Procesan en España a asesinos de jesuitas

Veinte militares salvadoreños son procesados en España por el asesinato de seis jesuitas y dos mujeres, el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador, bajo las acusaciones de asesinatos terroristas y lesa humanidad.

Cuatro de las seis víctimas que fueron asesinadas por agentes del Ejército de El Salvador el 16 de noviembre de 1989. LA PRENSA/AP/ARCHIVO/JOHN HOPPER

MADRID/EFE

Veinte militares salvadoreños son procesados en España por el asesinato de seis jesuitas y dos mujeres, el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador, bajo las acusaciones de asesinatos terroristas y lesa humanidad.

El juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco, encargado del caso, decretó además la busca y captura internacional de los 20 procesados y su prisión provisional comunicada y sin fianza. Velasco impuso también una fianza individual de unos 4,560,000 dólares “para asegurar las responsabilidades pecuniarias” que les pudieran ser impuestas.

Fuerzas del Ejército salvadoreño asesinaron al rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el español Ignacio Ellacuría, los sacerdotes de la misma nacionalidad Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, así como al salvadoreño Joaquín López y López. Junto a los jesuitas fueron asesinadas la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.

Entre los procesados figuran el general Guillermo Alfredo Benavides; los coroneles René Emilio Ponce, Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, entre otros coroneles. También está acusado el comandante Carlos Camilo Hernández Barahona, y los sargentos Antonio Ramiro Valos Vargas y Tomás Zárpate Castillo; y el soldado José Alberto Sierra Ascensio.

El magistrado español enmarca los hechos en la “polarización” que existía en esa época en El Salvador entre la extrema derecha y la guerrilla salvadoreña, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Recuerda, además, que los jesuitas “habían asumido el liderazgo de presionar para que las negociaciones se llevasen a cabo”.

El juez explica en el auto de procesamiento que un grupo de oficiales de élite, denominado “La Tandona”, adoptó la decisión de asesinar a los jesuitas.

El encargado de ejecutarla fue Benavides, quien dio la “orden directa” al batallón Atlacatl, a cuyos miembros se solicitó que “simularan una confrontación militar entre ellos y los sacerdotes” una vez que estuviesen muertos para dar la impresión de que habían sido asesinados por el FMLN.

El juez describe que cuando los militares llegaron a la UCA, los jesuitas salieron “alertados por el ruido” y se tiraron al suelo por orden de Valos, quien en su “confesión” recordó que “no parecían peligrosos”, eran bastante mayores e iban “desarmados”, por lo que “tuvo que recordarse a sí mismo que eran delincuentes terroristas y que sus cerebros era lo que importaba”.

Al mismo tiempo, Zarpate disparó a la cocinera y su hija, “que se agarraban la una a la otra”, pero cuando Valos descubrió que “aún seguían vivas en el suelo abrazadas” ordenó a Sierra Ascensio que se asegurase de su muerte.

El juez Velasco recuerda que en 1991 se celebró un proceso judicial en El Salvador contra varios militares, que califica de “defectuoso” ya que acabó “con dos condenas forzadas, para Benavides y Mendoza, que quedaron en libertad en 1992 tras la aprobación de una Ley de Amnistía, y la absolución de incluso asesinos confesos”.

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