Las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el caso de Libia hacen abrigar la esperanza de un nuevo multilateralismo en la política internacional. Aunque insuficientes para poner fin de manera rápida a la pesadilla de Gadafi, han tratado de conciliar el respeto a los principios del derecho internacional con la acción colectiva en defensa de los derechos humanos del pueblo libio.
El multilateralismo del siglo XXI exige el destierro definitivo tanto del pragmatismo cínico de la “real politik”, que ha llevado a la convivencia cómplice con regímenes despóticos mientras estos apoyen o no pongan en peligro los intereses y la seguridad de los países desarrollados, como de las tesis intervencionistas neoconservadoras. Basado a la vez en principios morales y en un realismo efectivo, es la única manera de enfrentar los problemas de un mundo globalizado. Exige, además, abandonar la diplomacia reactiva, aquella que trabaja solamente cuando la sangre empieza a correr por las calles.
Latinoamérica necesita con urgencia este nuevo multilateralismo. Nuestros pueblos asisten con impotencia a una peligrosa acumulación de contradicciones económicas y sociales, al crecimiento del crimen organizado y el surgimiento de regímenes populistas de corte neofascista, en medio de un vacío de políticas proactivas y de la total inoperancia de los órganos multilaterales, principalmente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La próxima sesión de la Asamblea General de este organismo, a celebrarse en San Salvador los días 5 y 6 de junio, representa una oportunidad para sus miembros y su socio principal, los Estados Unidos de América, de iniciar este cambio. Esta Asamblea General ha estado precedida por un Diálogo Subregional sobre Democracia para la Paz, la Seguridad y el Desarrollo, llevado a cabo recientemente en San José, Costa Rica, en celebración de los 10 años de la Carta Democrática Interamericana y de los 30 años de democracia en Centroamérica. Los principales problemas analizados fueron el crimen organizado, la seguridad ciudadana y la democracia. Respecto a la lucha contra el crimen y el narcotráfico, el diálogo puso de relieve que mientras no se pongan en práctica nuevos enfoques, que superen las políticas simplemente reactivas y represivas, seguirá siendo esta una guerra perdida de antemano. Destacó igualmente el bloqueo y parálisis prevalecientes, frente a los procesos “de muerte lenta” o de involución de la democracia, como fueron caracterizados por el secretario Insulza, que aceleradamente avanzan en nuestra región.
A la burda manipulación que se hizo de la OEA en el caso de Honduras, capítulo que todos esperamos se dé por cerrado en la próxima cita de San Salvador, con la reintegración de este país hermano ha seguido el intento de constitución de la llamada Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (CELAC), que sustituiría al organismo interamericano, con el patrocinio imperial de los petrodólares de Chávez.
En la mente de todos, como punto principal de la agenda oculta o de corrillos de la próxima Asamblea interamericana, está la situación de Nicaragua, inmersa en un proceso electoral sembrado de irregularidades y claramente enfilado hacia un final fraudulento y traumático.
A fines del año pasado, con el excanciller de la República Norman Caldera, tuvimos la oportunidad de reunirnos con altos funcionarios de la OEA y con la embajadora Julissa Reynoso, encargada de Centroamérica en la Oficina de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado. Los funcionarios nos informaron estar trabajando bajo la premisa del compromiso del presidente Ortega, expresado durante la visita de Reynoso a Managua ese año y en cartas oficiales dirigidas al secretario general, de aceptar la observación electoral del organismo regional. Desafortunadamente, a cinco meses de que se realicen las elecciones en Nicaragua, no hemos visto señal alguna indicativa de que tal promesa vaya a ser una realidad.
San Salvador es una oportunidad para poner en práctica el nuevo multilateralismo que el mundo, y América Latina en particular, necesitan para hacer frente a los problemas que peligrosamente se acumulan y amenazan la estabilidad y la paz. Exigir al presidente Ortega la observación electoral de la OEA en los comicios que se avecinan sería no solo una garantía para el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses, y a los principios consignados en la Carta Democrática, sino también un paso importante para sacar de la inoperancia al organismo regional y una oportunidad para que sus miembros demuestren su compromiso real con los valores que sustentan al sistema interamericano. Ciertamente los pueblos son los únicos responsables de trazar y definir su destino, pero merecen y deben ser apoyados a fin de que existan las condiciones que les permitan elegir, sin coacciones y trampas, su sistema de libertades y sus gobernantes.
El autor es experto en Derecho Internacional
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