Cedulación partidizada, uso de bienes y oficinas del Estado para promocionar la candidatura del presidente Daniel Ortega y falta de promoción de la verificación permanente son algunas de las anomalías registradas en el primer informe de observación electoral presentado ayer por el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), que abarca el primer cuatrimestre de 2011.
Según Herrero, las organizaciones civiles pueden levantar mapas de las zonas donde los procesos de votación podrían sufrir de falta de transparencia, para alertar y ayudar a los poderes electorales.
“Es importante y clave que las organizaciones civiles den cobertura y observen, que verifiquen, que generen mapas de riesgo electoral donde no haya transparencia”, manifestó.
Un punto importante, indicó Herrero, es que las organizaciones civiles trabajen junto a los poderes electorales.
El director residente del NDI en Colombia se encuentra en Nicaragua impartiendo un taller sobre democracia con resultados, en un diplomado de liderazgo y gerencia política.
Herrero dijo que los latinoamericanos apoyan la democracia, pero el grado de insatisfacción es muy alto, de acuerdo con los resultados difundidos por el Latinobarómetro.
“Según la percepción de los ciudadanos, pareciera que la democracia goza de mejor salud, según el Latinobarómetro”, indicó.
Pero la democracia, agregó, es distinta para cada grupo. Por ejemplo, en algunos países se promueve la “democracia participativa”, como en el bloque de la Alianza Bolivariana para las Américas (Alba), y en otros se habla de “democracia representativa”.
“No todos manejan el mismo concepto de democracia”, precisó. Añadió que un punto importante ahora es que los procesos electorales gozan de aceptación.
En los últimos años, solo en Nicaragua se ha denunciado un fraude electoral (2008).
Este año habrá elecciones presidenciales en Nicaragua, donde la ley establece la observación electoral, pero el Poder Electoral pretende sustituirla por el “acompañamiento”.
Ludwin Loáisiga
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En el caso de la cedulación, uno de los hallazgos es que en 65 de los 97 municipios donde se dice que hay oficinas de cedulación los trámites para la obtención del documento de identidad son ejecutados por miembros de partidos políticos y no de funcionarios electorales.
En al menos tres de esos 65 municipios (Wiwilí, San Fernando y Waspam) la cedulación es controlada por el Partido Resistencia Nicaragüense (PRN), el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Yatama, mientras en el resto lo hacen representantes del gobernante Frente Sandinista (FSLN).
De 80 municipios analizados por la red de observadores de Ipade, solo en 18 hay delegaciones de cedulación; y de estas, 13 están ubicadas en cabeceras departamentales.
Mauricio Zúñiga, director ejecutivo de Ipade, declaró que la cedulación partidaria violenta los derechos ciudadanos, en el sentido de que todos somos iguales ante la ley.
A ello se suma que algunos ciudadanos obtienen gratis la cédula por ser simpatizantes del FSLN, mientras otros deben pagar 300 córdobas o simplemente no pueden acceder a ella porque no disponen de recursos para trasladarse hasta donde se encuentran las oficinas departamentales de cedulación.
USAN HASTA AMBULANCIAS
Respecto al uso de bienes del Estado en actividades partidarias y de campaña electoral, más la propaganda electoral en oficinas del Estado, Ipade afirma que eso se ha vuelto una constante en diez municipios que son cabeceras departamentales y de las dos Regiones Autónomas Atlántico Norte y Sur.
El partido gobernante usa vehículos estatales que incluyen hasta ambulancias, además de oficinas, auditorios, escuelas, alcaldías y delegaciones de Educación.
Por esa razón Ipade recomienda que el fiscal electoral, Armando Juárez, investigue de oficio el uso indebido de los recursos del Estado que hace el FSLN.
OBSERVACIÓN ES UNA NECESIDAD
Una de las conclusiones del informe de Ipade es que la observación electoral es vista por la mayoría de ciudadanos como una necesidad y un mecanismo fundamental para fortalecer transparencia en los procesos electorales.
Por tanto urgió la emisión del reglamento que regiría la observación electoral, indicando que el término acompañamiento que trata de imponer el Poder Electoral no existe en las leyes de la república.
Ipade también recomienda la elección de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) porque este poder sigue dirigido por autoridades ilegítimas, cuestionadas por su “colaboración” en el fraude electoral de 2008.
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