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El Volumen III de mis OBRAS, dedica en su primera parte, varios de los escritos sobre América Latina, en el contenidos a lo que concierne a la razón o mejor aún, a su ausencia en el proceso de formación de los Estados naciones latinoamericanos, a eso que Octavio Paz denominó: la falta del siglo XVIII en nuestro desarrollo histórico. Contiene además, en su segunda parte, trabajos sobre los acontecimientos políticos en Nicaragua en la década de los 80 y nuestra propuesta de “La Nicaragua Posible” en los primeros años de los 90, a los que haremos referencia en otra ocasión.
La Independencia de los países de América Latina, guardando las diferencias necesarias entre cada uno de esos eventos, marcó un momento inicial todavía presente en los acontecimientos históricos y políticos de la actualidad. Las primeras décadas del siglo XIX latinoamericano se vieron sacudidas por las luchas de independencia contra el imperio español, enarbolando las consignas de la Ilustración que florecieron en Europa, principalmente en Francia durante el siglo XVIII, sin que los cambios en la razón y en el pensamiento que condujeron a las revoluciones europeas se hubieran producido en América Latina.
Antes de la ocurrencia de los hechos políticos que cambiaron la historia de Europa y del mundo, se dio un profundo proceso de transformaciones filosóficas en el que la razón adquirió, como nunca, desde la Atenas de Sócrates en el siglo V antes de Jesucristo, una relevancia determinante en el acontecer histórico y en la vida de la sociedad europea.
Un proceso de cambios profundos en cuya raíz se encontraba la razón filosófica, marcó el rumbo de su historia. La revolución en la ciencia y la filosofía con Galileo y Descartes, y la revolución industrial que se produjo como consecuencia de la aplicación de la técnica más avanzada de esa época en los procesos económicos y productivos condujeron a la revolución política fundada en la razón, la libertad, la voluntad e igualdad entre los seres humanos. Su aplicación no podía menos que trastocar todos los referentes de la Edad Media, el feudalismo, el sistema corporativo artesanal y la monarquía absoluta que pretendía derivar la legitimidad del poder de la potestad divina.
El pensamiento filosófico y jurídico de la Ilustración va a establecer una cadena de causas y efectos mediante los cuales, y solo mediante ellos, el poder se justifica a través de su legalidad y legitimidad. Viendo este proceso en forma retroactiva, el poder resulta de la ley, de lo que la ley dice que es el poder y sus atribuciones; la ley, de la voluntad general de la sociedad; la voluntad general del cuerpo comunitario proviene del contrato social en el que se establecen los derechos y deberes de todos y cada uno de sus componentes, los derechos y deberes de los valores y principios, del ethos, de la ética que está en la raíz originaria de esa cadena de causas y efectos que va llevar a la idea y a la realidad del poder cuya justificación está en la ley y en todas las causas que la legitiman, anteriores a su existencia y validez formal.
El Estado—nación surgido en el siglo XIX latinoamericano, va en cambio a adoptar sin adaptar las líneas fundamentales del derecho constitucional europeo, copiando en nuestras constituciones las ideas principales del derecho público derivado de la revolución filosófica del Racionalismo y la Ilustración. Igualdad ante la ley, generalidad y universalidad de ésta, separación de poderes, subordinación del poder a ley, jerarquía de la norma jurídica, supremacía de la Constitución política, son entre otros los principios básicos del nuevo derecho público, provenientes de las transformaciones filosóficas, políticas y sociales de la sociedad europea.
En América Latina no se dio el proceso de transformación filosófica ni la revolución racionalista que incidió no solo en las categorías del pensamiento sino también en los valores y principios y las estructuras políticas y sociales. De modo que la adopción del nuevo derecho público, que en Europa había sido la síntesis jurídica, política e institucional de los cambios producidos, en Latinoamérica se trasladó a las constituciones sin ese soporte racional, histórico y cultural sobre el vacío dejado por la falta de integración de dos mundos no solo diferentes sino también contradictorios. El mundo económico, social y cultural y el mundo jurídico.
Por una parte la modernidad legal y constitucional y por la otra, la pre modernidad de una sociedad sin cambios verdaderos y que continuaba situada en el feudalismo y la Edad Media. Sobre ese vacío y esa contradicción se instaló el quehacer político y en ese nuevo escenario continuó el poder de la oligarquía terrateniente la que a la vez que conservó el dominio económico con las mismas o muy parecidas características de la estructura colonial, asumió el control del aparato del Estado, aparentando una modernidad que solo existía en los textos legales para conservar el poder feudal de la época anterior, sustituyendo el colonialismo externo por un verdadero colonialismo interno. La táctica fue la de decir lo que no se hace para hacer, lo que no se dice.
Pero el poder total, teocrático y colonial, no existía más en su forma originaria. Aunque no se puede descartar el elemento ideológico en los planteamientos de las corrientes liberales y positivistas, la verdadera lucha fue la lucha por el poder político, buscado afanosamente tanto por las tendencias conservadoras, originariamente en el poder que sucedió a la colonia, como por las tendencias liberales que reprodujeron el nuevo catecismo de la Ilustración, mientras económicamente iban también consolidando su poder económico.
De la teocracia, en la que se expresaba la síntesis de la Iglesia, la corona y la oligarquía, formada por peninsulares y criollos, se pasó a la anarquía producida por el combate entre liberales y conservadores, por la búsqueda del aparato político para fortalecer el aparato económico. Ausente de este escenario el proceso de racionalización e internalización del poder como una función delegada por el pueblo a sus representantes y regida en forma estricta por el sistema jurídico a partir del principio de subordinación del poder a la ley, el poder fue visto exclusivamente como un hecho de fuerza y audacia en el que todo está permitido para conseguirlo, conservarlo y fortalecerlo. Una aplicación no explícita y sin reconocimiento específico del principio de Maquiavelo de que el fin justifica los medios.
El caudillismo, la arbitrariedad, la reelección para perpetuarse en el poder y la guerra civil como forma de hacer la historia y ejercer la política van a ser desde entonces las características dominantes de nuestros procesos políticos, hasta que se vaya creando una educación y forjándose una cultura en la que el poder sea lo que la ley dice que es, la ley sea la expresión normativa de la voluntad colectiva, las instituciones, la causa y el cauce del poder para el que el derecho es un sistema de límites que hace posible la eficacia de los derechos y garantías fundamentales de la persona y la existencia de una auténtica ciudadanía.
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