Los escombros de cuatro edificios que fueron sacudidos por el terremoto de 1972 y que luego se convirtieron en el refugio de 320 familias en el centro de Managua están siendo demolidos desde el pasado lunes.
De inmediato los responsables del proyecto llamaron a la Policía Nacional, entidad que realizará una investigación para determinar la procedencia de las armas y los proyectiles.
“La Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua van a hacer las investigaciones necesarias para dar con la persona que almacenaba esas armas, porque es un delito, además que ahí vivían niños, ancianos y mujeres trabajadoras”, sostuvo el subcomandante Javier Amaya, de la Dirección General de Bomberos.
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- Las bases de los cuatro edificios y las azoteas son estructuras repletas de hierro y concreto. Los ingenieros del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) estimaban que en pocos días lograrían eliminar los escombros, pero en el terreno constataron que tendrán que invertir más tiempo en la demolición.
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La Alcaldía de Managua (Alma), el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), la Dirección General de Bomberos, Defensa Civil y el Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) son las instituciones gubernamentales que se encuentran al frente de los trabajos de destrucción de las enormes estructuras.
Un total de 195 hombres trabajan en la demolición y de ellos 83 son ex habitantes de esos edificios, quienes acordaron con las autoridades municipales ayudar en la obra a cambio de obtener todo el hierro que permanece entre las columnas y paredes de los edificios.
El subcomandante Javier Amaya, de la Dirección General de Bomberos, explicó que cada una de las personas involucradas en los trabajos de demolición cuentan con los equipos de seguridad para evitar un accidente.
“Cada trabajador tiene un casco, cuerdas y vestimenta adecuada para el trabajo. Cerramos las vías aledañas y colocamos láminas de zinc alrededor de cada edificio para evitar que las personas o los carros sean afectados”, detalló Amaya.
ENFERMOS
Pero estas medidas de seguridad no fueron suficientes para mantener contentos a los pobladores que habitan en la periferia de los escombros, ya que el polvo que se desprende de la demolición está afectando la salud de los vecinos.
“A mis niños los mandé a otra casa, porque ya no se puede estar aquí. No hay agua ni luz, ya que esas piedras caen sobre los cables de energía y a cada rato se corta el servicio”, expresó muy molesta la señora Ligia Robleto.
Para los vecinos el cerco de láminas de zinc que colocaron las autoridades alrededor de los edificios no representa ningún beneficio para ellos, porque el techo de sus casas está repleto de piedras y con enormes huecos que representan un peligro y un gasto extra para sus bolsillos.
Las autoridades responsables de la demolición indicaron que tienen proyectado concluir los trabajos de destrucción en 45 días. “Luego todo el material (recogido) será trasladado al Puerto Salvador Allende, donde será utilizado para reforzar ese proyecto”, dijo Amaya.
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