Más de 21 mil empleados estatales despedidos sin indemnización, inestabilidad laboral, bajos salarios, discriminación, represalias, chantajes con el llamado “bono-solidario”, irrespeto a la libertad sindical y al fuero sindical es el recuento que los sindicatos independientes le hacen al gobierno de Daniel Ortega en cuanto al trato a la clase trabajadora del país.
“No hay la menor voluntad política que nos indique que este es un gobierno en función de los intereses de la clase trabajadora, como de manera populista lo ha venido diciendo (…), aquí se han violentado todas las normativas en materia de derecho laboral, por eso de manera pública hemos internacionalizado los conflictos laborales”, aseguró Álvaro Leiva Sánchez, secretario de Asuntos Laborales de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep).
Hay casos particulares como el de la construcción, donde el trabajador no tenga acceso a sus derechos laborales.
- Los dirigentes sindicales opositores dijeron que han recibido denuncias de sus afiliados de que son obligados a asistir hoy al acto oficial por la celebración adelantada del Día Internacional de los Trabajadores, el Primero de Mayo, en la llamada Plaza de las Victorias, lo cual consideran ilegal.
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- Otro sector afectado es el de los maestros, que según la dirigente de la Federación Sindical de Maestros, Ena Fuertes, el acoso y persecución hacia los que no están afiliados a los sindicatos oficialistas va desde el chantaje por la estabilidad laboral hasta la utilización arbitraria de la normativa para evitar los castigos físicos y síquicos contra los alumnos.
La profesora Fuertes aseguró que para obligar a los maestros a afiliarse al sindicato oficial los amenazan con traslados a otros sitios. También son obligados a acudir a las rotondas y hay casos denunciados donde en algunas escuelas son obligados a cantar los lunes y los viernes el himno del FSLN junto al Himno Nacional.
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El dirigente del Congreso Permanente de los Trabajadores (CPT), Nilo Salazar, denunció que las subcontrataciones permitidas (sobre todo en los proyectos de las llamadas obras sociales y otras vinculadas a la familia gobernante) provoca que los trabajadores no tengan acceso a una serie de derechos.
Menciona la falta de acceso a un convenio colectivo, al pago de vacaciones y aguinaldo y todo lo establecido en la ley de Seguridad e Higiene Ocupacional.
Además, Salazar indicó que pese al triunfalismo con que las centrales oficialistas anunciaron el aumento del 8 por ciento para los obreros de la construcción, estos apenas alcanzarán un salario mensual de los seis mil córdobas, cuando la canasta básica ya cuesta 9,300 córdobas.
Antonio Jarquín, de la Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN Autónoma), dijo que a la falta de empleo se agrega la diferencia en más del 60 por ciento entre el costo de la canasta básica y el poder de compra que tienen los trabajadores por los bajos salarios. “Con el salario actual no compran ni siquiera el 40 por ciento de la canasta básica”, indicó Jarquín.
IGUAL QUE EN LOS 80
Jarquín sostuvo: “Al igual que ocurrió en los (años) 80, los trabajadores siguen siendo manipulados, controlados, humillados desde las esferas de gobierno en favor de la personalidad, por cierto indeseable, de Daniel Ortega. La libertad sindical ha dejado de ser un derecho activo y se ha convertido en una retórica establecida en la Constitución y las leyes”.
“En el Estado si no sos afiliado al Frente Sandinista, estás señalado como opositor, contrario al gobierno y sometido a todo tipo de vejámenes y represiones”, denunció Jarquín.
“Cuando hablamos con trabajadores, las expresiones que nos dicen es que ‘nos sentimos humillados y ultrajados’, porque para poder conservar el empleo y para tener el favor de los 530 córdobas mensuales tienen ya calendarizado ir a las rotondas a hacer alabanzas al dictador”, dijo Jarquín.
Mientras en empresas de Zona Franca, según Jarquín, un convenio entre la ministra del Trabajo, Jeanette Chávez y el secretario ejecutivo de esa corporación, Álvaro Baltodano, le ha impuesto a los casi 90 mil obreros revisiones salariales cada tres años, “cuando saben que el costo de la vida se mueve semana a semana, al ritmo que se mueve el incremento en hidrocarburos”.
El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, lamentó que durante el gobierno de Ortega los derechos laborales son los derechos humanos que más se han visto afectados.
Carmona refirió que durante este gobierno, además de los 21 mil empleados públicos despedidos, se contabilizan unos siete mil obreros afectados con el cierre de más de 600 panaderías.
Para Carmona el retroceso en materia laboral en el país es por la falta de una opción del gobierno que incentive la inversión para generar fuentes de trabajo.
En parte el artículo 23, del tercer grupo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se establece: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.
Álvaro Leiva Sánchez, de Fedetrasep, criticó que el gobierno de Ortega nunca tomó conciencia de instruir políticas de Estado a fin de garantizar el derecho al trabajo como un derecho constitucional.
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