El asesor económico del presidente Daniel Ortega, Bayardo Arce Castaño, en su perenne defensa del acuerdo petrolero con Venezuela y su esquema de operaciones sin transparencia, confesó nuevas violaciones a la Constitución Política y a Ley de Telecomunicaciones por parte del gobierno orteguista.
En la primera entrevista seria que se le hace al asesor económico en un medio televisivo en los meses recientes, concedida al programa Esta Noche que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, Arce fue abordado sobre el tema del acuerdo petrolero venezolano y la compra que se ha hecho con un porcentaje de éste, de bienes que han pasado a ser administrados por la familia presidencial.
Al ser cuestionado por la compra de Canal 8 de Televisión, Arce defendió este “negocio”, queriendo desvincular a la familia presidencial de la propiedad de esta televisora.
“¿Si lo quiso comprar Venezuela, cuál es el problema?”, dijo primeramente Arce.
“Lo quiso comprar Venezuela para hacerlo un negocio privado de la familia del presidente”, respondió el periodista.
“¿Y por qué es de la familia del presidente? Si es de Venezuela. Si lo compraron con los fondos de Venezuela, entonces es de Venezuela. Venezuela ha comprado una serie de cosas, como Ángel Gonzales (un misterioso empresario mexicano que bajo el amparo del presidente Ortega se ha convertido en un magnate de la televisión nacional) compró el Canal 9, el Canal 10, el Canal 11 y un montón de canales más”, añadió Arce.
“Y Telcor se los ha dado a manos llenas” , agregó por su parte Chamorro.
Las respuestas del asesor económico confirman que la compra del Canal 8 se hizo con fondos del acuerdo petrolero venezolano, que es un acuerdo de Estado a Estado, y no con dinero del patrimonio del presidente Ortega.
Sin embargo, las operaciones del canal están bajo el control directo de los hijos del presidente, en particular de Juan Carlos Ortega Murillo, su director.
El artículo 29 de la Ley General de Telecomunicaciones cita: “Las Licencias solo se otorgarán a personas naturales o jurídicas nicaragüenses. En el caso de sociedades anónimas el capital social deberá estar constituido por lo menos con el cincuenta y uno por ciento (51 por ciento ) de nacionales nicaragüenses. Este capital social y sus reformas deberán ser reportados a Telcor”.
Además, la misma Constitución Política del país establece que los medios de comunicación deben estar controlados por propietarios nicaragüenses. “El Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos ni a intereses extranjeros o al monopolio económico de un grupo. La ley regulará esta materia”, cita el artículo 68 de la Carta Magna.
Arce comparó las inversiones de Venezuela con las operaciones de compra de empresarios oriundos de otras naciones. “¿Por qué nos vamos a oponer?, solo porque son venezolanos, solo porque son de Chávez”, afirmó el asesor económico.
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