La Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep) dirigió una comunicación al nuevo titular de la Dirección General de Ingresos (DGI), Martín Gustavo Rivas Ruiz, a través de la cual le expresa la preocupación por la falta de respuesta de prestaciones sociales y liquidación laboral de más de 700 servidores públicos despedidos por su antecesor, Walter Porras.
El secretario de Asuntos Laborales de Fedetrasep, Álvaro Leiva Sánchez, adelantó además que para la semana de Pascua esa organización introducirá una nueva denuncia ante la Contraloría General de la República (CGR) para reiterar su demanda de que sea investigada la gestión de Porras, desde el 11 de enero de 2007 hasta la fecha en que fungió como titular de la DGI. La Fedetrasep sospecha que Porras incurrió en ilícitos de apropiación de retención impositiva del Impuesto sobre la Renta y seguridad social de los trabajadores de la DGI, además de peculado, malversación de caudales públicos, entre otros. A la par de ello, demandarán a la Fiscalía que investigue lo ocurrido durante su administración.
Por su parte, el director de Ética y Transparencia, Roberto Courtney, estimó que los hechos de corrupción como el caso de la DGI y Alcaldía de Managua que han trascendido a la opinión pública es parte de un “modelo populista” existente en el actual gobierno.
A su criterio “no es que (el gobierno) erradica la corrupción, sino que le da un giro y el giro que le da es que en lugar de robar poquito para pocos, roba mucho para muchos, es decir es un modelo que ya conocíamos porque ya lo habíamos visto al final del primer gobierno sandinista ‘la piñata’. Es un modelo en el cual el que parte y reparte se queda con la mejor parte”, expresó Courtney. Los efectos de esa distribución es mantener la base social. Y recordó que esto lo hacen “en nombre de la continuidad en el poder y el proyecto revolucionario”.
Y de esa manera, dijo, evitan que situaciones como estas incomoden a sus miembros en la Alcaldía de Managua, donde se saquea la municipalidad “para supuestamente pagar un programa de rezadores que supuestamente eran voluntarios (…), lo que significa que lo que estaba supuesto a cubrir la Alcaldía también se robaron”.
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