A mediados de julio se conocerá el veredicto en el caso de La Chureca, como se le conoce al reclamo de expropiación de 280 manzanas de tierra que ha hecho la familia Martínez al Estado.
La magistrada Juana Méndez, coordinadora del grupo de trabajo de lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), anunció para el próximo 12 de julio la resolución final sobre el recurso que interpuso la familia Martínez.
Esta familia enfrenta el caso dividida. Una parte de ella ha aceptado la indemnización impuesta por el Gobierno a través del decreto expropiatorio emitido en el 2009, mientras la otra insiste en que se le pague lo acordado con la Alcaldía de Managua, durante la administración del exedil, Dionisio Marenco, que equivale a seis millones de dólares.
El representante legal de la familia Martínez, Noel Vidaurre, demandó al Estado y a la Procuraduría General de la República.
En la presentación del juicio argumentó que ya existía una negociación y forma de pago con la Alcaldía, un monto que incluso se había establecido en el Presupuesto Municipal de Managua para el 2009.
El valor de la propiedad superaba los seis millones de dólares.
La representante de la PGR, Georgina Carballo, alegó que los demandantes no son los únicos herederos de la familia Martínez Solórzano, sino que existen otros herederos que sí aceptaron los términos del decreto expropiatorio.
Señaló que Vidaurre como representante de la familia Martínez tuvo la oportunidad de oponerse, pero que no lo hizo en el plazo establecido por la Ley.
“La indemnización fue aceptada por parte de los herederos de la finca Santa Isabel y el demandante —Noel Vidaurre— tuvo oportunidad de oponerse, pero no lo hizo en el plazo de ley, agotando la vía administrativa. Solicito se desestime la presente demanda porque no existen fundamentos y el Estado trabajó bajo un proceso de conformidad con las leyes”, aseguró Carballo.
El pasado 11 de febrero la Sala constitucional se pronunció en contra de Indiana Leonor Martínez en el recurso de amparo que impulsó su abogado Roberto Argüello, dejando como único recurso la demanda por la vía de lo contencioso administrativo.
El área que reclaman Los Martínez es de 280 manzanas, en 146 de ellas está ubicado el basurero municipal de la capital conocido como La Chureca. En esa propiedad también se ha construido el barrio para los trabajadores del vertedero, que se hace con fondos de la cooperación española. La propiedad restante fue declarada como tierras del Estado.
Gabriel Martínez ha considerado todo el proceso como una confiscación y advirtió que de no obtener un resultado favorable, recurriría a instancias internacionales hasta recuperar la propiedad.
Ver en la versión impresa las páginas: 5 A