Por Mabel Calero/CORRESPONSAL/CARAZO.- La juez de Audiencia del Juzgado Local de Diriamba, María Auxiliadora Chavarría, dicto prisión preventiva en la audiencia preliminar de las ocho personas implicadas en supuesta obstrucción de funciones en concurso real con el delito de hurto, tras la entrega de los bienes incautados de la banda “Los Guachinangos”, en depósito a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Universidad Agraria (UNA) y al Ejército de Nicaragua.
Los investigados, en su mayoría mujeres, fueron detenidos desde el miércoles en la costa de Casares, donde se mantenían en custodia de la Policía fincas, semovientes, lanchas y artículos de pesca.
De los diez acusados, dos se encuentran en libertad, María Azucena Ríos y Felipa Mendieta y los ocho detenidos son: Álvaro Parrales, Nelly Medal, Flor Artola, Julissa Rugama, Leticia Corea Mendoza, Héctor Aguilar, Rosa Artola y Ana María Selva.
La denuncia fue hecha por el comisionado mayor y jefe de la Policía de Carazo, Buenaventura Miranda y el subcomisionado Rodolfo Vásquez, jefe de Auxilio Judicial.
“Si existe un hecho punible grave, porque atentan contra la seguridad pública, la vida y el derecho al trabajo de la Policía Nacional, se deduce por tanto un pronóstico de peligrosidad y de conformidad al artículo 167, inciso 1 del CPP, se establece prisión preventiva y se ordena la detención de las dos personas implicadas que aun están en libertad”, indicó la juez de audiencia.
El abogado defensor Hermes Sevilla manifestó que se dieron varias medidas alternas para que no se prescribiera una prisión preventiva en un acto no agravado como este.
TOMABA FOTOS
Por su parte, Julissa Rugama, periodista y una de las detenidas, afirmó que a la hora de su detención estaba tomando fotos para un semanario comunitario y que sin razón alguna fue detenida.
La audiencia inicial de los implicados quedó fijada para el próximo 14 de junio a las 8:30 a.m. en el Juzgado Local de Diriamba.
Los bienes de la banda a la cual se le atribuyen tres delitos: tráfico internacional de estupefacientes, lavado de dinero y crimen organizado, fueron entregados en depósito a las diferentes instituciones como universidades, Policía y CSJ.
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