LA PAZ/EFE
Organizaciones de la prensa y de medios de Bolivia alertaron ayer sobre los riesgos para el periodismo y para el funcionamiento de radios y canales de televisión de la nueva ley de Telecomunicaciones impulsada por el presidente Evo Morales.
Dirigentes de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora) criticaron la norma aprobada en primera instancia por la Cámara de Diputados, controlada por el oficialismo.
El presidente de Asbora, Raúl Novillo, y el fiscal general de la APLP, Antonio Vargas, criticaron el hecho de que la normativa haya sido hecha “sin diagnóstico previo” de la situación del sector y “al margen” y “a espaldas” del sector que debe cumplir con la regulación.
- El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, declaró que el “sector privado no lo es todo en Bolivia” en la actualidad y no lo será en el futuro porque en el país hay actores privados, estatales, comunitarios y sociales.
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También alertaron de que la ley permitirá que el control de las radios y los canales se desplace al Estado y que los medios sean obligados a transmitir dos mensajes del presidente Morales al año de forma gratuita, entre otros asuntos polémicos.
A juicio de Vargas, la norma “es parte de una arquitectura jurídica que trata de vulnerar las libertades constitucionales con el control de los medios de comunicación y el trabajo periodístico”.
La ley fija un 33 por ciento del espectro electromagnético para el sector privado comercial, otro 33 por ciento para el Estado, un 17 por ciento para los pueblos indígenas y otro 17 por ciento para organizaciones sociales.
Según los críticos, en la práctica el Gobierno controlará hasta un 66 por ciento del espectro debido a su relación con las organizaciones indígenas y sociales.
“Hay un peligro de manipulación informativa con un 66 por ciento del control del espectro en todo el país”, apuntó Novillo.
Agregó que el Gobierno tendrá la posibilidad de cancelar las licencias de medios comerciales para dar espacio a otro tipo de propietarios como el Estado o grupos indígenas, pues técnicamente el espectro tiene límites.
Novillo declaró que otro de los riesgos para las más de 680 estaciones de radio que funcionan en el país es que la norma fija una licencia por diez años con una única posibilidad de renovación por un período similar, tiempo después del cual pueden ser cerradas.
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