Pareciera que en Nicaragua se están cerrando los caminos que llevan a la democracia y al ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Una serie de medidas y actuaciones del poder conducen a percibir, cada vez con mayor claridad, la decisión de control de todas las instituciones del Estado, con el propósito de impedir que la sociedad ejerza los derechos que le corresponden en un sistema democrático regido por el imperio de la Constitución, la subordinación del poder a la ley, el principio de legalidad, que es la condición para la existencia del Estado de Derecho, y el principio de legitimidad, que es lo único que autoriza y justifica la existencia del poder regulado por la ley y las instituciones que provienen de la voluntad general.
Preocupa por lo tanto observar la subordinación de los poderes e instituciones del Estado a la voluntad omnímoda del gobernante, y la forma como se viola la Constitución y se transgrede el sistema legal a través de la arbitrariedad convertida en estilo de gobierno. Casi todos los días vemos la adopción de medidas que contravienen la ley, decretos que violan la Constitución, nombramientos de funcionarios hechos irregularmente pues no se observan los requisitos de ratificación por parte de la Asamblea establecidos en la Constitución, sentencias y decisiones judiciales que violentan lo establecido en la Ley fundamental y, en general, observamos al aparato del Estado orientado, pareciera de forma exclusiva, a tratar de justificar las acciones del ejecutivo, con el propósito esencial de garantizar la reelección del actual presidente de la República, a pesar de la doble y expresa prohibición establecida en el artículo 147 de la Constitución.
Además de la utilización de las instituciones del Estado para justificar lo injustificable, se violentan los derechos de expresión y manifestación en los casos en los que la Policía Nacional no permite a los ciudadanos su ejercicio, al obstaculizar las marchas previamente autorizadas, incluyendo día, hora y recorrido, y al tolerar que las fuerzas de choque que el gobernante utiliza para reprimir, ocupen las plazas, avenidas y calles por donde debía transitar la manifestación de la ciudadanía.
Se reprime desde las calles y desde las instituciones, se impide de diferentes maneras la expresión colectiva y pública de disidencia y se impone una forma de opresión sobre la sociedad civil, la que no tiene justificación alguna en un sistema medianamente democrático. Estas medidas que a todas luces son excesos en el uso del poder, llevan a preguntarse si tales actitudes que se han venido generalizando son reacciones irracionales o si, por el contrario, constituyen también y sobre todo un plan premeditado y estratégico mediante el cual se busca no solo reprimir, sino además dejar en evidencia la voluntad de hacerlo, a fin de amedrentar a la población y hacerle ver que el poder está dispuesto a lo que sea con tal de imponer su voluntad.
Cualquiera sea la intención, la realidad es que la arbitrariedad está deviniendo la forma de comportamiento gubernamental que actúa fríamente hasta donde puede hacerlo sin reacción y hasta dónde puede llegar desde el plano de las instituciones del Estado o desde las acciones para reprimir las protestas populares.
Esta situación evidentemente deja al país en un clima de tensión y confrontación, el que se ha agudizado en tanto ha ido avanzando el tiempo hacia la fecha de las elecciones del 6 de noviembre, a la vez que nos hace ver con claridad que tal situación puede continuar deteriorándose después de ese día, ante la posibilidad de que se establezca en el país un gobierno ilegítimo e inconstitucional.
Además, una situación semejante advierte sobre la incapacidad de la oposición de presentar una actitud que pueda enfrentar adecuadamente lo que está ocurriendo, pues sus acciones están determinadas por intereses ligados a la posibilidad de mantener u obtener cargos públicos que la beneficien desde un punto de vista económico y político.
Nicaragua enfrenta, en consecuencia, un claro deterioro de la cúpula política, sea que se le considere desde el gobierno o desde la oposición, un desmoronamiento del vértice de la pirámide de la estructura política, lo que acentúa aun más no solo la preocupación, sino los riesgos de tensión, propios de aquellas situaciones en las que los espacios se van cerrando paulatina o abruptamente.
Estamos presenciando el derrumbe del Estado de Derecho y con él de la democracia, y un aspecto de ese drama es que buena parte de lo que se llama sociedad civil no participa, desde la situación que le es propia y que por esa razón le corresponde, en la construcción de las políticas públicas y sociales cuyos efectos atañen a todos los nicaragüenses. Es cierto que un sector de la sociedad, que ha ido en aumento, muestra un interés creciente de participación y acción, pero este es todavía insuficiente cuantitativa y cualitativamente.
La situación que estamos viviendo nos muestra que hay un problema en cada uno de los tres núcleos que componen la estructura y función del accionar político y social, me refiero al Estado, a los partidos políticos de oposición y a la ciudadanía. El poder que se ejerce desde el Estado, se acumula en forma creciente atropellando la Constitución, las leyes y las instituciones en detrimento de los derechos y garantías fundamentales de la ciudadanía. Los partidos políticos de oposición no presentan iniciativas a considerar y se confrontan y atacan entre sí, en una lucha absurda y por demás alejada de los intereses verdaderos del país, y la ciudadanía aun no alcanza niveles de presión y acción suficientes para ser un factor de cambio que permita corregir el rumbo que se lleva en estos momentos, aunque sin duda hay un avance constante en su visión y acción.
Ante una situación semejante es fundamental y urgente encontrar puntos comunes que permitan presentar una opción nacional que impida que Nicaragua transite nuevamente por las rutas de la violencia, sobre todo ahora que todavía existe una sociedad civil preocupada y participativa, y una convicción colectiva sobre la necesidad de detener el deterioro del sistema legal y las instituciones, consciente que la destrucción de la Constitución, conduce inexorablemente, a la desintegración de la sociedad misma y de la ciudadanía.
Hay que abrir pues el espacio de la legalidad y la legitimidad, del respeto a la Constitución y las instituciones, pues de lo contrario no será posible la democracia, ni el desarrollo económico y social que requiere seguridad jurídica y estabilidad como condición indispensable para que pueda realizarse.
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