De aprobarse el anteproyecto de ley que quiere eliminar los cobros por obtener el título en las universidades del país, el Gobierno estaría “interviniendo” inconstitucionalmente en la autonomía administrativa y financiera de la que gozan las universidades del país, principalmente las instituciones privadas donde los cobros por culminación de estudios oscilan entre los 500 y los 1,800 dólares.
Ayer los miembros del Consejo Nacional de Rectores de Nicaragua condenaron el injerencismo con el que actuaría el Gobierno al prohibir el cobro de aranceles por egreso y titulación.
El presidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Telémaco Talavera, no descartó que esta acción tenga fines electoreros.
Y el presidente del Consejo Superior de Universidades Privadas (Cosup), Adán Bermúdez, dijo que esto sería una “intervención” en la actividad universitaria de parte del gobernante Frente Sandinista.
Esta iniciativa de ley fue presentada por la bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) el año pasado, y de ser aprobada prohibiría todo cobro de aranceles en el proceso de egreso y otorgamiento de títulos, promoción y cualquier otro método de acreditación profesional.
Además, plantea que las instituciones de educación superior destinarán de sus ingresos un presupuesto especial para la cobertura de los gastos que incurra el egreso y titulación de los profesionales.
Según Gilberto Bergman, rector de la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC), el planteamiento de los recintos privados sería extender únicamente cartas de egresados a los jóvenes que culminen sus estudios superiores en universidades privadas.
“Yo no me explico por qué el Gobierno tiene que intervenir en asuntos que violan la autonomía universitaria. Pero lo pueden usar con fines electoreros”, afirmó Bergman.
El rector planteó la necesidad de un contrato que indique al estudiante los precios y formas de culminación de estudios.
Cada año unos 50 mil bachilleres egresan de las escuelas, según el Ministerio de Educación (Mined) y 30,000 entran a la universidad.
“Y de esos 30,000 alrededor del 60 por ciento entra a las universidades privadas y el resto es asumido por las universidades públicas”, dijo el presidente del Cosup.
“Al final todo puede tener usos electoreros en una u otra dirección. Promoverla u oponerse puede tener una lógica electorera, pero hay una realidad económica”, sostuvo Telémaco Talavera.
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