LA HAYA/AFP
La Corte Penal Internacional (CPI) emitió ayer una orden de arresto contra el dirigente libio Muamar Gadafi, su hijo Saif Al Islam y el jefe del servicio de inteligencia Abdalá Al Senusi, calificada por Trípoli de “tapadera para la OTAN”.
La decisión de los jueces fue acogida con escenas de júbilo en Bengasi, segunda ciudad del país, y en Misrata, a 200 km al este de Trípoli. Algunas personas efectuaban disparos al aire y muchas agitaban banderas de la rebelión.
“Se ha hecho justicia”, se congratuló el presidente del Consejo Nacional de Transición (CNT), órgano político de los rebeldes libios, Mustafá Abdeljalil, en Bengasi, sede de la insurrección libia.
El presidente del CNT señaló, además, que el fiscal del CPI, Luis Moreno Ocampo, ha demostrado su credibilidad “en lo que concierne a la recolección transparente de las pruebas de los crímenes cometidos por Gadafi y su régimen”.
- La CPI, que entró en funciones en 2002, no dispone de una fuerza policial y depende de la voluntad de los Estados para la ejecución de órdenes de arresto.
La CPI es el primer tribunal internacional permanente encargado de procesar a los presuntos autores de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
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Los jueces de la CPI estimaron, en una audiencia pública en La Haya, que “hay motivos razonables para creer que (…) Muamar Gadafi, de forma coordinada con su entorno cercano, concibió y orquestó un plan destinado a reprimir y a disuadir a la población que se manifestaba contra el régimen y a aquellos considerados como disidentes del régimen”.
En Trípoli, el nuevo ministro de Justicia libio, Mohamed Al Gamudi, afirmó que se trataba de una “tapadera de la OTAN” para alcanzar al dirigente libio y recordó que el régimen no firmó el Tratado de Roma, fundador de la CPI, por lo que “no acepta su jurisdicción”.
PÉRDIDA DE LEGITIMIDAD
El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, estimó que la emisión de la orden de arresto contra Gadafi “es otra señal de su pérdida de legitimidad” y según el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, “recalca una vez más el aislamiento creciente del régimen”.
Por el contrario, el presidente sudafricano Jacob Zuma, que forma parte de los mediadores que buscan una salida al conflicto, se declaró “extremadamente decepcionado y preocupado” porque estima que la decisión de la CPI va a socavar la mediación. El ministro de Relaciones Exteriores francés Alain Juppé estimó que el tema no es saber si Gadafi debe renunciar “sino cómo y cuándo”.
CIEN DÍAS DE BOMBARDEOS
El anuncio se produce cuando hace ya cien días que se emprendió la campaña de bombardeos de la OTAN para ayudar a los rebeldes y el conflicto parece estancarse. Gadafi sigue en el poder.
“Para evitar que continúen ocultando los crímenes que se siguen cometiendo y que cometan otros, deben ser detenidos. Esta es la única manera de proteger a los civiles en Libia”, reaccionó el fiscal Luis Moreno Ocampo en un comunicado.
Según los jueces, hay motivos razonables para pensar que los tres hombres son responsables “como autores indirectos” de asesinatos, de persecuciones, constitutivos de crímenes contra la humanidad, cometidos por las fuerzas de seguridad libias, sobre todo en Trípoli, Bengasi y Misrata. Las fuerzas de seguridad “infligieron actos inhumanos a la población civil”, según los jueces.
650 MIL REFUGIADOS
La revuelta en Libia causó miles de muertos, según el fiscal de la CPI, y ocasionó la huida al extranjero de casi 650,000 libios y el desplazamiento en el interior del país de otros 243,000, según la ONU.
Sobre el terreno los rebeldes seguían los combates a unos 50 km de Trípoli.
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