En el lenguaje del autoritarismo político se suele usar la expresión “enseñar el músculo”, para referirse a la demostración contundente del poder y la fuerza del caudillo y el partido dominante. En ese lenguaje no existe o no se usa la frase “enseñar la inteligencia”, porque al parecer esta no tiene cabida en el caudillismo ni en ninguna otra forma de autoritarismo.
De manera que Daniel Ortega y el FSLN enseñaron a plenitud el músculo de su poder el 19 de julio pasado, con la concentración política multitudinaria que realizaron con motivo del 32 aniversario de la revolución sandinista. Pero no enseñaron ninguna muestra de inteligencia y la presentación de Ortega fue “un discurso vacuo y fantasioso”, como lo calificamos en esta misma columna editorial el 21 de julio corriente.
También en la verificación electoral realizada el fin de semana recién pasado, a pesar de que se trataba de una actividad institucional Daniel Ortega y el FSLN enseñaron el músculo de su poder, manifestado en las diversas anomalías, arbitrariedades y abusos, inclusive agresiones físicas personales contra activistas de la oposición y de turbas contra la casa de campaña de la alianza PLI-UNE en la ciudad de León, que plagaron ese acto del proceso electoral que por su naturaleza debió ser transparente y democrático.
En efecto, la verificación electoral es para asegurar que los ciudadanos estén debidamente registrados en los padrones, para registrar los cambios de domicilio y para que cada elector conozca cuál es la mesa de votación en la que podrá ejercer su derecho al sufragio, para lo cual se le debe entregar a cada ciudadano verificado una colilla señalando la ubicación y número de la Junta Receptora de Votos que le corresponde.
La verificación es un capítulo muy importante del proceso electoral. Precisamente por eso es que la Ley Electoral establece, en su artículo 28, que para la verificación igual que para la votación y el escrutinio “cada partido político o alianza de partidos que tenga candidatos inscritos tiene derecho a nombrar un fiscal y su respectivo suplente ante el Consejo Supremo Electoral, los Consejos Electorales, las Juntas Receptoras de Votos y los Centros de Cómputos”. Inclusive, de acuerdo con la Ley Electoral los partidos y alianzas participantes en el proceso electoral también tienen derecho “de acreditar fiscales ante las instancias procesadoras de cédulas y las oficinas de cedulación y el de recibir la información que soliciten sobre el procesamiento de entrega, anulaciones y reposiciones de cédulas de identidad ”.
Pero nada de eso se respetó en la verificación electoral realizada el fin de semana pasado, como tampoco se ha respetado en el proceso de cedulación. Los miembros del Consejo Supremo Electoral no han reconocido esos derechos consagrados en la Ley para los partidos y alianzas de oposición que participan en el proceso electoral; los fiscales de la oposición que trataron de vigilar la verificación entrevistando a los ciudadanos en los alrededores de los centros de votación, ya que se les negó el derecho a hacerlo dentro de los mismos, fueron alejados por policías y activistas del FSLN, y en algunos casos hasta fueron agredidos físicamente. Sin embargo, Daniel Ortega dijo sarcásticamente en el momento y en la junta donde se verificó, que esa demostración de fuerza de su partido se hizo porque “el Frente Sandinista tiene todo el derecho de participar en estas verificaciones y nadie puede hacer escándalo”. Lo cual fue una tremenda desfachatez, porque a los partidos y alianzas de la oposición se les negó ese derecho de participar.
En realidad, la democracia electoral no existe ya en Nicaragua. El sistema democrático que comenzó el 25 de abril de 1990, se terminó el 10 de enero de 2007 cuando Daniel Ortega recuperó el poder gracias al pacto que hizo con Arnoldo Alemán y a la división del voto de los liberales en las elecciones de 2006. Lo que hay ahora en Nicaragua es un régimen político híbrido que existe también en otros países y algunos politólogos llaman “autoritarismo competitivo”. Se trata de un modo de gobierno que no es democrático, aunque lo aparente, pero tampoco es absolutamente autoritario. Es una situación en la que el campo de juego político entre el gobierno y la oposición es desigual, donde se realizan elecciones que formalmente son competitivas pero que de hecho y legalmente son manipuladas. Las elecciones libres y la no reelección consecutiva y por más de dos períodos, fueron dos grandes conquistas democráticas que ahora se han perdido o se están echando a perder.
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