Por Elizabeth Romero y Lucía Navas
La Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) de la Policía Nacional extendió sus investigaciones en otras instituciones del Estado, además de la efectuada en la Dirección General de Ingresos (DGI), confirmó la directora de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera. Extraoficialmente se conoció que una de estas instituciones es la Dirección General de Aduanas (DGA).
Mientras tanto Bayardo Arce Castaño, asesor para asuntos económicos del presidente Daniel Ortega, confirmó que “está claro que hay algo anómalo ahí (en la DGI). Por eso precisamente el Presidente de la República mandó hacer una investigación”. Admitió que se sospecha que en la DGI se cometió una defraudación con recursos públicos bajo la administración del ahora exdirector de Ingresos, Walter Porras Amador.
“El comandante Daniel Ortega, en su carácter de presidente de la República y de jefe supremo de la Policía Nacional, ha instruido a la institución policial para que a través de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) realice una labor preventiva e investigativa permanente en el ámbito de todas las instituciones del Estado”, afirmó Granera.
Ante las insistentes preguntas de los periodistas sobre el caso de la DGI, Granera dijo: “Les reitero, no solo en la DGI, en todas las instituciones del Estado a través de la Dirección de Investigaciones Económicas, esto conlleva trabajo investigativo público y trabajo investigativo secreto”.
La jefa policial se refirió al tema durante un acto de reconocimiento que realizó a los policías que se destacaron en su trabajo durante el pasado Plan Verano.
Sin embargo, Granera evitó referirse al informe de la DIE que extraoficialmente se ha conocido y que confirmaría aparentemente un fraude millonario al Estado.
“Aquí también quiero ser absolutamente clara y enfática, la Contraloría General de la República es la institución conforme la ley a quien le corresponde pronunciase sobre los hallazgos que se puedan encontrar en este caso, cualquier otro pronunciamiento ni lo podemos hacer, ni lo podemos comentar, ni reconocer (…) en este caso o en otro caso similar”, dijo Granera.
ARCE CONFIRMA QUE DESTITUCIÓN DE WALTER PORRAS FUE POR DENUNCIAS
Por su parte Arce incluso aceptó que la destitución de Porras la ordenó el presidente Ortega ante los reportes que apuntaban a que se estaban cometiendo graves malos manejos en la entidad recaudadora de impuestos.
LA PRENSA reveló que un informe de la Dirección General de Auxilio Judicial Nacional establece que Walter Porras y varias personas allegadas a él crearon una red que habría cometido fraude contra el Estado con al menos 67.5 millones de córdobas.
Las redes de Porras actuaban ofreciendo a diferentes empresas la devolución de Impuestos al Valor Agregado (IVA) sin tener que cumplir con el procedimiento debido, pero solamente le iban a entregar al contribuyente beneficiado el 40 por ciento del monto, ya que el 60 por ciento sería para “el pago de los contactos en la DGI (Dirección General de Ingresos)”.
“Por eso mismo también se ha hecho una reestructuración en los cuadros (superiores) de esa entidad para no permitir malos manejos con los fondos que pagan los agentes económicos a través de la Dirección de Ingresos”, dijo Arce ayer.
ES PRIMERA VEZ QUE EL GOBIERNO RECONOCE PARTE DE SU CORRUPCIÓN
Es la primera vez que un funcionario gubernamental admite una investigación formal en el caso Porras, algo que hasta la Policía Nacional se había negado a reconocer.
“El Gobierno es el que inició la investigación. El Gobierno es el que cambió los cuadros, no es una acción externa al Gobierno. Somos nosotros poniendo en orden la casa”, insistió Arce.
El asesor presidencial prometió que una vez tengan los resultados finales de la investigación en la DGI, se darán a conocer y “se tomarán las decisiones correspondientes”, no descartando que acusen en los tribunales a quienes resulten implicados.
“Eso lo esperamos nosotros, que cuando estén los resultados finales, si hay actos delictivos punibles, se tomen las medidas de ley correspondientes”, aseguró.
“No se está haciendo una investigación para el morbo de lectores de periódicos que quieran ver nombres y presos, sino para poner en orden el funcionamiento del Estado”, dijo Arce.
INFORMES DE WALTER PORRAS NO CUADRABAN
Y es que por sus explicaciones, a nivel central de Gobierno se venía sospechando desde hace tiempo que Walter Porras Amador maquillaba los informes sobre la recaudación de impuestos, pues los que presentaba no eran sustentables con los estimados que correspondía en concepto de devolución a las empresas que tenían derecho a entregarles.
“Creo que yo personalmente hice señalamientos públicos en algún momento, dado que los reportes que hacía el licenciado Walter Porras de los incrementos de recaudación no respondían, según mis informes, a los resultados netos”, explicó Arce.
“Él tenía que hacer devoluciones del IVA (Impuesto del Valor Agregado) como corresponde y yo sabía por el mismo planteamiento de la Cámara de la Construcción, del Cosep y de otros gremios como los banqueros, que había un retraso en la devolución de esos pagos de impuestos”, agregó Arce.
LA DISPOSICIÓN DE PORRAS
Según el informe de la DAJ, mediante la disposición administrativa 01-2010 emitida en abril de 2010, Walter Porras estableció que a las empresas se les podía desembolsar hasta el 50 por ciento de sus saldos a favor solamente sin revisión previa. El otro 50 por ciento se regresaría luego de una revisión rigurosa por parte de la Dirección de Fiscalización.
Así se creó una trama de extorsión en la que las empresas recibían parte de su devolución de impuestos a cambio de una intrincada negociación en la que se lucraba una selectiva lista de gestores.
La devolución de impuesto es un mecanismo legal mediante el cual la DGI regresa a las empresas lo que han pagado de más en impuestos o bien por los tributos pagados en la compra de bienes y servicios por los cuales gozan de exoneración fiscal.
En la reunión que sostuvo Arce ayer con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), tranquilizó a los empresarios al afirmarles que hasta el momento “ninguna empresa formal de las afiliadas al Cosep, menos las que lideran los gerentes que son presidentes de Cámara, han estado vinculadas a ningún acto delictivo” que se investiga en la DGI.
José Adán Aguerri, presidente del Cosep, planteó que ante la gravedad de lo que estaría sucediendo en la entidad se deben reformar los mecanismos sobre la devolución de los impuestos por la exoneración que gocen las empresas.
“Aquí hemos planteado la necesidad de que estos impuestos (el monto exonerado) en el caso de nuestras empresas no se tengan que enterar (a la DGI)”, dijo Aguerri.
La propuesta también es que cuando el Gobierno necesite por flujo de recursos recibir por adelantado el pago de los impuestos, el reglamento a seguir establezca un procedimiento ágil y sin discrecionalidad de por medio del funcionario público, para que exista “certeza que se nos van a devolver estos impuestos”.
Por su parte el vocero del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Leonel Teller, dijo que ese partido demanda una investigación exhaustiva de lo que ocurre en la DGI y anunció que la bancada liberal en la Asamblea Nacional se involucrará en este caso. Y que el gobierno se comprometa a que habrá castigo en contra de los que malversaron el dinero de los impuestos de los nicaragüenses.
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