POR EDUARDO CRUZ
Fotos de La Prensa/Manuel Esquivel
En 1856 se realizó en Rivas y Granada un proceso electoral que dio como ganador al norteamericano William Walker como presidente de Nicaragua. Para muchos, este acontecimiento es nocivo en la historia del país y ni siquiera debería registrarse en la historia como presidente de los nicaragüenses al filibustero.
En 1947, el candidato designado por Anastasio Somoza García fue electo presidente de la República en otro proceso fraudulento dirigido por un singular personaje que hacía las veces de árbitro electoral: Modesto Salmerón. Salmerón era un antiguo empleado de los Somoza que se paseaba por los centros de votación donde los partidarios de cada candidato hacían filas en las urnas correspondientes a su partido (no había voto secreto en ese entonces) y al ver que las filas del candidato oficialista eran muy pobres y las de la oposición numerosa, decía carcajeándose: “Voten, voten, que luego cuento yo”. Al final Leonardo Argüello, el candidato de Somoza, ganó con 184 mil votos contra 18 mil de Enoc Aguado, el candidato de la oposición. Somoza reconocería más tarde que sólo se cambiaron los votos de uno por los del otro.
En el 2008, durante las últimas elecciones municipales, unas 50 alcaldías fueron adjudicadas a candidatos sandinistas por el Consejo Supremo Electoral (CSE), casi con el mismo método que usó el doctor Salmerón en 1947: quitándole votos a los opositores y pasándoselos a los candidatos oficialistas. Hasta el día de hoy el CSE no ha publicado los resultados del cien por ciento de los votos ni explicado qué aritmética usó para que alcaldías como la de Santo Tomás, Chontales, por ejemplo, que con el 99 por ciento de los votos escrutados y publicados oficialmente por el CSE, el candidato liberal ganaba con el 67 por ciento de los votos y resultó perdedor al publicar el restante uno por ciento.
Hoy, más de 150 años después de Walker, a 64 años después de Argüello y apenas tres años del fraude del 2008, nuevamente se habla de elecciones viciadas y se denuncia un sinnúmero de ilegalidades en el proceso electoral que ya comenzó y se materializará con las votaciones previstas para el próximo 6 de noviembre.
Para el analista político Carlos Tünnermann, ni siquiera en los tiempos de la dinastía Somoza se vieron tantas ilegalidades en las elecciones porque se cuidaban de no violar la Constitución Política y a través de pactos políticos o con la ayuda de opositores zancudos lograban reformarla para ajustarla a sus intereses dictatoriales.
¿Cuál es el ambiente que se respira en este proceso electoral del 2011? ¿Cuáles son sus características principales? ¿Por qué se le cuestiona de ilegal? Los nicaragüenses experimentan en la actualidad un proceso electoral inédito, con circunstancias muy diferentes a las vividas en al menos los procesos electorales que se han realizado desde 1990. Son latentes las posibilidades de que el país vuelva a tener otro presidente ilegal, si es que se puede considerar que lo fue el norteamericano Walker.
Una de las mayores arbitrariedades y violación a la Ley Electoral de los magistrados de facto del CSE es que no han garantizado la observación electoral para estos comicios presidenciales del 2011. Han hablado de “acompañamiento” electoral, pero ese término no existe ni en la Constitución ni en la Ley Electoral.
Desde 1990 en los procesos electorales nicaragüenses ha habido observación internacional, y desde 1996 también nacional. Las observaciones han otorgado credibilidad a los procesos electorales desde 1990 y han garantizado el voto de la ciudadanía, con excepción de las municipales del 2008, señala Carlos Tünnermann.“No se sabe si va a haber observación de la Comunidad Europea porque a la OEA (Organización de Estados Americanos) Ortega ya la tiene descalificada”, comenta Tünnermann.
Para Rosa Marina Zelaya el problema no es de semántica, es decir, de lo que se pueda interpretar como “observación” o “acompañamiento”, sino que en realidad acompañamiento no es lo mismo que observación. La observación está contemplada dentro de las leyes y tiene fuerza para legitimar o deslegitimar un proceso electoral, según lo que los observadores vean y confirmen dentro del mismo.
