Representantes de varias organizaciones no gubernamentales, que trabajan por la defensa de los derechos de la niñez, manifestaron su desacuerdo a las demandas de universitarios que reclaman una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia. Y más bien demandaron que el Estado garantice seguridad ciudadana a los nicaragüenses en general así como mayor inversión social.
Mario Chamorro, del centro Dos Generaciones, consideró que falta inversión en políticas públicas y políticas sociales por parte del Estado de Nicaragua, las que están vinculadas a derechos de la niñez.
“Vemos más de 500 mil niños fuera del sistema escolar, hay pocas oportunidades de empleo para adolescentes en el país”, dijo Chamorro. Reclamó una mayor inversión en educación y en salud, así como generación de empleos que evite que los padres de los niños y adolescentes se vean obligados a emigrar en busca de un puesto de trabajo dejando a los menores en poder de otros familiares.
ADOLESCENTES QUE DELINQUEN SON ANALFABETAS
Y retomando datos estadísticos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), señaló que la mayoría de los adolescentes que se ven envueltos en actos delictivos son analfabetas o no llegaron a concluir la educación primaria. Muchos de ellos integran familias desequilibradas, donde su padre o su madre ha salido del país, otros han sufrido episodios constantes de violencia así como que los miembros de las familias tienen alguna adicción a drogas lícitas o ilícitas. “Creo que el tema de la violencia es un tema fundamentalmente de seguridad ciudadana y de inversión social y hay que demandar al Estado inversión social en este sentido”, apuntó el representante de Dos Generaciones.
- Adilia Amaya, del Consejo de Coordinación de la Coordinadora de la Niñez (Codeni), quien compartió el dolor a la comunidad universitaria por el crimen contra el joven Evans Omar Ponce, sostuvo que se unen a la demanda estudiantil por la justicia frente a este tipo de hechos cometidos contra adolescentes.
[/doap_box]
Durante dos días consecutivos en la presente semana grupos de jóvenes universitarios se manifestaron en las calles en demanda de una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, tras el crimen cometido por adolescentes contra Evans Omar Ponce, de 21 años, un estudiante de Arquitectura, hecho ocurrido el pasado 13 de mayo en las cercanías de la Universidad Centroamericana (UCA).
La demanda de los universitarios es que se reformen los artículos 202 y 203, del libro tercero del Código, en el que se establecen las penas para los adolescentes que infringen la ley.
CÓDIGO NO ES GENERADOR DE IMPUNIDAD, DICEN
El funcionario del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, que también participó en la reunión, estimó que hay suficientes elementos que les dan la razón para no sumarse al planteamiento de modificar el Código de la Niñez, como una forma de solución del problema.
“El Código de la Niñez no es generador de impunidad, lo que hay que hacer es aplicar integralmente el Código (…) el Estado no está invirtiendo lo suficiente para que nuestra niñez no cometa acciones como las que hoy estamos lamentando”, dijo Carrión, en clara referencia al crimen en contra del universitario, hecho que condenaron los representantes de esos organismos.
Adilia Amaya, del Consejo de Coordinación de la Coordinadora de la Niñez (Codeni), dijo por su parte: “Es una situación que no es defender por defender un marco jurídico, ni defender por defender una ley establecida en nuestro país, estamos pronunciándonos porque defendemos derechos humanos de los adolescentes, derechos humanos de los jóvenes nicaragüenses y que realmente son conquistas que en nuestro país se han logrado”.
Carrión indicó además que no es una defensa antojadiza del Código, sino que “hay razones que tienen como centro precisamente la estabilidad, la vida, la calidad de seres humanos, la condición de sujeto de derechos humanos de la niñez y la población nicaragüense”.
Apuntó el funcionario del Cenidh que el Código fue creado “en coherencia a la convención de la niñez de la Organización de Naciones Unidas, que tienen un rango constitucional en Nicaragua con el artículo 71 que también no es un reconocimiento antojadizo (…) se dio un salto de calidad en reconocer y poner como centro los valores más preciados de la población infantil en Nicaragua como a nivel mundial”.
Carrión resaltó la criminalidad en el país y la violencia generalizada que trasciende a muchas familias, cuyos actores en su mayoría es población adulta.
“Quienes asesinan a mujeres y abusan de la población infantil son en su gran mayoría adultos”, señaló Carrión, quien criticó que la mayoría de estos crímenes atroces están en impunidad.
Además Carrión insistió en señalar que el endurecimiento de las penas en países donde ha habido modificaciones legislativas, como una solución al problema, no han resuelto la criminalidad. Una muestra de eso, dijo, es Guatemala “con la confesión pública mundial del jefe de Estado que se declara impotente, que está en manos del crimen organizado”, expuso Carrión.
Ver en la versión impresa las páginas: 6 A ,1 A
