Los magistrados de Apelaciones, Ignacio de Loyola López Ortega, Denis Maltez, Rafaela Urroz y Dolores Barquero, gracias a dos casos distintos, comparten quejas por su actuación como operadores de justicia.
LA PRENSA, en este segundo trabajo previo a su reelección, escudriña a los magistrados para ofrecer una muestra de los funcionarios que administran las leyes. José René Jiménez y Rolando Betancourt son dos ciudadanos que expusieron por separado su frustración ante el sistema judicial al que señalan de corrupto. Sus casos, relacionados a disputas de propiedades, llevan más de diez años sin resolverse.
Jiménez acusa al magistrado Ignacio López Ortega, del Tribunal de Apelaciones de Matagalpa, de pretender apoderarse de la herencia de su familia a través de su influencia en el poder judicial.
López Ortega asegura en cambio que todos los señalamientos son falsos y que salen a relucir cada vez que hay reelección de magistrados.
- La magistrada Ligia Molina, presidenta de la Comisión que evalúa a los magistrados, reveló que muchas de las quejas estaban archivadas, otras en trámites y algunas en proyectos.
El exmagistrado de Apelaciones, Gerardo Rodríguez, asegura que la mayoría de reclamos son de orden jurisdiccional o quienes pierden juicios y no están de acuerdo con el fallo. “ Hay cierta práctica de litigar por la vía de la queja”, señaló.
El magistrado Manuel Martínez no cree que haya muchas quejas contra los magistrados y tampoco ánimo para no reelegir a quienes hasta ayer estaban en funciones.
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Sin embargo Jiménez puso su queja el pasado 23 de junio ante la CSJ, donde pide no se reelija y se sancione al magistrado López Ortega. El denunciante asegura que el magistrado, en contubernio con su padre, Ignacio López Rivera, falsificaron partidas de nacimiento y atribuyeron dos hijos a una de sus tías, a través de los cuales penetraron la herencia de su familia.
La reposición de partidas de los hijos falsos se hizo el mismo día en que murió la tía de Jiménez. A través de un proceso legal que lleva más de 13 años —según Jiménez— los falsarios obtuvieron declaratoria de herederos de todos los bienes de su familia.
SE QUEDÓ CON BIENES
A López Ortega se le vincula pues uno de los falsarios, con herencia en mano, pasó parte de sus bienes a nombre del magistrado. El caso todavía se encuentra en los juzgados porque el mismo magistrado dejó al descubierto a los impostores para pretender quedarse con toda la herencia, según Jiménez.
LA QUEJA DE BETANCOURT
Rolando Betancourt es el otro denunciante y reclama por la propiedad donde ha vivido desde siempre en el barrio Ducualí, en Managua, una casa con un área de 500 metros cuadrados.
Según los datos de las sentencias emitidas por el sistema judicial el caso fue resuelto a favor de la familia de Betancourt hasta en casación.
Luego los magistrados de la Sala Civil uno del TAM, Maltez, Barquero y la magistrada Urroz, aceptaron un recurso de nulidad y fallaron en contra de Betancourt, a pesar de ser cosa juzgada.
“Hablaba con magistrados de la Corte sobre mi caso. Les dije, si no sirven sus sentencias, lo mejor es desaparecer la CSJ. Eso no lo digo yo, son los magistrados (de apelaciones) los que dicen que las sentencias de la Corte no valen”, se quejó Betancourt
La disputa por la propiedad es entre la mamá de Betancourt, Lilian Espinoza y su vecina Blanca María Somarriba.
La sentencia número 110 del 9 de junio de 2009 de la Sala Civil de la CSJ, declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por Somarriba.
Pero el 16 de agosto del 2010 el TAM aceptó un recurso de apelación de Somarriba, pidiendo la nulidad de todo lo actuado, incluso por la misma Corte. El 10 de febrero de este año el Tribunal falló a favor de Somarriba.
“Aquí nos falta Alicia porque este es el país de las maravillas”, dijo con sorna Betancourt.
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