El fallo de la Corte Suprema de justicia de Honduras, que ordenó el arresto del entonces presidente de ese país, Manuel Zelaya, y la decisión del Ejército de deportarlo a Costa Rica en junio de 2009, fue un golpe para el socialismo internacional.
Zelaya intentó prolongar su mandato en una violación flagrante de la Constitución. Pero sus amigos —los hermanos Castro, Hugo Chávez y sus acólitos— calificaron su arresto como un golpe militar de la derecha. Como suele hacer la izquierda cuando pierde el poder a través de la violencia, pidieron una “comisión de la verdad”, para quedar como “testigos” de las injusticias que dicen ocurrieron en Honduras.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Honduras establecida bajo el auspicio de la Organización de Estados Americanos (OEA) difundió su informe este mes. Pero los zelayistas no consiguieron la condena que buscaban. Por el contrario, el informe es una sólida acusación al expresidente, al que identifica como el incitador de la crisis y un jefe de Estado corrupto. Dada la intensa presión para producir algo que pueda salvar las apariencias a los partidarios de Zelaya, esto solamente puede significar una cosa: la evidencia contra él era aplastante.
Esto no quiere decir que la comisión no haya tratado de asignar alguna culpa a las instituciones hondureñas que defendieron la democracia, al resistir el intento de Zelaya de mantenerse en su cargo indefinidamente. El informe fue, después de todo, “equilibrado”, lo que significa que tenía que ofrecer algo para todos. Pero el esfuerzo por forzar al presidente interino Roberto Micheletti, a la Corte Suprema de Justicia y al Ejército a asumir culpas de la misma manera es débil y legalmente insostenible.
Los integrantes de la comisión dicen con orgullo que produjeron aproximadamente 50,000 páginas de documentos. Cabe decir que no las leí todas, pero sí el resumen de 52 páginas.
El documento concluye que la crisis política se desató en enero de 2009. Ese fue el momento en que funcionarios del despacho presidencial se reunieron con congresistas de su propio Partido Liberal y “los amenazaron con la ruptura del orden constitucional si no designaban como integrantes de la Corte Suprema de Justicia a abogados que no estaban en la lista de 45 candidatos” oficialmente nombrados a través de un proceso legal de selección. De acuerdo con el informe completo, Micheletti testificó que el embajador estadounidense Hugo Llorens participó de la presión para que el Congreso violara la ley.
En el año y medio previo a la crisis, dice el informe, Zelaya ya había demostrado una propensión al abuso de poder. Dice que sus acciones infringieron los poderes de las otras ramas del gobierno. Hacia junio de 2009, Zelaya había dejado claro que planeaba realizar un referendo para revertir los límites legales a su mandato, aún cuando una votación de ese tipo está expresamente prohibida en la Constitución.
Las instituciones hondureñas, dice el informe, “no fueron efectivas para resolver la crisis… no por falta de acciones y resoluciones sino debido a que las decisiones de las autoridades fueron pasadas por alto y no fueron implementadas por el presidente, que personalmente llevó a cabo las acciones requeridas para ejecutar el referendo”. La Comisión de Derechos Humanos, el fiscal general, el Tribunal Electoral y la Corte Suprema de Justicia, todos tomaron medidas para intentar detener a Zelaya.
La crisis explotó cuando Zelaya despidió al comandante del Ejército por respaldar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, y luego encabezó una turba que irrumpió en una base de la Fuerza Aérea, donde estaban almacenadas las boletas de votación para el referendo. El informe subraya que una democracia vibrante requiere que “ningún ciudadano, sin importar su cargo, esté por encima de la ley. La igualdad frente a la ley es una condición indispensable de la democracia y el Estado de Derecho”.
El informe también dice que ante la crisis, la comunidad internacional no hizo nada para defender la democracia. Al contrario, la OEA decidió enviar una misión para el referendo, “a pesar del hecho de que todas las instituciones del Estado con competencia en el asunto habían emitido resoluciones en el sentido de que era ilegal y que no tenía que realizarse”.
La comisión señala que recibió “amplia información” del fiscal federal respecto a acusaciones de corrupción contra el gobierno de Zelaya. Pero cuando la comisión pidió información que respaldase las acusaciones de corrupción durante el gobierno de Micheletti, esta no fue aportada, a pesar del hecho de que los críticos de Micheletti se apresuraron a acusarlo de delitos.
Después de todo esto es difícil atribuir culpas a Micheletti que, como presidente del Congreso, era constitucionalmente el siguiente en la línea de sucesión a la presidencia cuando Zelaya fue arrestado. Pero la “equilibrada” comisión lo intenta, llamando “ilegal” a su gobierno. El informe también ignora el derecho del Ejército a utilizar el “estado de necesidad”, al desterrarlo. La ley internacional permite tal acción en caso de una grave situación en la que hay vidas en riesgo. Si Zelaya hubiese sido detenido en Honduras, donde sus partidarios ya habían mostrado su disposición para utilizar la violencia, las consecuencias podrían haber sido mortales.
Al final, el informe no es capaz de llamar al evento del 28 de junio, un “ coup d’état ”, pero lo llama “un golpe de estado contra el Ejecutivo”, lo que presumiblemente significa una toma de la presidencia, no del Estado en sí. En otras palabras, la democracia fue preservada cuando el presidente ilegal fue removido. Para la mayoría de los hondureños, eso debería hacer de Micheletti, la Corte Suprema y el Ejército, héroes.
La autora es periodista estadounidense. Artículo publicado en The Wall Street Journal.
O’[email protected]
Ver en la versión impresa las páginas: 9 A
