El embajador de la Unión Europea (UE), Mendel Goldstein, dejó entrever ayer que el gobierno de Daniel Ortega estaría contemplando adherirse a la Corte Penal Internacional, lo que significaría ratificar el estatuto de Roma.
“Nicaragua nos ha dicho (que) está reflexionando sobre el tema, que no tienen una objeción a la Corte (Penal Internacional), más bien a la formulación de la recomendación; quieren dejar claro unos conceptos que tienen ellos. Yo creo que está cambiando también la posición de Nicaragua sobre esto”, comentó el embajador Goldstein.
El diplomático habló del tema de la Corte Penal Internacional cuando se refirió a la internacionalización del crimen organizado en la región centroamericana, una situación que, a su criterio, ha provocado que las leyes nacionales para el combate de este delito se vuelvan obsoletas.
“Bueno, obviamente la soberanía nacional la respetamos, es muy importante en el marco jurídico internacional, pero efectivamente hay una tendencia hacia la coordinación internacional (…) Tenemos ya una Corte Penal Internacional, es decir, lo que pasa en un país, si es un crimen contra la humanidad, no puede dejar indiferente al resto de la humanidad; como vemos ahora, criminales de la región de los Balcanes se los lleva la justicia internacional, donde está la Corte en La Haya”, explicó Goldstein.
LA PRENSA consultó a la vocera de la Cancillería, Vilma Aburto, sobre esta situación, y aunque ofreció consultar a los funcionarios correspondientes, no dio ninguna respuesta.
La Corte Penal Internacional es el órgano judicial encargado de enjuiciar los crímenes considerados más graves de derecho internacional, entre los que destacan el genocidio y los crímenes de guerra, entre otros.
Nicaragua es de los pocos países de América Latina que no ha ratificado ese estatuto.
El año pasado, representantes de organizaciones de derechos humanos, como la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), durante una visita a Nicaragua recomendaron al gobierno la ratificación de ese estatuto. Amnistía Internacional también ha instado al gobierno de Ortega a ratificarlo.
CPDH: POLÍTICOS LE TIENEN MIEDO AL ESTATUTO
El representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, destacó la importancia de que Nicaragua se adhiera a ese tribunal, pues “ahí sí se imparte justicia con transparencia y no sesgada como la que vivimos hoy en día”.
La Corte internacional individualiza a la persona y no al Estado, explicó Carmona, quien considera que en esto radica el temor del Gobierno de Nicaragua a suscribir el Estatuto de Roma.
Carmona estima que el gobierno nicaragüense ha rehusado adherirse a ese estatuto, debido a que “somos muy dados a cometer todos los errores del pasado y en este sentido aquí no sabemos qué va a pasar en los próximos años; aquí se pueden dar situaciones como las que se vivieron en los ochenta y definitivamente podríamos utilizar los estatutos de Roma”.
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