaron que prefieren arriesgarse a que los diputados busquen obtener réditos políticos sobre la discusión de la dicha ley, a que el país siga siendo visto con desconfianza por parte de los organismos internacionales y los fondeadores externos que otorgan recursos a las financieras, pero que han reducido los fondos.
“Nosotros estamos listos para este año. Tenemos avanzado el consenso sobre la propuesta (legislativa). Necesitamos tener un marco regulatorio que otorgue la institucionalidad al sector de las microfinanzas”, expresó Patricia Padilla, presidenta en funciones de Asomif.
Por su parte José Adán Aguerri, presidente del Cosep, reiteró que la demanda es que la aprobación de la Ley de Fomento al Microcrédito, como la pretende ahora llamar el Gobierno, sea aprobada por la Asamblea Nacional en el primer semestre del año.
“Ya pagamos —afirmó— un precio muy alto por el error que cometió la Asamblea Nacional el año pasado con la Ley de Moratoria (que benefició al Movimiento de los No Pago) y nosotros tenemos que asegurar que ese error se revierta y la única manera de corregirlo es a través de esa ley”.
La ley es uno de los principales compromisos que el Gobierno tiene que cumplir en el marco del programa económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ver en la versión impresa las páginas: 3 B
