Partidos políticos de oposición que participan en la contienda electoral comparten el temor, planteado por el grupo cívico Ética y Transparencia (EyT), de que el gobernante Frente Sandinista (FSLN) haga otro fraude en al menos el 10 por ciento de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) que han sido vulnerables.
Señalaron, además, otras “anomalías” que ya ocurren y serían parte del fraude que gesta el partido del presidente Daniel Ortega, quien pretende reelegirse en los comicios de noviembre próximo.
EyT ve el posible fraude en juntas de unos 25 municipios de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), Jinotega, Matagalpa, Chontales y Managua, que históricamente han sido los más afectados con este tipo de maniobras, tal como indica un estudio realizado por ese organismo.
El vocero de la campaña del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Miguel Rosales, dijo que hay otros indicios de fraude como la renuencia del Consejo Supremo Electoral (CSE) a entregar credenciales a los fiscales de los partidos para acceder a ciertas áreas “sensibles” de ese poder del Estado.
Esos fiscales deberían estar acreditados desde que el CSE convocó al proceso electoral, hace meses.
“Hemos denunciado que nuestros fiscales de cedulación, partidos políticos, padrón electoral y otros, no pueden supervisar el accionar del Consejo en ninguna de esas áreas por falta de la credencial, ya que sin ella ni siquiera pueden ingresar a las instalaciones, mucho menos hacer preguntas o investigar”, explicó Rosales.
Añadió que eso, más la cedulación sesgada a menores de edad y dominada por dirigentes de los progubernamentales Consejos del Poder Ciudadano (CPC), son prácticas fraudulentas institucionalizadas con el único fin de contribuir con ese fraude.
En estas circunstancias, los partidos opositores consideran que la única alternativa que la ley les garantiza es la presencia de sus fiscales en cada JRV, pero ellos tienen que asegurarse de que estos cuenten con una capacitación sólida para defender el voto.
VIGILAR TODO EL PROCESO
El jefe de campaña de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Álvaro Somoza, declaró que su partido tiene la particular importancia de que es la segunda fuerza política y, por la ley electoral, posee además de los fiscales partidarios a los primeros miembros en la mitad de las JRV del país y a los presidentes en la otra mitad.
ALN también cuenta con primeros miembros y algunos presidentes en los Consejos Electorales Municipales (CEM) y en los Consejos Electorales Departamentales (CED).
Dionisio Palacios, propuesto como fiscal electoral nacional de la alianza Partido Liberal Independiente (PLI), que aún no recibe la credencial, comentó que, dada la experiencia acumulada por el fraude que hizo el FSLN en las elecciones municipales de 2008, las maniobras sucias no solo se concretan en las JRV.
Palacios recuerda que en esa oportunidad también cambiaron datos en las actas mientras las trasladaban a Managua, por lo que considera necesario garantizar la vigilancia de todo el proceso y la capacitación a los fiscales de ruta y quienes se encuentren en los centros de revisión aritmética de los departamentos y del centro nacional de cómputos, donde se registró la mayor cantidad de problemas durante el fraude del 2008.
OBSERVACIÓN ES NECESARIA
“Tal vez no podamos impedir todo lo que planean, pero esa es la única solución que tenemos. No nos queda otra alternativa, porque la presencia de la observación nacional e internacional es otra cosa que disminuye las posibilidades de fraude, pero ante la negativa del Consejo (Electoral) es casi seguro que no se contará con ese apoyo”, comentó Palacios.
El PLC, ALN y la alianza PLI coinciden en que deben invertir para preparar lo mejor que puedan a ese “ejército” de simpatizantes de sus partidos, que serán los encargados de evitar que se manipulen los resultados electorales, o al menos documentar y recaudar pruebas necesarias para denunciar el fraude.
Miguel Rosales informó que se reunirán con los directivos de EyT para ampliar y documentar las “irregularidades” que comete el CSE. Luego harán un “periplo” por las representaciones diplomáticas acreditadas en el país, comenzando por la Unión Europea (UE), para denunciar el posible fraude.
Sin embargo, Palacios considera que no es oportuno denunciar algo que aún no sucede, e insiste en fortalecer la capacitación del tendido electoral.
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