En el caso del proceso electoral de este año 2011, el mismo podría sufrir una “grave crisis de legitimidad” si al final el CSE no acredita tanto a observadores internacionales como nacionales, o si los condiciona como el hecho de obligarlos a no presentar conteos paralelos.
La zozobra se agrava cuando la oposición y la ciudadanía todavía están esperando los conteos totales de las elecciones presidenciales del 2006 y las municipales del 2008, destaca Zelaya.
Zelaya también resalta las anomalías que se han presentado con la cedulación ciudadana. La gente se está quejando de que la entrega de las cédulas está sesgada y partidarizada. Si se es simpatizante del FSLN se le entrega rápida y hasta gratuitamente, pero si no, la persona puede pasar mucho tiempo sin obtener el importante documento de identificación, sin el cual no se puede votar.
El calendario electoral es otro aspecto que provoca dudas entre los no partidarios de Ortega. Zelaya indica que es curioso cómo todas las fechas fueron adelantadas de manera inusual, porque tanto las inscripciones de alianzas como de candidatos fueron establecidas con bastante anticipación, mucho más temprano que en los anteriores procesos electorales.
Otro viso de ilegalidad grave lo constituye el propio tribunal electoral del país, ya que quienes actúan como magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) en realidad no lo son. Se les vencieron sus períodos como tales, la Asamblea Nacional no los reeligió en el cargo pero se quedaron en los puestos amparados en un decreto del presidente Daniel Ortega, precisamente uno de los candidatos en la actual contienda electoral.
Para Rosa Marina Zelaya, expresidenta del CSE, el que Nicaragua no tenga autoridades electorales legítimamente constituidas es una situación muy grave, ya que un proceso electoral tiene una trascendencia enorme porque se trata del medio por el cual se elige a las máximas autoridades del país, quienes van a definir las políticas en aspectos importantes como la salud, la educación, la vivienda, seguridad, entre otros. Además representarán a los nicaragüenses ante la comunidad internacional.
El hecho de que los magistrados de facto del Poder Electoral estén en sus cargos gracias a un decreto del presidente Ortega los ubica en una posición de sumisión ante el mandatario, quien, a pesar de la doble prohibición constitucional del artículo 147, ya logró ser inscrito como candidato presidencial, explica Carlos Tünnermann.
El CSE no goza de credibilidad ni de la simpatía de los nicaragüenses. En las inmediaciones de su sede central son constantes las protestas en las que se les recrimina el fraude electoral de las municipales del 2008, cuando varias alcaldías fueron adjudicadas al partido de Ortega, el Frente Sandinista (FSLN), y precisamente son sandinistas los únicos que defienden a los magistrados de facto.
Tünnermann critica que Roberto Rivas, uno de los magistrados electorales de facto que actúa como presidente, se haya apresurado a decir que acataría la pseudosentencia de los magistrados judiciales sandinistas, en la que eliminan para Ortega el doble candado que le impide ser candidato presidencial nuevamente, ya que el artículo 147 de la Constitución lo prohíbe para quienes son presidentes al momento del proceso electoral o para quienes han sido mandatarios más de una vez, como en ambos casos es la situación de Ortega, presidente en los períodos 1984-1990 y 2007-2012.
El problema del CSE no es solo de forma. Para Zelaya el pecado no es solo que no existan magistrados legalmente constituidos, sino que además los usurpadores de magistrados están actuando en contra de las leyes y la Constitución, al admitir a Ortega como candidato, cuya inscripción también se realizó de manera extemporánea, después de las 6:00 p. m. del último día señalado para ese trámite en el calendario electoral.
Como tiro de gracia a la legalidad, los supuestos magistrados, obviando totalmente la Constitución, rechazaron de plano todas las impugnaciones que se presentaron en contra de la inconstitucional candidatura de Ortega. “Ellos (magistrados de facto) debieron rechazar esa solicitud (de inscripción de Ortega), lo primero que debieron hacer es leer la Constitución, leer esa solicitud a la luz de la Constitución”, indicó Rosa Marina Zelaya.
