Un Consejo Supremo Electoral (CSE) que no goza de la confianza de la mayoría de los nicaragüenses, ni de los partidos políticos opositores, ya debería estar acreditando observadores electorales, tanto nacionales como extranjeros. Le conviene.
La observación electoral no sería una carga para el presupuesto del Estado, pero sí aportaría legitimidad a un proceso electoral que en estos momentos ya está siendo tildado de fraudulento, por la forma discrecional en que se está realizando la cedulación, la ilegal candidatura del presidente Daniel Ortega, el traslado de tres municipios de un departamento a otro, entre otras muchas cosas.
Guiado por el discurso del presidente Ortega, que tacha a la observación electoral como “injerencismo”, los magistrados electorales de facto aún no acreditan a ningún observador.
Una encuesta de CID-Gallup reveló que el 74 por ciento de los nicaragüenses no está de acuerdo con que se prohíba la presencia de observadores en las elecciones del 6 de noviembre.
El inciso 8 del artículo 10 de la Ley Electoral prevé la observación electoral. Entre las atribuciones del CSE está el “Reglamentar la acreditación y participación correspondiente a los observadores del proceso electoral”, dice el referido inciso.
La comunidad internacional también se ha pronunciado a favor de la observación electoral en las elecciones del 2011 en Nicaragua. Así los han expresado representantes de Alemania, Holanda y Francia, entre otros.
De los cinco candidatos presidenciales en la próxima contienda, cuatro de ellos han exigido la observación electoral. El único que la rechaza es el presidente Ortega, quien es precisamente quien controla al CSE, lo que ha disparado las alarmas sobre la transparencia del próximo proceso electoral por una sencilla razón: quien es juez y parte en la contienda, no quiere testigos.
PERO DANIEL ORTEGA
no siempre ha estado en contra de la observación electoral. En 1990 denunció que temía maniobras oscuras en el proceso electoral al que se vio obligado a participar después de tener sumido al país en una guerra y en un caos económico. En ese entonces declaró que la transparencia del proceso solo podía ser garantizada por los fiscales de los partidos y por los observadores internacionales. Hoy ha cambiado totalmente de opinión.
Ya desde agosto del año 2010, Adonai Jiménez, director de organización y logística electoral del Consejo Supremo Electoral (CSE), dejó entrever que no van a permitir la observación electoral nacional en las elecciones generales del 2011.
El magistrado de facto Roberto Rivas dijo después que de acuerdo a la ley, emitirá un reglamento que regule cómo será el proceso de acompañamiento si el mismo CSE “así lo considera” y en cuanto a los observadores internacionales, será el presidente de la República, Daniel Ortega, quien decida a quiénes invitará. Hasta la fecha no hay ningún invitado, a pesar de que recientemente una delegación del Centro Carter visitó el país.
La observación electoral se hace más necesaria luego de las elecciones municipales del 2008, que son conocidas como las más fraudulentas por las diversas anomalías que ocurrieron durante las mismas, en las que el partido gobernante FSLN alcanzó 105 alcaldías de las 146 en disputa.
PREGUNTARSE
¿qué hay detrás de la negativa de Ortega a la observación electoral? sería muy ingenuo, consideran los candidatos opositores.
“(Ortega) está preparando hacer otro fraude como el del 2008”, opina Fabio Gadea Mantilla, candidato presidencial de la alianza PLI-UNE.
“Lo que no me explico es por qué Ortega no permite la observación electoral, si las encuestas dicen que ya las tiene ganadas (las elecciones), aunque yo no acepto eso”, cuestiona el candidato a vicepresidente por el PLC, Francisco Aguirre Sacasa.
“Ya hay fraude. Que porque un mes antes de las elecciones Ortega deje entrar a cinco mil observadores ¿van a decir que no hay fraude? No, ya hay fraude”, manifiesta Enrique Quiñónez, candidato presidencial de la ALN.
Quiñónez señala que en estos momentos el problema de que no existe la observación electoral siempre es algo de lo cual hay que preocuparse, pero a la vez podría ser una cortina de humo para tapar otras serias anomalías cometidas por el Consejo Supremo Electoral, para gestar un fraude electoral a favor de Ortega.
Aunque la comunidad internacional se ha pronunciado a favor de la observación electoral, Quiñónez considera que no ha sido beligerante. “La comunidad internacional no nos apoya realmente (a los opositores), los vemos muy complacientes (con Ortega)”, dijo Quiñónez.
Aguirre Sacasa expone que el único delito que han cometido los observadores electorales para que no sean invitados es certificar la transparencia de las elecciones de 1990, 1996 y 2001, en las que Ortega salió perdedor.
Según el candidato a vicepresidente, los opositores no pueden obligar a Ortega a que invite a los observadores internacionales, porque es el Gobierno el que invita.
“Yo solo he presionado a través de mis declaraciones y las Cartas de Amor a Nicaragua”, dijo Gadea Mantilla.
Y es que aunque la Ley Electoral no es coercitiva en cuanto a que se tiene que invitar a los observadores electorales, el director de Ética y Transparencia, Roberto Courtney, señala que la observación electoral ya es una ley consuetudinaria, es decir, que ya es una costumbre que en toda elección debe haber observadores, algo que el actual CSE está desconociendo.
En el 2008, cuando el fraude de las elecciones municipales, Estados Unidos y varios países de la Comunidad Europea retiraron la ayuda económica que ofrecían al país. Ahora, ante la negativa del CSE a permitir observadores electorales, se ponen en riesgo las relaciones con distintos países que aún mantienen su ayuda al país, advierten los opositores.
El CSE ha hablado de “acompañamiento electoral”, lo cual va en contra de la Ley Electoral que habla de observadores. El problema, dice Courtney, es que ni acompañamiento existe en este proceso electoral.
Ver en la versión impresa las paginas: 10, 11, 12, 13