Los recursos de los managuas se manejan a “puertas cerradas” en la Alcaldía de Managua, cuya administración continúa excluyendo al Comité de Licitaciones de esa entidad, según confirmó el concejal liberal Jimmy Blandón.
“Yo soy uno de los miembros del Comité de Licitaciones y no me invitan a todo el proceso completo. Cuando llegan las invitaciones solo son para las aperturas de ofertas o para la presentación de los pliegos de base de la licitación, pero no a todo el proceso. Entonces, no me permiten conocer todo el proceso de contrataciones en el comité”, indicó el edil del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que por ley es parte del Comité de Licitación de la municipalidad.
Desde que la actual administración orteguista llegó a la Alcaldía de Managua, en enero del 2009, se han dado más de 300 adjudicaciones de proyectos sin seguir el debido proceso. El monto por estas contrataciones podría superar los 800 millones de córdobas, si se toma en cuenta que cada año se destinan cerca de 400 millones de córdobas para obras mayores y menores de infraestructura.
“El problema con la Alcaldía de Managua es que realizan su exclusión de procedimientos para no licitar y así agilizar supuestamente las obras, pero ocurre todo lo contrario. Y si las hacen (las licitaciones), no son transparentes y no dan a conocer el mecanismo de licitación porque no invitan a nadie y encima de eso las obras no se concluyen en el tiempo. Hacen lo que quieren, adjudican lo que quieren y los proyectos se ejecutan tardíamente o de mala calidad”, criticó el concejal conservador Luciano García.
De acuerdo con la Ley 622 de Contrataciones Municipales, en su artículo 20, el Comité de Licitación “intervendrá en todas las etapas del proceso de la contratación, desde la elaboración de los pliegos de bases y condiciones, convocatorias, aclaraciones, evaluaciones hasta la recomendación de la adquisición”.
La exclusión de procedimientos también ha sido parte de la criticada administración de la Alcaldía de Managua.
Desde inicios del 2009 a la fecha, ya han aprobado la ejecución de unos 500 millones de córdobas, según los mismos datos de la actual administración.
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