Una de las medidas que el Gobierno prepara para sanear las finanzas de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) es modificar la tarifa que se cobra a los consumidores por recibir el suministro de agua potable.
Al menos es lo que deja entrever el acuerdo adquirido por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que se debe cumplir este año para mantener al país dentro del programa macroeconómico.
Conforme con lo que se suscribió en la nueva Carta de Intenciones con el FMI, el Gobierno debe enderezar las finanzas y el plan de inversión de Enacal a fin de volverla una empresa rentable.
Antenor Rosales, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN),
si bien insiste que no contemplan privatizar el servicio de agua, asegura que deben adoptar medidas para hacer sostenible financieramente a la empresa aguadora.
Esa obligación implica la revisión de parte del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), del pliego tarifario autorizado a cobrar por parte de Enacal a los consumidores.
ENACAL DEBE SER MÁS EFICIENTE EN COBRAR
Además, que haya mayor eficiencia en el cobro de la factura a los consumidores y que realmente la empresa cumpla el plan de ampliación de la red de distribución y suministro del servicio a la población.
Según explicó Rosales, en entrevista brindada al oficialista Canal 8, son las soluciones más factibles que identificaron luego del análisis que hicieran con el FMI al déficit económico que viene arrastrando desde hace años la empresa aguadora.
Sostiene que Enacal debe “garantizar el cobro de esas facturas que están en mora” de parte de los consumidores, como aplicar acciones “que permitan que el agua que se distribuye verdaderamente sea consumida de forma racional”.
Insistió que el Gobierno hará cumplir a Enacal el plan de inversión para ampliar la red de suministro de agua potable y alcantarillado, que es financiado por el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la cooperación española.
COMIENZAN A SANEARLA
El Gobierno igual está obligado a limpiar de deudas a Enacal con la empresa distribuidora de energía Gas Natural, a la que debe por el consumo del servicio para el bombeo de los pozos que suministran el agua potable.
Dicha cancelación ya comenzó, pues solo este año se estaría pagando 378.7 millones de córdobas a Gas Natural.
En La Gaceta, diario oficial, del 26 de abril de 2011, la Presidencia de la República autoriza al Ministerio de Hacienda pagar 50 millones de córdobas a la distribuidora de energía por concepto de facturación vencida a diciembre del 2010 de Enacal por el suministro de energía eléctrica.
Esta partida fue asumida como deuda pública. A estos fondos se le suman los 328.7 millones de córdobas que se le asignó a Enacal vía reforma presupuestaria en 2011 para cancelar parte de la deuda por el consumo de energía hasta el 2010.
OTRO COMPROMISO
Rosales explicó que esto también tiene que ver con el compromiso con el FMI de garantizar la estabilidad del sistema eléctrico del país, que pasa por que se pague la factura de distribución conforme el costo que implique el aumento de la generación por el alza del precio del petróleo.
“No se va a permitir que se produzca un rezago entre la tarifa eléctrica y el costo de la generación y la distribución en su caso. En caso de producirse un diferencial eso va a ser cubierto con fondos que provengan de la cooperación venezolana, de la factura petrolera”, afirmó Rosales.
Actualmente el Gobierno destina tres millones de dólares para mantener congelada la tarifa de energía eléctrica, que cubre los desvíos tarifarios acumulados hasta febrero con la distribuidora Gas Natural.
Los fondos salen de un préstamo con Alba-Caruna, que maneja los recursos del acuerdo petrolero entre los estados de Nicaragua y Venezuela.
HERRERA CONFIRMA RIESGO
La expresidenta ejecutiva de Enacal, Ruth Selma Herrera, sostuvo ayer que existe el riesgo de privatización de la empresa aguadora y agregó que no se puede tratar de capear este bulto que se “cocina” en la Asamblea Nacional con las reformas a su ley orgánica, diciendo que la medida es para organizar la empresa y montar un sistema de tarifas diferenciado para tratar de capitalizarla y hacerla más rentable.
Herrera criticó el hecho de que hasta ahora el Gobierno está interesado en que Enacal sea rentable, cuando en su administración solicitaron que se entregara un subsidio de más de 300 millones de córdobas, correspondientes a la tarifa subsidiada de agua que se mantiene para los sectores pobres, que cubre el 70 por ciento de usuarios de Enacal.
TEMEN PRIVATIZACIÓN
Felipe Ortiz, consultor en medio ambiente, coincidió con Herrera y afirmó que estas reformas que se pretenden ejecutar en el parlamento llevan un camino de privatización de la distribución del agua.
“A mi parecer todo apunta a una privatización y lo veo muy cerca. Podría ser un gran error con muchas consecuencias negativas y el daño podría ser enorme en el país. La ley de Aguas Nacionales, la Ley de los Comités de Agua Potable, Ley General de Recursos Naturales, establecen que el agua no debe privatizarse y esto da un pie para impedirlo”, especificó.
Kamilo Lara, especialista en medio ambiente, manifestó ayer que el recurso agua no puede ser privatizado porque así lo establece la Constitución Política del Nicaragua.
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