Exmilitares se declaran inocentes de masacre de campesinos en Guatemala

Cuatro exmilitares guatemaltecos se declararon hoy inocentes de haber participado en la masacre de 250 campesinos en 1982, en el inicio de un histórico juicio que se prevé se prolongará al menos durante semanas.

Guatemala/EFE

Cuatro exmilitares guatemaltecos se declararon hoy inocentes de haber participado en la masacre de 250 campesinos en 1982, en el inicio de un histórico juicio que se prevé se prolongará al menos durante semanas.

Los cuatro acusados, exmiembros del sanguinario grupo elite del Ejército de Guatemala llamado «kaibil», se encuentran detenidos en una cárcel y son acusados por la Fiscalía de haber supuestamente cometido los delitos de asesinato, incumplimiento de deberes en contra de la humanidad y hurto agravado.

En esta primera audiencia, la Fiscalía de Derechos Humanos presentó una descripción de los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 1982 cuando, de acuerdo a los fiscales, una patrulla militar ingresó a la comunidad Las Dos Erres, en el departamento norteño de Petén, y procedió a masacrar a sus habitantes.

Según la acusación, luego de violar a mujeres y niñas, los militares las lanzaron a un pozo donde ya estaban los hombres, a quienes le habían dado un golpe en la cabeza con un mazo, y procedieron a ametrallarlos y lanzarles granadas.

Este lunes, el exteniente Carlos Antonio Carías, de 52 años y originario de la capital guatemalteca, se declaró inocente al prestar su primera declaración ante la presidenta del tribunal que lleva el caso, la jueza Yasmín Barrios.

«No sé por qué me vinculan a este hecho. Yo soy inocente, nunca estuve en ese lugar el día en que ocurrieron esos hechos», afirmó Carías.

Argumentó que él era comandante de un destacamento en la comunidad de Las Cruces, a unos 12 kilómetros de distancia de donde se perpetró la matanza, y que tuvo conocimiento del hecho un día después, cuando unos sobrevivientes llegaron a pedir auxilio.

Carías añadió que a Las Dos Erres se presentó hasta el 11 de diciembre y entonces no vio «ni muertos ni heridos».

«A mi no me informaron del operativo» que tuvo lugar en Las Dos Erres, aseveró.

También el subinstructor «kaibil» del Ejército, Reyes Collin, originario del departamento sureño de Suchitepéquez, aseguró este lunes ser inocente de los cargos que le formuló la Fiscalía.

«Es completamente falso. Soy inocente de lo que me acusan, es una injusticia que esté preso», dijo Collin, de 53 años, ante el alto tribunal integrado, además, por los jueces Pablo Xitimul y Patricia Bustamante.

Collin insistió durante la audiencia en que «nunca» ha «asesinado a nadie», pero se abstuvo de responder cuando la Fiscalía le preguntó si había formado parte de la patrulla militar que perpetró la matanza.

«No me recuerdo haber estado en Las Dos Erres» el 7 de diciembre de 1982, dijo por su parte otro de los acusados, el exmilitar Manuel Pop, de 57 años y quien dijo al tribunal que ahora es laico.

Pop sostuvo su inocencia, aunque admitió que conocía a los otros tres acusados de la matanza.

Por su parte, el exmilitar Daniel Martínez reconoció ante el tribunal que formó parte de la patrulla militar que estuvo en Dos Erres, pero recalcó que no participó en la masacre porque lo enviaron, junto con otros tres soldados, a un kilómetro de distancia de la comunidad.

«Nos llevaron a Las Dos Erres. Los oficiales al mando nos ordenaron que les dijéramos a la gente que se fueran para el centro (de la aldea). Yo solo pasé a dos casas y luego me enviaron a un círculo de seguridad», aseveró.

Según este exmilitar, de 52 años y a quien se le quebró la voz al narrar lo que sucedió, quien dio la orden para ir a una «comisión» a Las Dos Erres fue el teniente de infantería Roberto Aníbal Rivera, quien está prófugo de la justicia.

Según Martínez, más de 55 militares participaron en el operativo del grupo «kaibil» que terminó con la masacre de Las Dos Erres, unas de las 669 documentadas por la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH).

La jueza Barrios explicó este lunes que el proceso se extenderá al menos durante semanas debido a que habrá que conocer las decenas de pruebas de cargo que presentará la Fiscalía, y escuchar a los más de 38 testigos convocados.

Las investigaciones del caso comenzaron en junio de 1994, pero los militares señalados, por medio de diversas artimañas, lograron retrasar el inicio del juicio durante 17 años.

Según la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), que actúa como querellante adherido al proceso, en la masacre fueron asesinadas más de 250 campesinos.

Hasta el momento se han logrado recuperar 223 cadáveres que fueron enterrados en fosas comunes, 113 de los cuales eran de menores de edad, de acuerdo a Famdegua.

Este es el primer juicio que se realiza en contra de exmilitares por las matanzas colectivas perpetradas por las fuerzas de seguridad del Estado durante la guerra interna que desangró a Guatemala entre 1960 y 1996.

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