Para la magistrada sandinista de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, las supuestas sentencias (una de sala y otra de Corte Plena) y la candidatura de Ortega no violentan la Constitución. “Nosotros no hemos protegido a nadie a través de esas sentencias, nosotros decidimos, esto no es una invención nuestra, es una doctrina constitucional latinoamericana que se ha aplicado en países como Colombia y Costa Rica, que no me digan que es mentira porque es verdad, la parte dogmática prevalece sobre la parte orgánica, eso es en esencia lo que la Corte dijo al emitir esas sentencias y la Corte está para sentar jurisprudencia”, manifestó enérgicamente la presidenta del Poder Judicial.
Ramos afirmó que en años anteriores los diferentes gobiernos han reformado la Constitución “con nombre y apellido”, para favorecer o inhibir a diferentes personajes del ámbito político nicaragüense, violentando así la Carta Magna.
“Nuestra Constitución es violentada cada vez que es reformada para inhibir a determinadas personas, dependiendo de quienes están en el poder y quienes están en ese momento facultados para reformarla, de manera que debemos reflexionar sobre qué tipo de sistema queremos, quiénes tienen derecho y quiénes no a participar en los comicios electorales, sean directos o indirectos”, expresó la magistrada sandinista.
Las ilegalidades de la candidatura de Ortega son múltiples. Está compitiendo por el poder desde el poder y eso le confiere ventaja sobre los demás aspirantes a ocupar la silla presidencial.
Una vez que Ortega decidió violentar la Constitución para buscar la reelección que le está prohibida, debió al menos renunciar a la presidencia un año antes de las elecciones, que se celebrarán el próximo 6 de noviembre, pero no lo hizo. Carlos Tünnermann señala que esa acción no está contemplada en la Constitución precisamente porque prohíbe la reelección continua, pero Ortega debió al menos ceñirse a la disposición que se le aplica a los diputados y magistrados que aspiran a la presidencia de la República, quienes deben renunciar un año antes a sus cargos.
En todas las instituciones del Estado se ven pegados en los muros afiches relacionados con Ortega y el proyecto político del FSLN, y de esa manera el mandatario ya hace campaña electoral pero con los recursos del Estado, critica Tünnermann.
A los empleados del Estado se les obliga a asistir a las concentraciones partidarias de Ortega. “A los empleados se les pasa lista y si no asisten pueden perder el empleo, se utilizan los vehículos del Estado, los centros escolares (y sus estudiantes)”, expresó Tünnermann.
El dinero no es un problema para Ortega, quien en ese sentido también le saca ventaja a sus oponentes porque está manejando a su discreción los fondos de la ayuda que Venezuela envía a Nicaragua, especialmente con petróleo. Son más de 1,500 millones de dólares los que ha manejado Ortega, según cifras oficiales, pero se sospecha que podrían ser más recursos. Es una ayuda de Estado a Estado que Ortega ha privatizado. “Es la privatización más grande que ha habido en la historia de Nicaragua”, explica Tünnermann.
¿Por qué Ortega está haciendo lo que quiere en esta campaña electoral? “El fiscal electoral no actúa, es partidario (del FSLN)”, dice Tünnermann. “No vemos en el fiscal electoral madurez ni equidad”, dice Rosa Marina Zelaya.
Armando Juárez es el fiscal electoral de este proceso. A pesar de que en los diarios y televisoras nacionales aparecen las evidencias de los abusos cometidos por Ortega, utilizando los recursos del Estado para hacer proselitismo político, Juárez “no ha visto nada”. Su segundo apellido es Cerna, y aunque lo ha negado, sería familiar de Lenín Cerna, el tenebroso exjefe de la Seguridad del Estado de los años ochenta.
Juárez es también conocido como el “fiscal de los Cenis”, por ser el asignado a llevar ese caso en contra de Eduardo Montealegre y otros 38 acusados.
Rosa Marina Zelaya no se extraña mucho de que siendo el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, un liberal leal a Arnoldo Alemán, haya designado a un leal al presidente Ortega porque para ella la respuesta está en que el pacto liberosandinista del año 2000 aún está funcionando. “Esas son las cosas extrañas, nos tenemos que remontar al pacto, a ese pacto yo lo veo trabajando todavía”, manifestó.
