Los electores nicaragüenses tienen suficientes motivos para sospechar que Daniel Ortega prepara un fraude, para garantizar su reelección en la Presidencia el próximo noviembre.
El mecanismo adoptado por el Poder Electoral para entregar la cédula de identidad a los ciudadanos, que da facilidades a unos y pone obstáculos a otros, es más que sospechoso.
Está comprobado que los seguidores del Frente Sandinista (FSLN), el partido de Ortega, han recibido la cédula con preferencia; y como este documento es necesario para votar, tendrán ventaja frente a los opositores en las elecciones de noviembre.
Más de 450 mil nicaragüenses estaban sin cédula a principios de este año, según cálculos de la empresa consultora M&R, y la mayoría serían opositores al FSLN.
Otra razón para sospechar que el FSLN trama algo sucio, es el misterio sobre el padrón electoral. Faltan cinco meses para las votaciones y el Consejo Supremo Electoral (CSE) aún oculta cuántos votantes aptos habrá en estas elecciones, más otras cifras elementales como la cantidad real de ciudadanos con cédula.
Pero lo que ha provocado más inquietud en los últimos días es la obsesión de Ortega por impedir que este año lleguen a Nicaragua los observadores electorales internacionales, a pesar de que en las elecciones de 2006, que él ganó con el 38 por ciento de los votos, hubo diferentes misiones de observación y algunas arribaron ocho meses antes de los comicios.
Es ilógico que ahora Ortega bloquee a los observadores electorales, si en las encuestas aparece él en primer lugar de la intención de votos, diez puntos porcentuales arriba de su más cercano contrincante, Fabio Gadea (38 por ciento-28 por ciento, CID-Gallup).
Si Ortega ya se perfila como posible vencedor, lo normal sería que se interesara en que observadores externos avalen su triunfo, sobre todo porque el FSLN arrastra la mala fama de haber hecho un fraude en las elecciones municipales de 2008, que la oposición demostró con pruebas en mano.
Es probable que el FSLN, tras manipular la entrega de cédulas, esté contemplando una maniobra de último momento para robar votos a sus adversarios en algunos municipios, como hizo en 2008 y como ya sospecha el organismo Ética y Transparencia, que acaba de divulgar una lista de 1,284 juntas de votación susceptibles a ser asaltadas por el partido gobernante, por ser bastiones de la oposición.
Por experiencia propia, Ortega ya debe saber que algunos sectores de la población nicaragüense, cuando están bajo un régimen represivo, prefieren ocultar su intención de voto hasta el día de los comicios, porque en las urnas se vengan del opresor.
Así perdió Ortega el poder que gozó durante una década, en febrero de 1990. En toda la campaña estuvo en la cima de las encuestas y al final solo el 40 por ciento de los electores votó por él. Hace cinco años logró menos votos (38 por ciento), pero ganó por la fragmentación de los partidos de oposición. En 2008 el FSLN estaba siendo derrotado en las municipales y recurrió al fraude. Si la contienda se polariza este año, la posibilidad de que haga otro fraude es muy alta; más si no hay observación internacional.
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