Al finalizar el embajador norteamericano Robert Callahan su misión en Nicaragua, nos parece oportuno repasar rápidamente la historia de las relaciones de nuestro país con Estados Unidos, las cuales han pasado por varias fases, desde una vinculación estrecha mal manejada hasta situaciones muy conflictivas.
La primera vez que Nicaragua despertó la atención de Washington fue cuando evitó que Gran Bretaña convirtiera en un protectorado la costa caribeña nicaragüense. La segunda fue cuando EE. UU. buscaba una opción territorial para el canal interoceánico, e impuso el Tratado Chamorro-Bryan, el cual fue rescindido en 1971 por el gobierno de Anastasio Somoza Debayle.
El gobierno estadounidense se decidió por la ruta panameña, pero se preocupó por garantizar la seguridad del canal convencido de la inestabilidad de las naciones centroamericanas, dominadas por caudillos y dictadores que provocaban conflictos armados. Con ese pretexto intervino en Nicaragua, provocó la renuncia del dictador José Santos Zelaya y después ocupó militarmente el país. Volvió a intervenir, cuando la Guerra Constitucionalista de 1926-1927, pero los marines tuvieron que marcharse de Nicaragua sin poder dominar la rebelión del general Sandino. En todo caso, Estados Unidos desocupó Nicaragua habiendo dejado sentadas las bases para una estabilidad política a largo plazo, con una ley electoral diseñada por un experto norteamericano y un ejército nacional que debía funcionar al margen de la política partidista.
Sin embargo, el poder cayó en manos del ambicioso y audaz jefe director de la Guardia Nacional, el general Anastasio Somoza García, quien contaba con la simpatía del Departamento de Estado y posteriormente sería utilizado por Estados Unidos como un instrumento de la lucha contra la expansión del comunismo en Centroamérica, que le inducía a disponer de hombres fuertes leales sin reparar en sus abusos. Era la época en que el presidente Franklin D. Roosevelt diría que “Somoza es un hijo de p… pero es nuestro hijo de p…”
Estados Unidos apoyó a la dictadura somocista hasta que esta comenzó a perder apoyo local, por la corrupción y el atropello a los derechos humanos. Pero no pudo la diplomacia norteamericana impedir el triunfo de los sandinistas y tuvo que aceptar la llegada de un gobierno revolucionario hostil. No obstante, Washington trató de acercarse a los sandinistas y para eso el gobierno de Jimmy Carter aprobó una ayuda de 75 millones de dólares, con la condición de que el FSLN en el poder no apoyara a la guerrilla salvadoreña. Los sandinistas rechazaron esa apertura y aunque de palabra proclamaban una política de no alineamiento internacional, de hecho se adhirieron al bloque comunista e insertaron a Nicaragua en la Guerra Fría.
Vino la contrarrevolución y la administración del presidente Ronald Reagan la apoyó hasta que acordó con el líder de la extinta Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, poner fin a la Guerra Fría. Cesó el respaldo soviético al régimen sandinista y el de Estados Unidos a los contras, que se vieron obligados a negociar con el gobierno del FSLN y concertar un cese al fuego. Después vino el proceso político indicado por los presidentes centroamericanos en los Acuerdos de Esquipulas, que desembocó en las elecciones libres de 1990 ganadas por doña Violeta y la UNO, y en la desmovilización y el desarme de la Contra.
El sector democrático pudo gobernar precariamente durante los siguientes 16 años, interrumpidos por el pacto del PLC con el FSLN y el craso error de los liberales de concurrir divididos a las elecciones de 2006. Y el regreso de Daniel Ortega al poder encontró a Estados Unidos sin una política clara para tratar esa nueva situación, mientras el orteguismo se fortalece con las cuantiosas sumas de dinero que recibe del presidente venezolano Hugo Chávez.
Ahora, al marcharse de Nicaragua el embajador Callahan deja una situación compleja para Estados Unidos, con el desafío de aceptar como legítima la inminente reelección inconstitucional y fraudulenta de Daniel Ortega, o regresar a la política de confrontación. Un reto que tiene que resolver el próximo subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental.
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