Una comisión integrada por cinco miembros, dos del sector privado y tres del sector público, será la encargada de supervisar el sector de las microfinanzas en Nicaragua, según el proyecto de ley de Fomento al Microcrédito que prácticamente ha sido consensuado.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, confirmó que en las próximas semanas la iniciativa de ley estará siendo enviada por el Gobierno a la Asamblea Nacional, para su discusión y aprobación.
“Vamos a pedirle a todos los partidos políticos que le digan sí al proyecto de ley, sí al microcrédito que quiere el sí pago”, reiteró Aguerri.
Precisó que la comisión, que gozará de autonomía, estará integrada por cinco miembros que deben ser ratificados por la Asamblea Nacional de ternas presentadas por el Presidente de la República.
El proyecto de Ley de Fomento al Microcrédito establece que el capital mínimo de una microfinanciera debe ser de 200 mil dólares, no determina límites de los créditos, ni fija tasas de intereses. “Esto debe determinarlo el mercado”, consideró Aguerri.
¿RECUPERARÁ MILLONES PERDIDOS?
El líder empresarial dijo esperar que la legislación ayude a recuperar alrededor de 80 millones de dólares que las microfinancieras dejaron de recibir de los fondeadores externos, luego de la crisis generada por el movimiento de los llamados No Pago, que fue alentado por el Presidente de la República, Daniel Ortega, el 12 de julio de 2008, durante una visita que realizó a Jalapa, Nueva Segovia.
Ese día el presidente Ortega la arremetió contra las financieras, llamando a los morosos “a protestar frente a las oficinas de los usureros”. Luego las protestas se extendieron a diversos municipios del país, provocando la más aguda crisis en el sector de las microfinanzas, que se combinó posteriormente con la crisis financiera y económica mundial.
La aprobación de la Ley de Fomento al Microcrédito es uno de los principales compromisos que Nicaragua asumió con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras la sexta revisión del programa económico hecha en abril. La legislación debe estar aprobada a más tardar en julio próximo.
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