Pedir cédula ya es delito

El agricultor Agustín Jarquín Reyes, del municipio de San Dionisio, Matagalpa, fue amenazado con ser llevado a la cárcel si seguía pidiendo su cédula, la que solicita desde el año 2008 y aún no la recibe.

Reyna Blanchard. LA PRENSA/CORTESÍA

El agricultor Agustín Jarquín Reyes, del municipio de San Dionisio, Matagalpa, fue amenazado con ser llevado a la cárcel si seguía pidiendo su cédula, la que solicita desde el año 2008 y aún no la recibe.

Según Nemesio Pérez, jefe de campaña de la Alianza PLI en la zona, la amenaza contra Jarquín la hizo Máximo Barrera, representante del Consejo Supremo Electoral (CSE) en el municipio.

Ese día, Jarquín Reyes reclamó su documento de identidad y les advirtió que cuidado pasaba como en 2008, cuando fue público que funcionarios del CSE quemaron una gran cantidad de cédulas de ciudadanos simpatizantes de partidos opositores.

Pérez relata que Jarquín Reyes llegó asustado a su casa porque Barrera estaba llamando a la Policía, solo porque él reclamó la cédula.

LOS PRETEXTOS

En varios municipios del país las oficinas de los Centros Electorales Municipales (CEM) no están funcionando, en unos porque están remodelando las instalaciones y en otros porque no han tomado posesión sus miembros.

Otros CEM han abierto, pero a los ciudadanos que llegan a buscar la cédula les dicen que no hay papel para anotar los datos, que no hay cámara o que ya terminó el proceso, a pesar de que el tiempo límite para solicitar la cédula es el 8 de agosto próximo.

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  • Roberto Lira Villalobos, delegado departamental del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), en Chinandega, dijo que el proceso de cedulación está contemplado del 20 de junio al 8 de agosto, pero hasta la fecha hay 12 días de desfase por el Consejo Supremo Electoral (CSE), que calificó como una estrategia dilatoria para que haya menos tiempo en ese proceso.
Obtener por primera vez una cédula de identidad en Bluefields, Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), parece ser misión imposible, porque los funcionarios del Consejo Electoral Regional (CER), según pobladores de esta ciudad, tramitan el documento únicamente a los simpatizantes del partido de gobierno, el Frente Sandinista (FSLN).

Silvia Guido, del barrio San Pedro, denunció que a su vivienda llegan decenas de pobladores para pedirle ayuda en la gestión de cédulas. “Yo me voy con ellos al Consejo, a la oficina de cedulación, y ahí nunca hay el tal talón foto, nunca están atendiendo, pero sí atienden a quienes ellos identifican como sandinistas”, se quejó Guido.

“Como nos dimos cuenta que en el Comité Regional (oficina regional del FSLN) cedulan, entonces mandamos a diez chavalos y chavalas a que se identificaran como sandinistas, pedimos ayuda a una militante y a la semana ya tenían sus cédulas; así están las cosas en Bluefields”, lamentó Guido.

Saúl Martínez y Sergio León

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 Jorge Vanegas.
LA PRENSA/CORTESÍA
Jorge Vanegas, representante legal de la Alianza PLI en León, dijo que las excusas anteriores ya son conocidas en los municipios de León.

“Esa es una forma de poner obstáculos a la población, hay gente que tiene su solicitud desde hace dos años”.

Vanegas agregó que es del dominio público que los miembros del gobernante Frente Sandinista (FSLN) reparten las cédulas a sus militantes sin ningún reparo y las cédulas vendidas a 300 córdobas son las únicas disponibles para la población que puede comprarlas. Los más perjudicados son los que tramitan el documento por primera vez.

En Masaya, las excusas oficiales no varían mucho. Las oficinas de los CEM trabajan a medias, en ocasiones trabajan y en otras ponen un rótulo: “Estamos en inventario”.

En Tisma y San Juan de Oriente todavía no inician sus labores.

“Todas esas excusas son perjudiciales para la población que tiene el derecho ciudadano de obtener su documento de identidad, que no es solo para las elecciones y lo que hacen es una manera de obstaculizar porque tienen miedo de no obtener esos votos”, dijo Hugo Jaime, representante legal de la Alianza PLI en Masaya.

Hugo Jaime.
LA PRENSA/CORTESÍA
Reyna Blanchard, representante legal de Matagalpa por la Alianza PLI, informó que en Matiguás el CEM no ha abierto las puertas a la ciudadanía, y en la cabecera departamental, Matagalpa, también están remodelando el edificio.

“Es una estrategia para no atender a la población, porque lo que deben hacer es dar prioridad a la entrega de cédulas, no a la remodelación del edificio”, comentó Blanchard.

Luis Emilio Bustamante, representante legal de la Alianza PLI en Nueva Segovia, dijo que en varios municipios la excusa es que “no hay material”.

Bustamante señaló que muchas personas llegan de la montaña, tienen que gastar dinero y tiempo y al ver que no reciben una respuesta se cansan y no regresan por allí.

“La persona se desmotiva y no vuelve, eso es lo que buscan, cansar a las personas, que se agoten por recursos económicos. Todo esto es una serie de trucos y más trucos para que el número de cédulas, que no son del Frente Sandinista, se reduzcan”, aseguró Bustamante.

Luis Emilio Bustamante.
LA PRENSA/CORTESÍA
PROTESTAS BOICOTEADAS

Blanchard dijo que en Matagalpa, cuando se han atrevido a protestar, llaman a la policía y a los activistas del Frente Sandinista, quienes ponen una camioneta con audio a todo volumen para que no se escuche lo que dicen los manifestantes.

Vanegas señaló que en León nadie puede protestar porque puede ir a la cárcel. “En esos lugares, donde hay un guardia, un policía, uno levanta un poco la voz y lo sacan, no hay donde recurrir”, afirmó.

En Nueva Segovia, las turbas del Frente Sandinista también salen a las calles y boicotean las protestas.

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