Las irregularidades e ilegalidades de parte de Ortega que a diario son denunciadas en los medios de comunicación son consecuencia del poder absoluto que ejerce el partido en el poder, a lo cual se suma la falta de contrapesos y control, lo cual tiene su principal causa en el pacto del año 2000, considera Raúl Obregón, quien dirige la firma encuestadora M&R Consultores.
La marcha de la sociedad civil que se realizó el pasado 2 de abril, en contra de la reelección, es una señal de lo que podría pasar en la campaña electoral de este año. Los dirigentes de esta marcha pidieron el permiso a la Policía, sin que las autoridades policiales les hayan advertido de que supuestamente la Juventud Sandinista ya había solicitado permiso para otra marcha en ese mismo día, a la misma hora y prácticamente en el mismo lugar: La Plaza de las Victorias para el sandinismo, o Plaza del Fraude para la oposición.
Para Rosa Marina Zelaya, la Policía permitió que dos grupos totalmente opuestos se encontraran y se produjera un escenario propicio para la violencia. Además, la Policía permitió que el grupo afín a Ortega se tomara un lugar, la Plaza del Fraude, por donde iba a pasar la marcha de la sociedad civil. “Estas actuaciones dejan en entredicho la categoría profesional de la Policía”, indicó Zelaya.
En la marcha del 2 de abril se pudo observar a manifestantes de la sociedad civil agredidos por policías y a policías ensangrentados, lo cual para Zelaya no es propio de un país medianamente democrático.
“La Policía pudo haber evitado (lo del 2 de abril), debió impedir que desde el jueves por la noche (los sandinistas) se tomaran la Plaza del Fraude. Es un síntoma de lo que habrá en la campaña electoral. La Policía está parcializada”, opinó Carlos Tünnermann.
Tanto para Tünnermann como para Zelaya el presente proceso electoral solo es comparado con el de 1856, cuando se impuso Walker como presidente, pero Zelaya recalca que ese evento dañino fue efímero pero ahora no se sabe cuánto durará, y además, ahora Nicaragua está más avanzado en educación, la situación económica es diferente y no es posible que se produzcan situaciones como las del pasado.
Mientras los nicaragüenses miran a una oposición dividida, también miran a un FSLN ejerciendo el poder casi absoluto, explica Raúl Obregón, especialista en sondeos de opinión.
El FSLN antes era dirigido por una “Dirección Nacional”, pero ahora es dirigido por una persona con características “caudillescas” y está dispuesto a “hacer todo lo que sea necesario para no perder el poder, porque lo peor que le puede pasar al FSLN es entregar el poder a sus adversarios”.
Para Obregón la oposición más bien pareciera que su carrera en estas elecciones del 2011 es para el “segundo lugar”. “Esta oposición pareciera que ha perdido la batalla por el 62 por ciento del electorado. Hasta hoy las señales que estamos viendo es que ese 62 por ciento que antes adversaba al FSLN y sus liderazgos, hoy por hoy puede estarse disminuyendo en al menos seis o siete puntos”, dijo Obregón, quien señala que ese seis o siete por ciento, aunque no se identifique con el FSLN, sí podría apoyarlo bajo la lógica que “entre dos males, el menor”.
La esperanza está en la ciudadanía. “Los nicaragüenses tenemos vocación democrática”, dice Zelaya. “Creo en el voto, si es bien contado”, agrega.
Carlos Tünnermann tiene la misma esperanza. Para el analista político, aunque la oposición va fragmentada a las elecciones, va a funcionar el “voto útil”, es decir los nicaragüenses van a votar por la propuesta más fuerte de la oposición.
También funcionaría el “voto castigo”, que es el que la gente realiza en contra del presidente Ortega, a como ocurrió en 1990. “Se trata de impedir la continuidad de Ortega, de recuperar las instituciones del Estado, que prevalezca el Estado de Derecho”, mencionó Tünnermann.
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