Es evidente que Daniel Ortega siente fobia a la libertad de expresión y de prensa, lo cual se debe a su ideología totalitaria. El ideal de gobierno y de sociedad de Ortega es Cuba, Libia, China o Corea del Norte, donde no hay prensa independiente, sólo se permite el periodismo oficialista y nadie puede expresar libremente su pensamiento, mucho menos denunciar las arbitrariedades y abusos gubernamentales ni reclamar respeto a los derechos humanos. Quien se atreve a hacerlo es marginado o encarcelado y a veces sentenciado a largos períodos de prisión.
Si de Daniel Ortega dependiera no habría libertad de expresión y de prensa en Nicaragua y los periódicos serían censurados como hacía durante su primer gobierno (1979-1990). Ortega no soporta la crítica ni la denuncia de la corrupción en el gobierno. Lo que le incomoda no es que haya corrupción, con la cual al parecer se siente muy a gusto, sino que la denuncien los periódicos y pongan en evidencia la impunidad de los corruptos. Eso fue lo que demostró con la “cátedra” de intolerancia que dictó el jueves de la semana pasada en la Universidad Nacional “Autónoma” de Managua.
Pero la corrupción no es un invento de los periódicos independientes, sino una conducta gubernamental que se practica en forma descarada. Si a Daniel Ortega le molestara o le diera vergüenza la corrupción, no difamaría ni amenazara a los periódicos que la denuncian, sino que tomaría medidas de control y transparencia gubernamental y castigaría a los corruptos.
Hoy es el caso de las contrataciones con empresas fantasmas, tan inverosímil que hasta “asusta” a una magistrada sandinista curtida en las lides judiciales. Ayer fue la defraudación en la comuna de Managua y los manejos en el Consulado de Nicaragua en Miami, convertido en centro político del Frente Sandinista. Anteayer fueron los cheques en el Consejo Supremo Electoral, por más de 400 millones de córdobas, que fueron librados sin soportes de justificación. Y así, a lo largo de los cuatro años y dos meses que lleva el segundo gobierno de Daniel Ortega, las denuncias de corrupción han sido una constante en la prensa independiente, sin que las autoridades correspondientes hicieran nada para investigarla y mucho menos para castigarla.
Por eso fue que en la “cátedra” contra la libertad de prensa que dictó en la Universidad Nacional de Managua, el jueves de la semana pasada, Ortega atacó a los periódicos independientes y los acusó de que sólo denuncian la corrupción gubernamental, pero ocultan la que hay en las empresas privadas, que según él es peor. Sin embargo, Ortega no presentó ninguna prueba de su grave acusación contra los empresarios privados, con los cuales se reúne de vez en cuando para discutir sobre sus intereses comunes. Si fuera cierto que en la empresa privada independiente se practicara la corrupción como en el Gobierno, hace tiempo que hubiera sido denunciada por los medios de comunicación oficialistas —que son muchos más que los independientes— y los culpables habrían sido castigados por el Poder Judicial, al que ha convertido en un instrumento punitivo a su servicio personal, familiar y del partido oficial.
La verdad es que si los medios de comunicación independientes tuvieran información sobre actos de corrupción en el sector privado, en perjuicio de la sociedad y de los ciudadanos, los denunciarían inmediatamente. Así lo hacemos, por ejemplo, con los abusos que cometen algunas empresas de servicio al público y son denunciados por los mismos clientes y usuarios. Pero en todo caso, no es lo mismo un acto de corrupción que se comete en una empresa privada —que es un negocio de interés particular aunque sea de servicio público—, que la malversación de los fondos del Gobierno y el Estado que pertenecen al pueblo. Esto sí que es un robo a todos los nicaragüenses que pagan los impuestos para financiar los hospitales, las escuelas y demás servicios públicos que el Estado está obligado a prestar a la sociedad, sobre todo a las personas más pobres.
Lo que debería hacer Daniel Ortega, en vez de enojarse con los periódicos independientes y difamarlos porque cumplen su trabajo de ejercer el control público del funcionamiento de los poderes del Estado, es preocuparse por contener la galopante corrupción que está carcomiendo a toda la sociedad, incluyendo a su mismo gobierno.
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