Las exoneraciones contenidas en la Constitución para los medios de comunicación no buscan generar riqueza para sus propietarios, sino permitir que los diarios impresos lleguen a un menor precio al consumidor y así mantener la libertad de prensa.
Así resumió el ingeniero Jaime Chamorro Cardenal, presidente de la Junta Directiva del Diario LA PRENSA, el derecho contenido en la Carta Magna y que el presidente Daniel Ortega fustigó el pasado jueves, al señalar que se utiliza para provecho de los dueños de medios de comunicación escritos.
Chamorro recordó que a pesar de estar contenido ese derecho en el artículo 68 constitucional, al final sí hay un pago parcial, debido a la vigencia de la inconstitucional Ley Arce, cuyo recurso aún no es resuelto por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Francisco Chamorro, director de El Nuevo Diario, estima que los señalamientos del presidente Ortega no son más que su reacción a las denuncias publicadas de actos de corrupción que se cometen desde su Administración, las que pretende obviar al acusar a los medios de no investigar a la empresa privada.
Reiteró que la Ley Arce provoca que sea menos costoso imprimir en Colombia un libro y traerlo que hacerlo en Nicaragua, debido a los impuestos que impone esa legislación inconstitucional.
“Lo que pasa es que solo se centran en los periódicos, porque los consideran como adversarios políticos, pero la verdad es que estamos informando lo que ellos no informan”, aseveró Chamorro.
Ortega aseveró que los medios de comunicación obtienen inmensas ganancias con los anuncios que le entregan las empresas capitalistas (sin mencionar las del consorcio Alba de Nicaragua), las que tampoco pagan impuestos.
Esto fue desmentido por el ingeniero Jaime Chamorro Cardenal, quien aseguró que se paga el Impuesto General al Valor (IGV) de los anuncios que constituyen uno de los principales ingresos de LA PRENSA, así como el Impuesto sobre la Renta (IR) y el impuesto municipal entre otros.
QUE PRESENTE PRUEBAS
Francisco Chamorro, ante el calificativo de “sinvergüenzas” utilizado por el presidente Ortega ante supuestos abusos de las exoneraciones, instó al mandatario a presentar las pruebas, porque a pesar de ser una denuncia constante del mandatario hasta el momento no ha expuesto nada concreto.
“Esa es una acusación muy sacada del aire”, observó Chamorro al referirse también a las acusaciones de recibir dinero de Estados Unidos y Europa, por lo que retó al presidente Ortega a demostrarlo.
Por su parte, Chamorro Cardenal dijo que si contara con ese dinero podría ampliar los servicios que brinda LA PRENSA, pero reiteró que no reciben recursos externos.
Otra de las críticas de Ortega contra los medios de comunicación fue que no denuncian la corrupción existente en la empresa privada, debido a que algunos ingresos de los periódicos provenían de esa fuente.
Para Chamorro Cardenal lo lógico es que si hay corrupción en la empresa privada y se cuenta con las pruebas, las que no son del conocimiento de los medios independientes, debería ser denunciada en los medios oficialistas.
“Él tiene muchos medios, la familia Ortega tiene muchos canales, muchas radios, deberían ellos de denunciarla, porque nosotros no es que no queramos, pero es que no hemos sabido de los mismos”, precisó Chamorro Cardenal.
Los representantes de los medios de comunicación escritos no descartan que los ataques de Ortega sobre que no se denuncia a la empresa privada es una forma de solapar o desviar la atención de los actos de corrupción que priman en su Administración, uno de los últimos casos fue el de Walter Porras, director de la Dirección General de Ingresos (DGI), o del mismo Cónsul de Nicaragua en Miami, Luis Martínez.
APN: AMENAZA DIRECTA DEL PRESIDENTE ORTEGA
Gustavo Bermúdez, presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN), calificó como una amenaza directa del presidente Ortega a los medios independientes y, por ende, a la libertad de expresión.
“En otro de esos abusos de este poder, los abusos de poder del presidente que se considera un semidiós, y parece que trató de darle una cátedra a los estudiantes de cómo callar la libertad de expresión”, opinó Bermúdez.
Agregó que la lección inaugural “fue una lección de dictadura, una lección de un bachiller que lo único que sabe hacer es dictar órdenes nada más”.
DIRECTIVO ORTEGUISTA EN LA UPN CONTRA LOS MEDIOS
El único que defendió la lección de demagogia y odio en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) del mandatario, fue el orteguista presidente de la Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), Roberto Larios, quien expresó que se debe establecer una diferencia entre los dueños de los medios de comunicación y los periodistas, ya que son los primeros los que reciben las ganancias establecidas en la ley.
“Nosotros propugnamos por un régimen jurídico que promueva la creación de empresas de medios de comunicación, de los cuales los periodistas sean propietarios y creo que así se cumpliría el rol social que la Constitución Política le asigna a los medios de comunicación”, indicó Larios.
Descartó que de suprimir las exoneraciones se afecte la libertad de expresión, porque al final los dueños de los medios de comunicación son socios en grandes capitales como entidades bancarias.
No obstante, al recordarle que la familia Ortega domina varios medios de comunicación, descartó que goce de esos beneficios que otorga la ley.
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