El proceso electoral que está en curso y debe desembocar en las votaciones del domingo 6 de noviembre próximo, en el escrutinio subsiguiente y en la proclamación de los electos, está notoriamente plagado de muchos defectos y vicios políticos y legales que ponen en entredicho su credibilidad y amenazan su legitimidad.
Son numerosos, en verdad, los vicios que afectan al proceso electoral que está en desarrollo, pero el más grave y el peor de todos es sin duda el de la candidatura ilegal, inconstitucional e ilegítima de Daniel Ortega a otra reelección presidencial.
Nosotros no nos cansamos ni nos vamos a cansar de repetirlo: el artículo 147 de la Constitución Política de la República establece de manera clara y precisa que “no podrá ser candidato a Presidente ni Vicepresidente de la República: a) El que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiere ejercido por dos períodos presidenciales”.
Esto es lo que dice textualmente la Constitución. Es un artículo que calza a la perfección en el caso de Daniel Ortega, quien es actualmente presidente de Nicaragua y por lo tanto no tiene derecho a la reelección, simple y sencillamente, porque la Constitución la prohíbe en períodos consecutivos. Además, tampoco puede Daniel Ortega ser candidato a otra reelección presidencial, porque de acuerdo con el mismo artículo 147 de la Constitución que hemos citado textualmente, quien hubiere ejercido la Presidencia dos veces no puede volver a ser candidato presidencial, y Daniel Ortega ya fue presidente de Nicaragua en el período de enero de 1985 a abril de 1990, y lo es actualmente, en el período de enero de 2007 a enero de 2012.
Los políticos y abogados orteguistas, y quienes creen sus invenciones polítiqueras y seudolegales, aseguran que la candidatura de Daniel Ortega a otra reelección presidencial es legal, porque la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictó en octubre de 2009 una resolución, en la cual determinó que el artículo 147 de la Constitución no se debe aplicar a Daniel Ortega porque viola el principio de igualdad. Además, dicen que dicha resolución de la Sala Constitucional del Poder Judicial fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en Pleno, y que por lo tanto es válida para todos los efectos de ley y demás que sean necesarios.
Pero eso es una gran falsedad. Primero porque la tal resolución de la Sala Constitucional fue dictada indebidamente, en una reunión en la que no estaban todos sus miembros, no había el quórum señalado por ley y la sesión se rellenó con magistrados orteguistas pertenecientes a otras Salas. Segundo porque la supuesta Corte Plena que dicen ratificó la espuria resolución de la Sala Constitucional, también fue indebidamente constituida, sin el quórum legal, en ausencia de varios magistrados que fueron sustituidos con unos conjueces que igualmente fueron convocados al margen del procedimiento legal. Tercero —y más importante todavía—, porque la Corte Suprema de Justicia, ni en pleno ni en salas especializadas, no puede modificar la Constitución, lo cual es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional con el voto mínimo de 56 diputados. Y finalmente porque de acuerdo con el artículo 182 de la Constitución Política, esta “ es la carta fundamental de la República; las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones”.
Más clara no podría estar la situación de inconstitucionalidad, ilegalidad e ilegitimidad de la candidatura a la reelección presidencial de Daniel Ortega. Y aparte de este enorme vicio del proceso electoral que está en marcha —el cual podemos calificar como monstruoso, porque se trata de una flagrante violación de la Constitución y un brutal atropello a la ley suprema que es la base jurídica del Estado y la sociedad, cometidos por un individuo que ejerce el cargo de presidente de la República—, hay muchos otros elementos fraudulentos y viciosos, como por ejemplo la cedulación sesgada con fines partidistas, así como el abrumador abuso de los recursos del Estado y el Gobierno en respaldo a la campaña electoral de Daniel Ortega.
De manera que cuando se habla del peligro de fraude en las elecciones de noviembre, hay que tomar en cuenta que ya está en desarrollo y que la candidatura ilegal e ilegítima de Daniel Ortega, es el principal y el peor de todos esos fraudes.
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